En medio de un panorama caótico, signado por la violencia y la inseguridad que dejó la guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra el régimen de Muammar Al-Gaddafi, los libios acudirán este sábado a las urnas para votar por una Asamblea Constituyente.
Ocho meses después de que hombres del Consejo Nacional de Transición (CNT) asesinaran a Gaddafi, con el apoyo de la Alianza Atlántica, este grupo, que posteriormente usurpó funciones de autoridad interina, ha sido incapaz o no ha tenido la voluntad para sacar a la nación norteafricana de la ingobernabilidad en la que siempre se hunden países víctimas de las guerras imperialistas.
Unos 2,8 millones de libios, de los 6,4 millones que conforman la población total del país, elegirán los 200 miembros del denominado Congreso Nacional General, destinado a redactar la nueva Constitución y que fungirá como Gobierno provisional, sustituyendo al CNT.
Según la comisión electoral, contenderán 2 501 candidatos independientes por 120 escaños de la Asamblea, y 1 206 miembros de partidos políticos lo harán por el resto. Para justificar esta distribución, las autoridades explicaron que así quieren evitar que un solo partido domine la futura Asamblea Constituyente. Sin embargo, ello no despeja los temores de algunos miembros del CNT y sectores laicos sobre el posible dominio de partidos con orientación islamista, pues la mayoría de los candidatos han enarbolado la Sharia (ley islámica), y han inscrito en la contienda a muchos otros políticos como independientes. A ello se suma que esta fuerza se ha coronado en Túnez y Egipto, países también arrastrados por la denominada Primavera árabe.
La prohibición a los partidos políticos de obtener ayuda financiera del extranjero y de establecer vínculos con partidos de otros países, prácticamente inaplicable, apunta esencialmente a los Hermanos Musulmanes, que según organizaciones rivales mantienen contactos con representantes de la institución en Túnez y Egipto.
Dos de las agrupaciones que más destacaron en la campaña electoral que cerró el jueves, fueron los islamistas Partido de la Justicia y de la Construcción (PJC), una rama de los Hermanos Musulmanes, y el Al Watan, del ex jefe militar de Trípoli Abdelhakim Belhaj, quien se encontraba en la lista de terroristas más buscados de Estados Unidos, y tiene vínculos con la desestabilización en Siria.
Aunque muchos presentan los comicios como un primer paso para establecer un nuevo sistema político y guiar la nación hacia la constitucionalidad, es cuestionable su realización en medio del temor de que la nación sucumba nuevamente en una guerra civil.
El principal escollo que enfrenta el proceso es el desacuerdo de los habitantes de Cirenaica, quienes consideran injusta la distribución de los 200 escaños que tendrá el órgano constituyente. Según el reparto de cuotas, a esta región oriental —la más rica en petróleo y donde se encuentra Bengazi, cuna de la revuelta contra Gaddafi— le asignaron unos 60 puestos, mientras la occidental Tripolitana contará con cien y la meridional Fezzan, 40.
Por ello, en señal de descontento y protesta, el autoproclamado Consejo Autónomo de Cirenaica, cerró el jueves dos puertos de producción petrolera próximos a Bengazi. Se trata de un golpe sensible para un país cuya principal fuente de ingreso (75 por ciento del presupuesto estatal) son los hidrocarburos. También defienden ahora, con mucha más fuerza, sus llamados al federalismo, lo cual es rechazado por Trípoli.
A ello se suma el desafío de las milicias armadas —según cifras conservadoras aglutinan a 50 000 hombres— que dotados de grandes arsenales han construido sus propios feudos y no están dispuestos a perder esa cuota de poder territorial. Así, controlan el país, se pelean entre sí, y amenazan con poner en jaque el cuestionado proceso de transición y la enclenque seguridad regional. Para colmo, les respalda una ley de inmunidad judicial.
Libia necesita mucho más que elecciones para salir del pantano en que la sumergió la OTAN.
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