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Embajada de México en Bolivia Autor: Russia Today Publicado: 24/12/2019 | 10:39 am
La Paz, diciembre 24.— La vigilancia extrema en torno a la Embajada de México aquí se volvió a incrementar, luego de que el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, informara que la «vigilancia extrema» había aminorado considerablemente.
Poco después, sin embargo, un mensaje en la red social Twitter de Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, dio cuenta de que «en el transcurso de las últimas horas, se ha vuelto a incrementar el hostigamiento policial en nuestra embajada en La Paz».
«Seguiremos denunciando el acoso a nuestros recintos diplomáticos y exhibiendo las violaciones al Derecho Internacional en Bolivia», dijo el mensaje, acompañado de fotos donde se ven autos y efectivos policiales en el entorno de la legación diplomática mexicana.
Un comunicado de la SRE, el lunes, había dado cuenta de la vigilancia extrema, mientras reportes de medios alternativos en la web, advertían acerca de un inminente ataque a la instalación diplomática, donde se encuentran, en calidad de refugiados, un grupo de dirigentes o excolaboradores o miembros del Gobierno depuesto de Evo Morales.
«Había una situación violatoria del Derecho Internacional, al derecho de asilo, a las convenciones para proteger al personal de la Embajada y quienes habitan ahí», dijo López Obrador en su conferencia matutina este martes, cuando comentó que la vigilancia era menor.
Sin embargo, la presencia policial se volvió a incrementar después, según las fotos publicadas en la red social Twitter por Guadarrama.
No obstante, en declaraciones que publicó el sitio web El Digital, el comandante de la policía en La Paz, William Cordero, negó que existiera «acoso» a la Embajada mexicana y señaló que más bien esa legación diplomática «debería entregar a las personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y se encuentran en sus instalaciones».
Cordero dijo que entre las personas que se amparan en la Embajada de México se encuentran los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca, además de otros servidores públicos del Gobierno del expresidente Evo Morales.
Según el diario El País, los funcionarios mexicanos denuncian que las fuerzas bolivianas han seguido a sus vehículos, les han hecho revisiones inusuales y les han cuestionado con insistencia sobre las agendas oficiales y personales de los empleados de la Embajada.
El vehículo de la embajadora Mercado también fue revisado de forma irregular, aun cuando lo prohíbe el derecho internacional, ha reclamado la Cancillería mexicana en una carta enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, 150 elementos policiales y de inteligencia adscritos al Ministerio boliviano del Interior, algunos fuertemente armados, rodean también la residencia oficial de México en La Paz.
Entretanto, una delegación del Parlamento del Mercosur (Parlasur) constató en Bolivia el asesinato de 32 personas y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno de facto instalado tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales, el pasado 10 de noviembre.
En una sesión del Parlasur, con sede en Montevideo, Uruguay, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del organismo regional, Cecilia Merchán, divulgó el informe de las actividades realizadas por la comisión durante su estancia en Bolivia los días 27 y 28 de noviembre pasado.
«La delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos concretó una nutrida agenda durante los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia luego de los sucesos que se constituyeron como un golpe cívico-militar y de acuerdo al mandato aprobado en la Declaración 64/2019 por el pleno del Parlamento del Mercosur», detalló la diputada, según reportó Telesur.
Merchán reveló que sostuvieron reuniones con todos los bloques políticos, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, que fue la que recibió la mayor cantidad de denuncias, y mantuvieron contacto directo con los testimonios de las víctimas.
«Hemos constatado el asesinato de 32 personas con armas de calibre grueso, más de 800 personas heridas, entre ellas una niña. Han habido detenciones arbitrarias, así como quema de casas, torturas y vejaciones públicas», indicó la diputada del Parlasur.
