Acuse de recibo
Arnielis Díaz Fernández (Calle 5ta. no.7, entre S y Río, reparto Buenos Aires, ciudad de Camagüey) cuenta que desde hace 21 años se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz de esa provincia. Y como tal, ansía solucionar una problemática que, en su consideración, ya rebasa los límites lógicos.
Señala que el 24 de enero del presente año se personó en el bufete de Servicios Especializados, sito en Calle E, entre 21 y 23, Vedado, en La Habana, para mandar a legalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores varios documentos, entre registrales y académicos. El trámite decidió hacerlo en la capital y no desde la ciudad de Camagüey, teniendo en cuenta la supuesta inmediatez de la primera vía.
Los documentos a legalizar eran tres certificaciones de nacimiento suyas, una certificación de nacimiento de su hermano Arliex Díaz Fernández y dos certificaciones de matrimonio de sus padres. Y también para él, el título de Doctor en Medicina Veterinaria, el de Máster en Diagnóstico Veterinario y el de Doctor en Ciencias Veterinarias.
El 8 de febrero, a través de la Sucursal Camagüey de la consultoría jurídica Internacional, solicitó legalizar por el Minrex dos antecedentes penales a su nombre. Y el 14 del propio mes, en el bufete de Servicios Especializados del Vedado, mandó a legalizar otros documentos que el 24 de enero, en su primer viaje, no tenía en su poder: una certificación de notas y un plan temático de la carrera de Medicina Veterinaria: una certificación de notas y un plan temático de Maestría en Diagnóstico Veterinario; y un chequeo médico.
En conversación vía WhatsApp con la abogada que le confeccionó el contrato, esta le explicó que los documentos académicos (títulos, planes temáticos, certificaciones de nota…), antes de enviarlos al Minrex, debían ir primero al Ministerio de Educación Superior para un supuesto proceso de verificación. Algo perfectamente entendible en su consideración.
La abogada también le indicó que los documentos registrales como certificaciones de nacimiento y de matrimonio, con código QR, su tránsito eran directo al Minrex. O sea, el proceso de legalización de estos era más expedito que sus similares académicos.
Y significa Arnielis que el costo total de solicitud y legalización de todos estos documentos asciende a 66 625 pesos, sin contar los gastos en especies timbradas (sellos).
El 18 de abril y el 7 de junio, refiere, la abogada le informó que había recibido legalizados sus títulos de Doctor en Ciencias Veterinarias y Doctor en Medicina Veterinaria, respectivamente.
«Hasta este momento que le escribo, puntualiza el remitente, no he recibido ninguna confirmación de legalización del resto de los documentos. Y dentro de pocos días se cumplirán cinco meses de la primera solicitud, el 24 de enero.
« ¿Cómo es posible que los únicos dos documentos ya legalizados sean académicos y no registrales, si es sabido que los primeros deben pasar antes por el Ministerio de Educación Superior, a diferencia de los segundos, que no llevan ese procedimiento?
«¿Cómo entender que yo deba de pagar una cifra de 66 625 pesos por un servicio tan ineficiente? ¿Cuántos meses más tengo que seguir esperando para tener mis documentos legalizados?», concluye Arnielis.
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