Abrir cauce a los jóvenes

Dentro de unos meses muchos jóvenes dejaremos atrás la rutina diaria de las clases, la de compartir en un aula determinadas materias, la de pensar en seminarios, tareas pendientes y el futuro por venir… Descubriremos entonces otro universo, una nueva etapa de nuestras vidas: la del mundo laboral.

Coincidentemente, cuando ello ocurra estaremos a las puertas de un nuevo Código de Trabajo. La discusión de su Anteproyecto se convirtió en otra experiencia de construcción democrática y participación a la que por vez primera se enfrentaron miles de jóvenes del país.

Serán jóvenes quienes asumirán un Código también joven, que ha despertado los más diversos debates desde que se puso a consideración de los trabajadores a mediados del pasado mes de julio.

Desde su mismo inicio la norma legal en discusión prioriza la inserción y permanencia en los centros laborales de los jóvenes, así como la responsabilidad de las instituciones con relación a su adiestramiento y los derechos a la sindicalización, aun cuando los más nuevos puedan estar vinculados a formas de trabajo no estatal.

Y es que el derecho fundado por la Revolución traspasa el marco laboral, afirma Antonio Raudilio Martín Sánchez, Máster en Derecho Laboral y Seguridad Social y uno de los especialistas consultados para la elaboración del Anteproyecto.

El reconocido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana añade que hay instituciones jurídicas como el servicio social, la reducción del tiempo del servicio militar voluntario, la orden 18, la continuidad de estudios y la formación profesional, que dan atención a este importante segmento de la sociedad.

«En estos momentos hay una incorporación de noveles en las nuevas formas de gestión de la economía y ello me parece bien, son retos que deben asumir. Las transformaciones que vive el país deben servir, en primer lugar, para que les den las condiciones de realización profesional, para que logren a través de su esfuerzo e iniciativa su proyecto de vida, y de ello depende en gran medida el futuro.

«El nuevo Código también respalda estos presupuestos y ofrece la debida protección legal. Hay muchas expectativas con esta norma, sobre todo, en aquellos colectivos de gran presencia de fuerza laboral juvenil. No olvidemos que la discusión pública de una legislación de este rango normativo enriquece los conocimientos y crea condiciones subjetivas para el desarrollo de las fuerzas productivas», agregó.

Una realidad tangible

Martín Sánchez, quien por más de 40 años ha estudiado las relaciones laborales desde diversas aristas, asevera que la necesidad de hacer un Código de Trabajo nuevo en Cuba es una realidad tangible, que se expresa en los 28 años de vigencia del anterior.

«El actual, cuando se confeccionó en la década de los 80, partió de un escenario distinto, donde casi el 99 por ciento de las relaciones laborales y los medios de producción eran estatales. Desde entonces hubo necesidad de hacerle sucesivas modificaciones.

«Además, todo el marco referencial del modelo para su elaboración fue la URSS y el campo socialista, sin olvidar otras experiencias, y los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Cuba y que ahora también se tienen en cuenta. Ese Código tuvo que superar muchos obstáculos para lograr el consenso que permitiera su aprobación. Viéndolo a la distancia de 28 años, nos percatamos de que muchas cosas debieron ser distintas, pero fue el mejor resultado en aquellas condiciones.

«En la última década ocurrieron cambios importantes en la gestión de la economía cubana, con nuevos actores sociolaborales como las cooperativas no agropecuarias, el trabajo por cuenta propia, arrendatarios; se han entregado tierras en usufructo…, de manera que resulta coherente la renovación de las disposiciones que rigen el ámbito laboral en el país».

Según el reconocido profesor, en la actualización de un código no existe una regla fija. «Las relaciones laborales son las más cambiantes en el mundo jurídico y están sujetas a más presión y variación por los cambios que también experimentan las economías de una nación.

«Las reformas esenciales que hicieron en materia laboral otros países en los años de la década de los 90 fueron inspiradas en la idea neoliberal de suprimir derechos, de facilitar el camino al capital transnacional, y en ese sentido ha habido un retroceso.

«Hoy los puntos de referencia de nuestro Código están en el entorno latinoamericano. Naciones como Venezuela y Ecuador muestran experiencias recientes de legislaciones emblemáticas referidas al trabajo. La Nueva Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, y la de Ecuador, hacen aportes sustanciales en técnica jurídica, argumentación doctrinal, derechos otorgados. También para el llamado sector no estatal se encuentran soluciones atinadas e ideas novedosas, como la prohibición de la tercerización en el empleo», acotó.

—¿Por qué el país mantiene la autorización del empleo con 15 años, aunque sea de manera excepcional? ¿Qué implicaciones puede tener ese postulado con lo establecido en el mismo Anteproyecto acerca de la prohibición del trabajo infantil?

—El país programa la autorización del empleo con esa edad porque hay adolescentes que por razones múltiples, como retraso escolar o problemas familiares, abandonan el estudio, y es más beneficioso para ellos y su familia tener la posibilidad de acceder a un empleo, que nada tiene que ver con el trabajo infantil explotador.

«Este es un empleo que tiene condiciones especiales para realizarse. Además, está evaluado por una autoridad, que es la Dirección Municipal de Trabajo, lleva una serie de requisitos, como exámenes médicos, certificación de estado de salud, entre otros. Además, se requiere de la aprobación de los padres o tutores. Este tipo de empleo se acondiciona a las características de cada uno para que logren una mejor preparación, adaptación a la vida laboral y el desarrollo de su formación profesional.

«Es una respuesta positiva de la sociedad y el Estado a este segmento de jóvenes. El trabajo infantil responde a una estructura económica del Tercer Mundo, donde es normal que los niños de diez y 12 años trabajen y se ganen la vida. Esa realidad nada tiene que ver con la nuestra. En Cuba jamás volveremos a ese trabajo infantil explotador».

—Se plantea que la jornada de trabajo de los jóvenes de 15 y 16 años no puede exceder de siete horas diarias, ni las 40 semanales, y no se les permite laborar en días de descanso, salvo que el trabajo se realice por motivos de excepcional interés social o fuerza mayor. ¿Quién decide este último aspecto?

—Los motivos de excepcional interés social o fuerza mayor de un trabajo lo deciden las circunstancias que se den en él. Por ejemplo, cuando existe un desastre climatológico como un ciclón. Ahí hay una situación excepcional. Otras están relacionadas con que una empresa, por su labor o determinado proceso de producción, necesite un apoyo vital. Siempre es la dirección de la empresa con el sindicato quienes deciden esto.

—En el caso de la idoneidad pide experiencia y conocimientos demostrados en el resultado de su trabajo. ¿No afectan esos presupuestos especialmente al sector de los jóvenes?

—Aunque parece una contradicción no es tan así, porque las nuevas generaciones tienen una medida de garantía que es el servicio social, donde al egresar de los centros educacionales tienen asegurado un empleo que les garantiza esa etapa, en que se necesita un adiestramiento pues se vinculan por vez primera al trabajo.

«Lo de la experiencia y conocimiento no es algo que sea contra los jóvenes, sino un medidor para todos. Las personas mayores también pudieran decir que la idoneidad demostrada, cuando llevan muchos años de trabajo, puede ser un medidor exigente, ya que pueden perder alguna habilidad.

«Esta idoneidad, cuando apareció en el Código del 85 no tuvo aplicación inmediata. En los 90 se le puso el apellido de “demostrada”, y en los últimos años ha sido rasero para declarar disponibles en numerosos centros de trabajo, en un proceso que no ha dejado de resultar traumático para quienes llevan muchos años empleados. Pero es una regla para todos».

—¿En un país que ha anunciado que están sobrecargadas las plantillas en los centros laborales y que ha tenido que iniciar un proceso de disponibilidad, por qué se mantiene el servicio social, sobre todo para los egresados de la Educación Superior?

—El Estado prevé esta centralización del empleo y esta categoría porque los jóvenes van a cumplir un deber, tienen un período profesional y de capacitación que les permite salir al mercado laboral con cierta preparación. Si quitamos el servicio social, ¿cómo saldría ese joven al mercado? Es una protección especial para ellos.

«En el caso de los politécnicos, el Anteproyecto plantea que solo cumplen el servicio social los que en correspondencia con la demanda de fuerza de trabajo calificada son asignados a una entidad al graduarse, está más relacionado con que estos tienen mayor vinculación con la práctica desde el estudio de sus profesiones. Por lo tanto tienen mayor posibilidad de pasar directamente a un adiestramiento laboral sin cumplir ese período».

—La propuesta legislativa tiene como novedad la inclusión de los trabajadores del sector privado, a raíz de las nuevas medidas adoptadas. Pero, ¿deben diferenciarse los derechos y deberes de quienes trabajan según lo hagan en el sector estatal o privado?

—No debiera ser así. Deberían tener los mismos derechos y responsabilidades todos los trabajadores, no importa en qué forma de gestión se desempeñen. En el caso de Cuba se hace así porque el sector privado no está desarrollado en todas sus potencialidades, tanto en su concepción como en la figura de ese tipo de empleador. Es como un período de tránsito que justifica que existan diferencias a la hora de regular.

—La nueva propuesta de ley estipula que el trabajador solo podrá estudiar utilizando su tiempo libre y las vacaciones acumuladas, algo que difiere del anterior Código y muchos pudieran pensar que implica una renuncia a la superación…

—No hay una renuncia sino una interpretación distinta de la realidad. En la década de los 80 no teníamos tantos graduados de la Educación Superior y hoy están en todas partes. Muchos han migrado a otros sectores y otros no ejercen su profesión. Existe una alta calificación que no justifica que la gente vaya a estudiar trabajando.

«No se renuncia a la capacitación, siempre habrá un adiestramiento y cursos en las empresas. Lo que hay es un cambio en esta concepción para estudiar empleando el tiempo libre y las vacaciones. Estamos en otro momento histórico y en los 80 muchos estudiamos por la noche luego de una jornada de trabajo, y las personas tenían esa impronta».

—Un cambio que llama la atención es que se «flexibiliza» la jornada laboral de ocho horas hasta nueve. ¿Podría significar ello un retroceso con respecto a la conquista internacional de los trabajadores de la jornada laboral?

—No, sino que facilita que puedan existir jornadas distintas aprobadas por los jefes de las entidades y organismos, pero siempre que haya un promedio de 44 horas semanales, y sin que se violen las normas básicas.

—¿El papel de los sindicatos en el Estado Socialista debe ser más activo que lo propuesto en este documento?

—En Cuba están creadas las garantías para un excelente desempeño del sindicato. Es un problema de la práctica que se logre más o menos. Está en la impronta y el dinamismo que le impriman sus líderes, y en comprender que tanto en el socialismo como en el capitalismo el sindicato es esencial.

«No existe una contrapartida y una colaboración mejor para la administración que el sindicato, pero en su funcionamiento hay que romper esquemas. Las reuniones no pueden ser apáticas, formales… pierden sentido al discutirse temas recurrentes que no siempre tratan los intereses del colectivo. Hay que empezar a discutir desde abajo, no acatar las cosas desde arriba».

—¿Qué piensa con respecto a la solución de conflictos y cómo se refleja ese aspecto en el Anteproyecto discutido?

—Sé que esta institución despierta muchas polémicas, empezando por los Órganos de Justicia Laboral de Base, que deben mantenerse, y son de gran ayuda para que muchos litigios, sobre todo disciplinarios, queden resueltos en los propios centros laborales y los más trascedentes lleguen al Sistema de Tribunales.

«El Anteproyecto nos da la oportunidad de rectificar algunos errores. Hoy en lo judicial se dan dos momentos importantes, en el Tribunal Municipal y en la Sala del Supremo, pero nos falta el eslabón de la segunda Instancia. Al no existir, se recarga la Sala de la máxima Instancia. La Segunda Instancia se encargaría del recurso de apelación y de rectificar las causales del Procedimiento de Revisión, que actualmente son muy abiertas, y en la práctica lo convierten en recurso de apelación encubierto. Hay elementos para ello y no debe perderse esta oportunidad para situar las cosas en su lugar. Esa es una aspiración del sector jurídico».

—¿El Estado tiene la responsabilidad de promover las políticas que garanticen empleo a todos?

—Más que tener responsabilidad y velar por la existencia de posibilidades de trabajo para sus ciudadanos, el Estado debe facilitar y promover el trabajo. La situación del país ha llevado a un redimensionamiento en muchos sectores y por lo tanto hay lugares donde sobra o falta personal.

«Todavía no aprovechamos todas las posibilidades que tiene el sector no estatal para generar empleo, pero la empresa estatal socialista tiene que ser el centro del empleo del país».

—¿Cómo valora la amplia discusión que ha tenido el Anteproyecto?

—Si bien el ordenamiento jurídico de cada país debe responder a condiciones concretas de la realidad, lo cierto es que usar buena técnica jurídica, argumentación doctrinal y formas de interpretar, no hacen onerosa la legislación y ayudan a la mejor solución de los problemas.

«El Anteproyecto se discutió mucho. Las numerosas propuestas realizadas en su primera versión indican que hubo un gran debate, que suma y actualiza. Es una muestra más de la voluntad del Estado para que al final quede conformado un documento que responda a los intereses e inquietudes de los trabajadores y empleados, además de ajustarse a las exigencias actuales de la nación con una ley laboral más perfecta y justa».