Los piratas que operan en las costas somalíes y el Golfo de Adén son presentados por los medios de (des)información como los villanos de las historias que cuentan, mientras que la militarización en la región impulsada por Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE) es encumbrada, pues garantiza la protección de esas importantes rutas comerciales, por donde circulan cada año 20 000 buques.
Pero en esta historia también existen otros bandidos que hacen de las suyas en silencio, con la complicidad de las transnacionales mediáticas y sin que las potencias hayan levantado un dedo al respecto.
Desde el colapso del Estado somalí en 1991 con la caída del gobierno de Mohammed Siad Barre, la vida institucional del país es un caos total. No existen bancos que regulen una política monetaria para evitar la inflación, ni leyes que pongan un orden civil. Un ejemplo de la magnitud de la disfuncionalidad estatal es que el Ejecutivo ha entregado sus finanzas a una consultoría privada estadounidense para que las administre y tranquilice a los proveedores internacionales de fondos.
En medio de este vacío legal y de una guerra que se hace eterna y trajo consigo la desintegración de la fuerza naval y guardacostera nacional, numerosos barcos extranjeros han usado las aguas somalíes como un basurero para verter desechos tóxicos y nucleares, o han saqueado los recursos pesqueros (principalmente atún y langosta, muy codiciados en el Primer Mundo) durante 18 años, a través de la pesca ilegal, aprovechándose de que no existe una autoridad que regule sus faenas.
Otros operaban con licencias concedidas por los denominados «señores de la guerra», que en la década del 90 se disputaban el control del poder político y económico del país, por lo que los contratos eran ilegales, y los fondos que pagaban estas compañías pesqueras servían para mantener el conflicto.
Solo en 2005, en las aguas somalíes podían estar operando unos 800 pesqueros, según reportes de la High Seas Task Force citados por Somali Press Review, mientras que la FAO daba cuenta de 700 embarcaciones, y asegura que es imposible calcular el saldo total de su saqueo.
La ganancia que deja la pesca ilegal en Somalia está valorada en 450 millones de dólares anuales —cinco veces el valor de la ayuda humanitaria destinada a ese país—, pero de esa gran suma no sale un centavo para pagar impuestos ni para compensar a las comunidades pesqueras cuyo único sostén es esa actividad, fundamentalmente luego de las enormes sequías que ha sufrido ese país y que ha obligado a muchos somalíes a desplazarse al litoral costero (más de 3 000 kilómetros).
Entre los países que han estado a la cabeza de la pesca ilegal en la región desde 1991 se encuentran Italia, España, Grecia, Gran Bretaña, Corea del Sur, Japón y Taiwán.
Algunas compañías mafiosas como AFMET y SAMICO, que a su vez contaron con el asesoramiento técnico de las inglesas McAllister Elliot y Partners, tuvieron la autorización de varios «señores de la guerra» para conceder licencias de pesca. La empresa española Pescanova y el grupo francés Cobrecaf estuvieron entre las licenciadas por estos contratos entre ladrones.
Estos son los otros piratas, la otra parte de la moneda a la que no le da el sol… Mientras, poderosos barcos de guerra invaden el mar somalí, pretendiendo proteger el comercio internacional, pero sin defender los recursos marinos de esa nación africana.
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