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De izquierda a derecha, Eduardo Tomé Consuegra, vicepresidente del Consejo de Administración Provincial de La Habana; Bárbara Acosta Machín, viceministra del Mincin; José Puentes Nápoles, director de Comercialización del Minag; Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Minag; Roberto Pérez Pérez, jefe de Grupo de Política Agroindustrial de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo; y Silvio Gutiérrez Pérez, director de Precios del MFP. Foto: Roberto Suárez Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:41 pm
Las nuevas formas de comercialización de productos agropecuarios aprobadas para las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque no pueden verse como un paso aislado, sino como otra expresión de la voluntad del país de levantar su sector agrícola, sin la eficiencia del cual, como ha subrayado Raúl, no habrá reactivación económica nacional.
Esta última decisión llega tras las más de 14 políticas aprobadas después del VI Congreso del Partido para estimular ese propósito.
El mismo día que la Gaceta Oficial de la República publicó los detalles, tuvo lugar este miércoles una conferencia de prensa en el Ministerio de la Agricultura (Minag) para intercambiar experiencias con periodistas de los medios nacionales acerca del Decreto número 318 del año 2013 —alusivo a la comercialización de productos agropecuarios en La Habana, Mayabeque y Artemisa—, y la Resolución número 673 del Ministro de la Agricultura, también del presente año, la cual aprueba el objeto social de las cooperativas agropecuarias.
Al referirse al Decreto número 318, José Puentes Nápoles, director de Comercialización del Minag, expresó que el mismo forma parte de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (en particular el 181 y el 183), así como de los acuerdos del Décimo Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en particular el número 35.
Puentes Nápoles recordó que el Lineamiento 183 plantea transformar el sistema de acopio y comercialización de las producciones agropecuarias mediante mecanismos de gestión más ágiles que contribuyan a reducir las pérdidas, al simplificar los vínculos entre la producción primaria y el consumidor final, incluyendo la posibilidad de que el productor concurra al mercado por sus propios medios.
Igualmente el Director de Comercialización del Minag retomó el contenido del Lineamiento 181, el cual plantea adecuar la producción alimentaria a la demanda y la transformación de la comercialización, elevar la calidad y exigencia de los contratos para que las partes cumplan sus obligaciones, limitar la circulación centralizada a aquellos renglones vinculados a los balances nacionales, al tiempo de otorgar un papel más activo a los mecanismos de libre concurrencia para el resto de las producciones.
Al abordar las principales modificaciones que aparecen en el Decreto número 318, el directivo mencionó que se libera, para la base productiva, la comercialización de los productos agrícolas luego de que esa base haya cumplido sus compromisos contractuales con el Estado.
Otra arista novedosa, explicó Puentes Nápoles, es que el Decreto No.318 «permite vincular directamente a las unidades productoras con el abastecimiento a los mercados, para que estas participen en mayor medida de los precios minoristas».
El contenido del Decreto posibilita, además, que los centros del consumo social, además de recibir sus productos agrícolas del modo tradicional, puedan adquirirlos en la red de establecimientos mayoristas y minoristas, a precios por acuerdo, teniendo como límite el presupuesto aprobado para estos fines en el año fiscal.
Lo aprobado en el Decreto 318, según comentó José Puentes Nápoles, también autoriza la organización en la capital de mercados mayoristas de abasto, donde puedan concurrir los compradores estatales y los no estatales para adquirir productos agrícolas a precios por acuerdo.
En este diseño, añadió, todos los mercados se ponen en igualdad de condiciones, y se reconocen las nuevas figuras de trabajadores por cuenta propia, ya aprobadas, como son el comercializador mayorista, y el comercializador minorista de productos agropecuarios.
Asimismo se reordena el transporte vinculado a la comercialización de productos agropecuarios, lo cual ofrece la posibilidad a las unidades productoras de arrendar camiones para la comercialización, y se establece la venta sin subsidio de los envases a los productores.
Cada cual a lo suyo
Roberto Pérez Pérez, jefe del Grupo de Política Agroindustrial de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, explicó que el objetivo de este experimento es que al eliminarse todas las trabas que hay desde la salida del producto hasta el mercado, los beneficios redunden en el consumidor y en el productor, para que este se sienta estimulado a continuar produciendo de manera eficiente y los precios puedan bajar.
Reconoció que existen productores que se ven afectados por las dificultades que crean las barreras para poder vender sus cosechas, después de lograrlas con mucho esfuerzo, debido a la falta de recursos o la llegada de estos a destiempo.
Estimó que además de los problemas objetivos que existen con insumos, envases y transporte, entre otros, también existen todos los fenómenos que entorpecen el proceso de la producción, entre estos la imposibilidad de no contar todavía con un mercado para comprar los insumos que se necesitan para lograr producciones eficientes.
Valoró el asunto de la producción y comercialización de muy complejo, por lo que debe analizarse en forma de sistema. Consideró que estas medidas que se adoptaron, por sí solas no resolverán todos los problemas, pero son parte del proceso que se viene implementando para perfeccionar el sistema agroalimentario.
Recordó que como parte de un tratamiento sistémico al sector se han venido adoptando medidas desde 2011, como la venta directa de las bases productivas al Turismo, entre otras.
«Aunque en 2013 los resultados serán superiores en casi todos los renglones de la agricultura, todavía el potencial de las medidas adoptadas no se ha develado, pero se han demostrado discretas mejorías», aseguró.
Con esta experiencia debe ocurrir lo mismo, según el directivo. La cercanía entre el productor y el cliente permitirá que los precios pactados sean más racionales y justos, y que se aproximen a los gastos reales que tuvo el productor en todo su ciclo productivo.
Recordó que otras medidas que son parte de la eficiencia que queremos lograr han sido la entrega de tierras en usufructo y las 17 medidas aplicadas a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) para ponerlas en igualdad de condiciones para producir.
«Antes de las medidas estipuladas, la UBPC era casi una extensión de la empresa estatal. La aplicación de las medidas han ido creando las condiciones para que estas puedan sufrir transformaciones más fuertes. Esta que hoy se discute es una de ellas. A partir de ahora, una vez cumplidos sus contratos con el Estado, todas las cooperativas podrán relacionarse libremente sin mediador alguno; pueden venir a vender directamente al mercado, podrán comercializar directamente con los hospitales y escuelas, así como con otros organismos del consumo social. Además podrán arrendar un mercado y poseer un punto de venta. Se les han ofrecido facilidades para que puedan aumentar su producción y participen de las facilidades de los precios minoristas», acotó.
Roberto Pérez explicó que en la Isla de la Juventud se está llevando a cabo un experimento, el cual forma parte de este proceso de liberación de ataduras de la productividad y los rendimientos en el campo. La experiencia consiste en facilitar el acceso a todos los insumos necesarios, a precios sostenibles, para producir con rendimientos también sostenibles.
«Con las medidas que se están tomando y las que se irán implementando, haremos que el sector agropecuario se parezca a lo que necesitamos. Los rendimientos que hoy tenemos no son competitivos en ninguna parte y esa realidad tenemos que transformarla sin apresuramientos, pero con firmeza», subrayó.
Por su parte Silvio Gutiérrez Pérez, director de Precios del Ministerio de Economía y Planificación, al abordar la relación que puede existir entre la eliminación de las trabas que propicia el Decreto No. 318 y el descenso de los precios al consumidor minorista, manifestó que resulta apresurado asegurar que bajarán de inmediato.
«Los precios en el mercado mundial se han incrementado. Hay una tendencia alcista de los alimentos y ese es un factor que se debe tener en cuenta como una perspectiva lógica. Pero si liberamos la comercialización y la diversificamos, como se hará ahora en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, eso irá eliminado el monopolio de los precios y estos deberán descender progresivamente».
Consideró necesario también identificar cuáles son las trabas en la esfera de la circulación y atacar sus causas. Dijo que con estas medidas estamos luchando contra la monopolización de los precios y los productos, al haber diferentes actores para comercializar, pero faltan acciones por implementar, sobre todo para estimular a los que tienen la difícil tarea de trabajar en el surco, para que la producción se incremente y los precios decrezcan.
«Lo que debe ocurrir de manera general con los precios es que subirán y bajarán en determinado momento, de acuerdo a los rendimientos agrícolas y a la existencia de los productos».
La participación más directa de los productores en la comercialización permitirá que los precios se acerquen un poco más a los gastos reales de ellos en todo el proceso productivo», reconoció.
Objeto social flexible
Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Ministerio de la Agricultura, explicó la Resolución 673 de 2013 del Ministro del ramo, también publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, la cual regula la actualización de los objetos sociales de todas las cooperativas agropecuarias del país: las de Crédito y Servicios, Producción Agropecuaria y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
El directivo significó que la misma tiene un alcance nacional, y regula y actualiza la producción, comercialización y prestación de servicios que realizarán estas bases productivas.
«Lo novedoso de esta regulación es en primer lugar que establece un objeto social general, por tratarse de una sola resolución para todas las cooperativas.
«Además introduce que las cooperativas no solo podrán producir y comercializar sus propias producciones, sino que también podrán comercializar las producciones que les compren a otras similares y a usufructuarios vinculados a estas, u otro agricultor pequeño», aclaró.
Otro aspecto esencial —explicó— es que la Resolución asegura aspectos de la implantación del Decreto-Ley 300 de 2012, sobre el proceso de entrega tierras estatales en usufructo, ya que regula la posibilidad de comercializar la producción de los usufructuarios de tierras que se vinculen a las cooperativas, y también regulan el objeto social y la posibilidad de venderles insumos a los usufructuarios de tierras y prestarles servicios.
Consideró como aspecto esencial que el objeto social define las actividades principales, pero puede quedar un grupo de actividades secundarias o de apoyo a la producción y en este caso la aprobación de las mismas son facultad de la asamblea general de la cooperativa a propuesta de su junta directiva.
«Esta resolución no solo constituye parte de la instrumentación jurídica de la política de comercialización aprobada para las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, sino que está definiendo el objeto social de las cooperativas agropecuarias y está en correspondencia con la Resolución 134 de 2013 del Ministro de Economía y Planificación, que definió una política nueva para los objetos sociales de las entidades, así como está en consonancia con el Lineamiento 13 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución», concluyó.
—JR: ¿Cómo se ha comportado la producción este año?
—José Puentes, director de Comercialización del Ministerio de la Agricultura: De manera general, las producciones crecen este año con respecto al año anterior y estamos hoy a un 96 por ciento en el cumplimiento del plan. En el Sistema de la Agricultura se registra, por ejemplo, que las hortalizas crecieron un siete por ciento y los granos crecieron en un 11 por ciento. En el caso de la papa se registró un decrecimiento, pues debíamos llegar a 110 900 toneladas y solo arribamos a 106 000. Tenemos dificultades con la leche, producto con el que tuvimos un decrecimiento de un dos por ciento.
«Alrededor del 63 por ciento de la producción se contrata, aunque eso varía todos los meses en dependencia de los productos. Se respeta totalmente el consumo social, que es entre un 15 y un 20 por ciento.
—JR: ¿Cómo quedará Acopio en este nuevo paso?
—José Puentes Nápoles, director del Comercialización del Minag: Acopio es hoy una comercializadora mayorista y esa seguirá siendo su función; lo que sucede es que se multiplicará. Por ejemplo, si hay que trasladar un producto de una provincia a otra porque esta última carece de él, seguirá siendo esta la responsabilidad de Acopio. Por otra parte el experimento se aplicará en la capital, Mayabeque y Artemisa, por lo que en el resto del país Acopio cumplirá el mismo encargo social. Ahora intervendrán otros factores y su rol lo asumirán las empresas agropecuarias enclavadas en las nuevas formas que surgen.
—Roberto Pérez Pérez, jefe de Grupo de Política Agroindustrial de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo: En estas tres provincias son las empresas agropecuarias las que realizarán la actividad de Acopio. Lo importante es reconocer que la actividad de Acopio se diversificará, porque cambian los objetos sociales de las UBPC, CCS y CPA, y se permite, por tanto, que cualquiera de las entidades que forman la base productiva realice esa actividad con los productores.
«Una vez que los productores hayan cumplido sus contratos estatales, podrán vender el resto de su producción a quien consideren. Cualquier empresa le puede contratar esos excedentes productivos. Vale destacar que ya no es una sola figura la que puede comercializar, pues tenemos además la del vendedor mayorista y minorista.»
—JR: ¿Cuánto desestimulan la producción los problemas que hemos tenido a la hora de calcular la demanda real de productos agropecuarios y en la contratación?
—José Puentes Nápoles, director del Comercialización del Minag: Ese es un problema que nos ha afectado. Anteriormente, cuando concebíamos la demanda, el Gobierno no intervenía. La hacía Acopio directamente con los productores, y ese era el número que se contrataba. Ello no ocurrirá con la demanda del año 2014, que está decidida con el Gobierno.
«A partir de este año y de la política para hacer la contratación, esa demanda que se presenta al Ministerio de la Agricultura tiene que ser oficial, presentada por el Gobierno e incluir todos los intereses».
—Eduardo Tome Consuegra, vicepresidente del Consejo de la Administración en La Habana: En la capital ya concluyó este proceso, en el que participaron instituciones como Educación y Salud Pública para la demanda que se hizo mediante el Ministerio de la Agricultura. Esta se planificó teniendo en cuenta el ingreso medio de la población, la venta de productos, la movilidad en los meses del año y la participación de las instituciones. Todo esto facilita la contratación de 2014.
—JR: Hoy existe un debate entre los estudiosos sobre la pertinencia de tener un solo mercado, pues muchas veces los productos más baratos van a parar al de oferta y demanda. Sin embargo, en el nuevo experimento se mantienen distintas formas. ¿Tendrá el país en el futuro un solo mercado o prevalecerá esta diversidad?
—José Puentes Nápoles, director del Comercialización del Minag: La tendencia es mantener varios tipos de mercados, ya que es importante que exista la competencia, que unos vendan más barato que otros. Las producciones, cuando se realizan y se comercializan en el mismo lugar, son más baratas que cuando intervienen otros factores del proceso de la comercialización.
—JR: ¿Se ha estudiado porqué en un mismo mercado todo el mundo tiene igual precio, aunque sean representantes de formas productivas diferentes?
—José Puentes Nápoles, director del Comercialización del Minag: Hoy existe una acción monopólica porque no había lo que aprobamos ahora. Esta realidad variará en la medida en que se instrumente este Decreto, que se hagan las cosas con eficiencia y se cumpla con orden lo establecido y, sobre todo, que se escuche a la población. Tenemos que lograr, además, que se involucren los diferentes ministerios en este propósito.
«Si no logramos que exista un reordenamiento, que los mercados estén en el lugar establecido, que los carretilleros no estén en la puerta de un mercado; si permitimos que prolifere la indisciplina, no hemos hecho nada».
—JR: Al concluir el primer año del arrendamiento de los camiones para la comercialización se valorará la venta del vehículo, la continuidad del arrendamiento o la cancelación del contrato por parte de los grupos empresariales de la agricultura. ¿Qué se considerará para tomar cualquiera de estas decisiones?
—Roberto Pérez, jefe del Grupo de Política Agroindustrial de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos: Se firmará un contrato entre las partes y al término de un año se supone que la entidad tenga interés en continuar con el camión. El medidor será el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los ocho principios establecidos en el Decreto 318, y la voluntad y el deseo de seguir con ese camión.
«Si el contrato se cumplió, es decir, si el vehículo se utilizó para lo que fue arrendado, luego se podrá optar por su venta a la entidad productora. De cualquier modo, si se incumplió el contrato no hay por qué esperar a que se arribe a un año».
—JR: ¿Cómo se han diseñado los gravámenes para que no contribuyan al incremento de los precios al consumidor?
—Vladimir Regueiro, director de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios: En la fijación de los precios influye el tema de los impuestos, pero no es determinante. Por otra parte, no podemos circunscribirnos a la entrada en vigor del Decreto 318, pues aquí confluyen las disposiciones que ya están establecidas desde la Ley 113 del Sistema Tributario, en la que fue concebido un régimen especial de tributación para todas las formas productivas.
«El elemento fundamental para la rebaja de los precios está en el incremento del nivel productivo. Ya existen impuestos más bajos para estimular las producciones agropecuarias en las cooperativas, en las UBPC y en las CCS.
«En lo concerniente a la fase de la comercialización, con el Decreto 318 ha habido una flexibilización adicional, pues se va a exonerar del impuesto sobre las ventas a todas las formas que realizan este proceso. Los trabajadores por cuenta propia, sea cual sea su posición, desde la comercialización mayorista o de la minorista, y las cooperativas no agropecuarias estarán exentos del pago de ese impuesto.
«Algunas de estas disposiciones ya están implementadas en la Resolución 427/2012, que regula el régimen tributario de las cooperativas no agropecuarias. En ese documento se plasma otro beneficio. Este tipo de comercialización está exonerada del pago del impuesto en los primeros tres meses desde su constitución, lo que permite la acumulación de cierta liquidez para el manejo de sus finanzas.
«Para las nuevas figuras de vendedor mayorista y minorista también hay un beneficio, reflejado en la Resolución 353 que se aprobó en el pasado septiembre, pues también están exonerados del pago del impuesto en ese período, no así con lo relacionado con la Seguridad Social.
«¿Dónde queda el papel regulador de los impuestos en materia de compromiso, de vínculo con el Estado? En los tributos que gravan las ganancias de cada uno de estos agentes, que son los impuestos sobre los ingresos personales y aquellos sobre las utilidades en el caso de las personas jurídicas que participan en la producción y en la comercialización de los productos».
