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Los caminos empedrados persiguen a Pedro Castillo

Sustituciones en el gabinete han evitado una debacle, pero la estabilidad en Perú todavía será un bien preciado

Autor:

Marina Menéndez Quintero

El cambio de gabinete a que ha sido obligado el presidente de Perú, Pedro Castillo, deja ver lo escarpados que siguen siendo sus caminos.

Lo preocupante es que la medida, en virtud de las amenazantes demandas de las bancadas de la derecha para que se dejara fuera al ex primer ministro, Guido Bellido, no sacien la sed de quienes quieren un gobierno descafeinado.

No existían reales argumentos para cuestionar a Bellido como no los hubo para forzar la renuncia del honorable excanciller Héctor Béjar antes; ni los había para cuestionar a Íber Maraví, titular de Trabajo también removido.

La derecha, con más empeño los partidos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) les ha achacado, básicamente, presuntos nexos o simpatías con la ya inexistente organización armada Sendero Luminoso, tachada de terrorismo.

También sabemos que «comunista» se ha convertido en apelativo satanizador en Perú desde la campaña electoral; y a todos se les tilda de tales.

Pero el pecado de aquellos ha sido pertenecer a una izquierda militante que, sobre todo en el caso de Bellido, ha reiterado el acompañamiento a Castillo para cumplir el programa de Gobierno. Se trata de un plan dedicado a los desposeídos que nada tiene que ver con la historia reciente de Perú, y que se propone combatir la antológica corrupción, en cuyas redes se han visto involucrados casi todos los expresidentes de los últimos 20 años.

Ya se le contemple como concesión o como salida necesaria para mantener la gobernabilidad —que fue la expresión usada por él—, la decisión de Castillo, materializada en la renovación de un total de siete carteras ha tranquilizado, de momento, las aguas agitadas del Parlamento. Pero no hay motivos para pensar que todo se resolverá sin más.

El mandatario sigue amenazado y, más que él, la democracia peruana.

La denominada vacancia presidencial, figura jurídica que encajó para sacar de la presidencia al corrupto Pedro Pablo Kuczynski pero que se aplicó, sin pruebas ni trámites suficientes, contra Martín Vizcarra en noviembre de 2020 —manejo sucio que sacó a las calles a la gente— planea también sobre el Presidente, y sigue advirtiendo sobre la posibilidad de un remezón golpista en voz de los legisladores de la derecha.

Se sabía que el de Castillo sería un mandato difícil, con un Congreso donde el partido que lo postuló, Perú Libre —agrupación que no para mientes al proclamarse marxista leninista— tiene la mayor cantidad de asientos pero sin llegar a la mayoría absoluta, pues no alcanza los dos tercios de los votos ni aún con la beneficiosa e inteligente postura unitaria que adoptó a su lado, desde la segunda ronda electoral, el partido Juntos por el Perú, de la joven Verónica Mendoza.

Castillo gobierna con un Parlamento dividido donde Perú Libre tiene 37 de los 130 diputados que forman el Congreso y, junto a otros partidos progresistas, hacen un total de 50. Pero las agrupaciones de la derecha ocupan 80 escaños.

Por demás, tampoco el Presidente proviene de las filas de la organización que lo ha postulado.

Con una hoja política limpia y casi en blanco, pues su vida social se ha desarrollado casi toda en el sindicalismo magisterial, el hoy mandatario no tenía partido cuando se abrieron las inscripciones para los comicios presidenciales pasados, y halló espacio para su candidatura en la luz larga y, si se quiere, el desprendimiento y sentido patriótico de Perú Libre, que supo ver en él a un hombre capaz de llenar las expectativas de las mayorías desposeídas, pues Pedro Castillo proviene de ellas.

Eso puede explicar la fragilidad que se advierte en los nexos entre ambos lados cuando Castillo decide que Bellido, miembro de Perú Libre, presente la renuncia, un paso que la dirigencia del partido no ha aplaudido y podría acarrear un mal peor si, finalmente, hubiese una fractura, pues no faltan miembros de fila que se sientan traicionados, a juzgar por sus mensajes en las redes sociales.

Por otra parte, se olfatea el peligro sobre el fundador y titular de esa agrupación política, el médico Vladimir Cerrón, quien no oculta su filiación revolucionaria y contra el que se tejen, hace rato, entuertos judiciales sobre acusaciones no probadas que podrían convertirlo en nueva víctima del lawfare, y debilitar el entorno de un ejecutivo sin experiencia, y todavía de estreno.

Cumplir

No se trata de que el bebé se fuera con el agua de la bañera. No ha habido siquiera un leve giro a la derecha en el accionar de Castillo, ni ello resulta ostensible, al menos, en la procedencia de los nuevos titulares.

La recién nombrada primera ministra, Mirtha Vásquez, repite en el cargo y procede de una coalición calificada de izquierda (el Frente Amplio); se ha juramentado a un militante de Perú Libre, y otro ministro está ligado a esa agrupación; un dirigente sindical magisterial fue incorporado al gabinete, así como una defensora de los derechos humanos, y un ingeniero químico que ha trabajado para una empresa privada.

Más allá de los mensajes tranquilizadores que envíen esos nombramientos a distintos sectores, el Presidente ha mostrado su compromiso con el programa gubernamental, mientras maniobra entre las presiones, manteniendo un difícil equilibrio para que la pasión de un maestro campesino proveniente de las montañas cajamarquinas no vaya a asustar a los de arriba.

Hace una semana, la proclamación de la segunda reforma agraria, como la llamó, dirigió la mirada al campo para cumplir la promesa de potenciar la agricultura comunitaria y familiar mediante la ayuda tecnológica. Eso sí: sin entregar nuevas tierras y sin expropiaciones.

Le quedan muchos desafíos a Castillo entre los derroteros que ratificó cuando recibió la banda presidencial, pero la proclamación de una nueva Constitución puede ser el lance más difícil.

Se trata también de la aspiración más profunda entre quienes le dieron el voto.

La demanda de una nueva Constitución emergió de la radicalización de las protestas que estremecieron el país en noviembre pasado. El hecho de que Castillo la abrazara durante su campaña, le ganó la credibilidad de los indecisos y desencantados, aquellos que no apuestan algo por la desprestigiada política tradicional.

Su concreción, sin embargo, está entorpecida por el artículo 206 de la actual Carta Magna y la composición mayoritariamente derechista del Parlamento.

Según ese postulado, cualquier reforma constitucional debe ser aprobada en ese propio Congreso por mayoría absoluta y ratificada en referendo, y no puede ser dictada por el Presidente de la República.

Para sortear este obstáculo pues las bancadas de derecha se oponen, Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el artículo e incluir la asamblea constituyente en el texto mientras, de forma paralela, recoge firmas para que se apruebe, de modo directo, la consulta popular.

Ha trascendido que decenas de organizaciones populares anunciaron su participación en la búsqueda de esas rúbricas y, aunque bastaría con 500 000, se proponen presentar cinco millones.

Pero todo habrá que hacerlo paso a paso. En primera instancia será necesario que el legislativo apruebe este nuevo gabinete ministerial, visto bueno que le fue negado al equipo precedente.

A poco de tomar juramento a los recién nombrados ministros, Castillo dio a conocer en la red social Twitter su primera y «fructífera reunión con el equipo ministerial en el que definimos: 1) el trabajo para el corto plazo, 2) el pedido del voto de confianza del #GabineteVásquez y 3) cómo articular de una mejor manera las acciones del Gobierno».

Y pese a todo, aseguró: «Avanzamos a paso firme».

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