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Tiene mucho criticable el denominado Plan de EE. UU. para la transición democrática en Venezuela, que acaba de dar a conocer Mike Pompeo; pero el problema principal radica en una pregunta obvia, de escalofriante respuesta: ¿y cómo lo irán a aplicar?
Está claro que el supuesto ofrecimiento del Secretario de Estado estadounidense de que Washington levantaría las sanciones a los venezolanos «si salen de escena» el presidente Nicolás Maduro y el autotitulado Juan Guaidó, implica una democión del Jefe de Estado bolivariano.
La «oferta» resulta tan injerencista como el resto de las acciones concebidas bajo la estrategia agresiva que ha recrudecido la administración Trump y augura actos violentos, pues ya hemos visto que aun bajo amenaza, el Presidente constitucional de Venezuela no renuncia.
Si fuera preciso, ya sabemos que los halcones acudirían al magnicidio, poniendo los drones o las armas en manos de otros. Y, aunque de momento parece algo distinto, los 13 puntos estampados ahora en el papel dejan claro que este plan lleva la misma dirección de dos acciones arteras conocidas los últimos días: el intento de infiltrar paramilitares desde Colombia para lo que se denominó asesinatos «quirúrgicos» (es decir, selectivos), que arrancarían por el del Presidente, y el irrespetuoso ofrecimiento hecho por el propio Pompeo de 15 millones de dólares a quien diera información para obtener su cabeza, junto a una acusación que les sirve para todo, en el manipulado sistema judicial global de estos días. Supuestamente, acusan, Maduro es un narcoterrorista.
En todo caso, destaca el afán de Estados Unidos de comprar voluntades por medio de traiciones en el alto mando bolivariano —que con tanta fidelidad sigue cumpliendo su rol como cuerpo militar que nace del pueblo y lo protege—, y de los principales funcionarios del ejecutivo.
Como parte del programa intervencionista según el cual se establecería un Consejo de Estado que convocaría a elecciones denominadas «libres» —entre otros 12 postulados— aparecen dos interesantes puntos bajo el subtítulo de Garantías.
Estas prometen mantener en sus puestos al «Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes» mientras esté vigente el supuesto gobierno de transición, y aseguran que seguirán también en sus puestos, durante ese lapso, las autoridades estatales y locales.
Primero ofrecen millones por «información», y ahora, garantías de integridad. ¿Puede hallarse algo más parecido al deseo de estimular las deserciones, la subversión y la traición?
En un interesante artículo, el colectivo online de Misión Verdad identificaba la oferta del dinero como «tercerización» de la ruta de la violencia armada, al parecer, finalmente escogida por esta administración para derrocar al ejecutivo venezolano. Y consideraba ese paso como «dramático e inédito» en las maniobras criminales emprendidas por EE. UU., con ese fin, hasta hoy.
En opinión de los autores, esa estrategia busca dejar la agresión en manos de paramilitares y contratistas, privatizando, de algún modo, la guerra contra Venezuela, con lo cual Washington se ahorraría el costo de una intervención directa.
Ahora, el supuesto plan contemporizador presentado el martes por Pompeo, resulta la guinda del envenenado pastel antivenezolano cocido en el Norte.
Se trata del corolario de una apuesta tan sucia como sucio es el modo de hacer política de Washington. ¡Ojo con un nuevo amago intervencionista!
