Acuse de recibo
La realidad lo grita y nuestras estadísticas semestrales de cartas recibidas lo confirman. La vivienda sigue siendo el gran tema, es decir, el gran problema. Por muchas complejas razones que sobrepasan el espacio de esta columna, esa grieta está ahí: desde la falta de terrenos autorizados donde construir o materiales para hacerlo hasta el derrumbe total y el albergue por años, en un espectro de complicaciones a las que se suman lo engorroso y, a veces, desesperante de algunos trámites. Ahora, con el añadido terrible del devastador huracán Irma.
Hoy, damos curso a dos respuestas, de La Habana, sobre este agujero negro de la cotidianidad. La primera corresponde a la carta de Maylín Durrutí Suárez, quien el 18 de julio pasado clamaba en estas líneas por el estado oficial «inhabitable» —certificado hace años— de su edificio multifamiliar en calle Mercado No. 79, entre Arroyo y Santa María, Centro Habana.
Al respecto contesta Ivón Fernández Soler, directora de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) en Centro Habana. Argumenta Ivón que el caso ha sido «preocupación constante de los directivos del Gobierno, la DMV, la Dirección Municipal de Comunidades de Tránsito (Albergue) (DMCT) y del Consejo de la Administración Provincial. Se han efectuado visitas por diferentes funcionarios y se ha comprobado el deterioro progresivo del inmueble, desde que ocurrieron los primeros derrumbes parciales».
Reitera la funcionaria la gravísima situación del fondo habitacional del municipio, «los constantes derrumbes y el no tener disponibilidad de vivienda para entregar de manera inmediata». Esto, apunta, aun cuando se ha tenido la «colaboración y prioridad del Gobierno de la provincia».
«La DMCT nos informó —señala la Directora— que esa edificación está comprendida entre las más críticas de nuestro territorio (esto puede haber variado con el huracán Irma) y que han sido atendidos todos los núcleos que en ella conviven de conjunto municipio-provincia... Se determinó beneficiarlos según la disponibilidad (...) comenzando por los cuatro núcleos más afectados por el derrumbe de techo (...) de la azotea del lateral izquierdo. Comunicación esta que se le explicó en primer lugar a los vecinos y la Delegada con sus factores (presidenta del CDR)».
La segunda respuesta se refiere a la misiva de Yudima de la Caridad Céspedes Ramos (edificio H-10, apto. 25, zona 12, La Habana del Este), publicada aquí el 27 de mayo pasado. Expresaba Yudima que desde 1995 afronta problemas de hacinamiento en su vivienda por lo que tenía abierto un expediente como caso social, pendiente de la entrega de un terreno. Tras varias gestiones de la necesitada, había trascendido incluso que ya se le había entregado tal espacio, cosa realmente incierta. Yudima vive en un apartamento de dos cuartos, con sus padres, su hermano, sus tres hijos y un pequeño nieto.
A propósito contesta Arelys Virgen Maceo Padrón, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) en La Habana del Este. Luego de precisar los cargos específicos de los funcionarios que mencionaba la remitente, aclara la Presidenta que a Yudima, en efecto, no se le ha entregado terreno alguno, decisión que consta de tres pasos esenciales: Acuerdo del CAM, pago del Derecho Perpetuo de Superficie y Resolución de la Dirección Municipal de Planificación Física.
«La Directora Municipal de Trabajo y Seguridad Social, Ana María Zamora Ramírez, refiere que la compañera Yudima de la Caridad… está expedientada en la base de datos por situación con la vivienda luego de una investigación socioeconómica realizada por el trabajador social del área de residencia», manifiesta la ejecutiva.
Y plantea la necesidad de que la habanera se acerque «a nuestra Oficina de Atención a la Población de lunes a viernes en horario laboral, a la Atención de la Vicepresidenta de la AMPP los jueves, 1:00 p.m., o a la Atención de la Presidenta de la AMPP los lunes, 1:00 p.m., para actualizarnos y lograr más detalles que nos permitan con mayor prontitud contribuir a la solución de su problemática». Agradece por último a la remitente «el poder conocer su situación».
Agradezco ambas respuestas. Comento la segunda, fechada el 29 de mayo, pero con arribo real a JR el 28 de agosto. Si la necesitada tiene «expedientada» su situación hace años por Trabajo y Seguridad Social no parece muy congruente que la única recomendación sea requerirle más detalles de su caso. ¿O es que las dependencias del Gobierno municipal no comparten sus bases de datos? ¿En cuántos expedientes, legajos, documentos debe estar anotado un problema para que comience a resolverse? Y ojo, que estamos hablando solo de un terreno, no de una casa.
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