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Dignorah Blasa Navarro Sarría, diputada por Cienfuegos. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 25/10/2020 | 12:26 am
A partir de este lunes, y cumpliendo con las medidas sanitarias por la COVID-19, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) tendrán importantes asuntos en su agenda, que serán discutidos de manera virtual.
Se desarrollarán así las jornadas previas al 5to. período ordinario de sesiones de la ANPP en su 9na. Legislatura, en la que se analizarán, entre otros tópicos, cuatro proyectos de leyes destinados a fortalecer la institucionalidad en el país.
JR dialogó sobre la experiencia de la actividad legislativa en tiempos de pandemia con diputadas y diputados de cinco provincias que son también delegados de circunscripción.
El poder, en el pueblo
La guantanamera Idaliena Díaz Casamayor, de 31 años, no desdeña la manera en que antes de la COVID-19 se presentaban y discutían los asuntos que posteriormente eran objeto de debate y aprobación en las sesiones de la ANPP, pero estima que la nueva práctica no implica obstáculo alguno para ese proceso.
«Las videoconferencias, además de no limitar la participación, permiten escuchar a diputados de todo el país», opina esta delegada de la circunscripción 86, en el barrio Sur-Hospital, y vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Guantánamo.
«Como delegada me pareció importantísima la presentación y el debate de la Ley de Revocación, y tenemos que aplicar cuantas variantes sean necesarias para que los electores la conozcan, estudien y opinen, pues se trata de una demostración de que el poder sigue radicando en el pueblo, y este tiene suficiente madurez para elegir a sus representantes y la posibilidad de revocarnos si no cumplimos su mandato». 
Idaliena Diaz Casamayor, diputada por Guantánamo.
Tal criterio comparte Yalennys Bustamante Bombino, de 33 años, la representante más joven por Ciego de Ávila a la ANPP, quien trabaja en la comercializadora Axel (de la Empresa Provincial de Transporte) y lleva dos mandatos como delegada de la circunscripción 93, en el consejo popular Centro del pueblo.
El citado proyecto precisa en qué consiste la revocación y como se puede aplicar a todos los cargos, desde el Presidente hasta el último delegado, lo cual da al pueblo «la garantía de saber cómo actuar y ante qué situaciones. Esto respalda la posibilidad de contar con representantes merecedores de la confianza de los ciudadanos por sus cualidades y actuación revolucionaria», puntualiza la joven.
Dalia Aguiar González, diputada por el municipio de Venezuela y delegada de la circunscripción 26 en el consejo popular Simón Reyes, agradece que los documentos a debatir tengan una redacción «muy clara y precisa».
«En el municipio hemos pasado por una situación muy difícil con la COVID-19, y el hecho de que nuestros diputados se reúnan es una señal de la disposición del Gobierno a funcionar en medio de situaciones complejas», valora.
Para ella la posibilidad de una ley para la revocación de mandatos «brinda la oportunidad al pueblo de asegurar el verdadero ejercicio de las funciones de personas con responsabilidades de dirección y representatividad en los
distintos órganos y niveles de Gobierno. Personalmente, ese proyecto lo veo como una garantía de preservación de nuestra sociedad», afirmó.
«Tras las transformaciones en la dirección del Estado, contar con una ley para pautar su funcionamiento me parece algo importante», dijo también, en referencia al Proyecto de Ley del
Presidente y Vicepresidente, uno de los más debatidos por la población en el sentido de cómo se eligen y el tratamiento que deben llevar estos cargos.
Similar tranquilidad refiere Dignorah Blasa Navarro Sarría, presidenta del consejo popular Tulipán, en el municipio de Cienfuegos, quien elogió además el proyecto de Revocación porque, aunque existía un antecedente legal sobre el cese de funciones, la nueva ley es más explícita.
Navarro Sarría se refirió además al proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, documento sin antecedentes jurídicos, y ponderó el valor de la participación popular en el proceso de su discusión.
Su coterránea Marlene Bárbara Curbelo de la Rosa, trabajadora de la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos (Epicien), delegada y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, asegura que Cuba vive una etapa trascendental, única: «El proceso legislativo cubano no se ha detenido ni en circunstancias excepcionales, dando cumplimiento a lo regulado en la Constitución».
Todas las voces
El actual proceso legislativo ha llevado una preparación profunda, porque no todos los diputados tienen formación jurídica. La dirección de la ANPP contribuye con un programa que permite dominar las estructuras y aspectos generales de las leyes mediante cursos como el que imparte la Universidad de Matanzas, con profesores de la carrera de Derecho.
«Los diputados tenemos una responsabilidad mayor porque nos corresponde el proceso final de aprobación de todas las leyes», comenta Luis Martínez De Armas, delegado de la circunscripción 85 del poblado costero de Boca de Camarioca, en Cárdenas, Matanzas, y afirma que también se escucha al pueblo en cada paso del ordenamiento jurídico.
Luis Martínez De Armas, diputado por Cárdenas, Matanzas. Fotos: Archivo JR
El también subdelegado del Ministerio del Turismo (Mintur) en la provincia de Matanzas explica que todos los documentos son de carácter público y se han elaborado por una comisión de expertos, pero de cara a la sociedad, con posibilidad de que el pueblo opine mediante mecanismos creados para esos fines.
Marianela Ortega Socorro, delegada de la circunscripción 52 de la localidad de Alacranes, en el municipio matancero de Unión de Reyes, afirma que, al fortalecerse en su base jurídica, el país «puede tener un mejor funcionamiento, y más proyecciones».
Así piensa también el diputado pinero Liván Fuentes Álvarez, delegado de la circunscripción 76 del poblado Atanagildo Cajigal y presidente de la Asamblea Municipal de Isla de la Juventud: «Agradezco en primer lugar la oportunidad de estudiar previamente los documentos, ya que con nuestras opiniones contribuimos a que el resultado tenga la madurez, profundidad, integralidad y calidad necesarias.
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«En Isla de la Juventud involucramos a profesionales de Derecho de la universidad local para aclarar dudas y conocer los términos jurídicos. Este tipo de ejercicio es una autopreparación y capacitación colectiva perfecta», aseveró.
También reconoce la oportunidad de comprender el alcance de la política del país en cuanto a la elección de nuestros líderes y el funcionamiento del Consejo de Ministros, para administrar mejor y más eficientemente los recursos en pos del desarrollo económico y social del territorio, y para mejorar la gestión de los delegados de circunscripción en el entorno comunitario. Dignorah Blasa Navarro Sarría, diputada por Cienfuegos.
Liván Fuentes Álvarez, diputado por la Isla de la Juventud.
