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Raúl Rodríguez, jefe del Consejo de la Administración Provincial. Autor: Otoniel Márquez Publicado: 21/09/2017 | 05:50 pm
Una nueva experiencia viven hace poco más de dos años los habitantes de Artemisa. A diferencia del resto de las provincias, en este territorio —al igual que en Mayabeque— se hallan separadas las funciones de los consejos de la Administración y la Asamblea del Poder Popular, experimento que se realiza con el fin de perfeccionar el funcionamiento de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular, en concordancia con las necesidades de la nación.
El proceso inició en agosto de 2011, durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el que se determinó separar, de manera experimental, las funciones de los consejos de la Administración y de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular en las dos provincias recién constituidas. Quedó entonces como facultad del Gobierno de la República de Cuba realizar los ajustes pertinentes en el funcionamiento, conformación, estructura y subordinación de los organismos y entidades para el mejor desempeño de la organización administrativa y de Gobierno en estas provincias y sus respectivos municipios, sobre el principio del uso racional de los recursos humanos y materiales, para de ahí extender la experiencia al resto del país.
Dualidad infuncional
En el modelo anterior —presente aún en el resto de la Isla—, la misma persona administraba y atendía las tareas de la Asamblea. Raúl Rodríguez Cartaya, jefe del Consejo de la Administración de Artemisa, quien además fue presidente de la Asamblea, señala que con esa dualidad la mayor parte del tiempo del Presidente era dedicado a la administración, restando atención a la base de nuestro sistema político: los delegados de circunscripción.
«Ahora, al tratarse de dos personas diferentes, aumenta el nivel de exigencia del Presidente para con la Administración, en función de dar respuesta a planteamientos y problemas de los electores. La Administración rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea sin ningún tipo de comprometimiento entre ambas partes».
Al respecto, Juan Domínguez Miranda, al frente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, explica que antes el presidente estaba comprometido con los resultados de la gestión de la administración local, y eso limitaba su control y exigencia hacia esta.
Como particularidad, el jefe y los miembros del Consejo no tienen que ser delegados a las correspondientes asambleas. Esto posibilita, según Domínguez Miranda, la designación para esos cargos de cuadros y dirigentes con dominio de la actividad administrativa.
Este modelo, por tanto, permite mantener estabilidad en el trabajo en medio de procesos eleccionarios, pues de haber cambios en la dirección de la Asamblea no se crean baches por falta de conocimiento, procesos de recepción y entrega de cargos, al ser la administración la encargada de dirigir las actividades económicas y de servicios.
Eficiencia y racionalidad
Los Gobiernos de Artemisa y Mayabeque se distinguen por la racionalidad en el empleo de recursos materiales y capital humano, pues existe un mejor aprovechamiento de los locales y el personal. Disminuyeron, igualmente, las unidades presupuestadas, así como el gasto por concepto de transportación y combustible.
A ello se añade que reciben servicios de terceros, como transporte, lo cual contribuye, según Rodríguez Cartaya, «a dedicar más tiempo a nuestra razón de ser».
«Con la nueva estructura —refiere Domínguez Miranda—, la Asamblea Provincial del Poder Popular, órgano superior local del Poder del Estado, tiene la misión de dirigir la política de este en interés de promover el desarrollo económico y social. Para ello ejerce el control y la fiscalización de la ejecución de los programas y planes aprobados por los órganos superiores del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley, con el apoyo de sus municipios y según los intereses de estos».
Son atribuciones de la Asamblea el cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones adoptadas por los órganos superiores del Estado, así como designar o sustituir al jefe del Consejo de la Administración, o a sus miembros, si el jefe de la Administración lo solicita.
Es la responsable también de consentir la política general que se acuerde para el territorio, a partir de las propuestas de la Administración, y aprobar los planes de ordenamiento territorial, urbanísticos, económicos, sociales y del presupuesto, así como de fiscalizar su ejecución.
Debe, además, conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta del Consejo de la Administración, fortalecer la prevención y el enfrentamiento a las ilegalidades y prestar atención al mantenimiento y desarrollo del orden interior y la capacidad defensiva del territorio.
Mientras —refiere Rodríguez Cartaya—, corresponde a las administraciones garantizar el cumplimiento de las disposiciones y los acuerdos de los órganos superiores del Poder Popular y de la Asamblea Provincial del Poder Popular; implementar las políticas y normativas emitidas por los órganos superiores del Estado, del Gobierno y de la Asamblea Provincial, acerca de las funciones establecidas en su territorio; proponer la designación o sustitución de los miembros del Consejo de la Administración; dirigir en su demarcación la ejecución de las políticas programadas y planes aprobados por los órganos superiores locales del Estado, y colaborar en la elaboración de los proyectos del plan económico y el presupuesto de las entidades subordinadas.
«Son las administraciones las responsables de presentar a las respectivas asambleas los proyectos del plan de reordenamiento territorial y urbanístico, económico y de su presupuesto, y rendir cuenta a la Asamblea cuando esta lo solicite, entre otras tareas».
Más cerca del delegado
Los dos procesos de rendición de cuenta desarrollados en 2013 marcaron una diferencia con los anteriores, al decir de Domínguez Miranda. «La separación de funciones posibilitó brindarles más tiempo a estos procesos. Preparamos a los delegados provinciales y municipales, llegamos a cada territorio para explicarles las particularidades de la provincia y ofrecerles argumentos para que enfrentaran esos encuentros con los electores más preparados y seguros».
Dinorah Ileana Acosta Fernández, presidenta de la Comisión Permanente de Órganos Locales, explica que «las reuniones se prepararon mejor y hubo fuertes debates en las circunscripciones».
Aunque percibe una mayor cercanía entre los delegados y sus electores, Dinorah insiste en que es preciso aprovechar más los despachos, para no llegar a la Asamblea con planteamientos de vieja data. «Se destaca como positivo que en el último proceso la población se comprometió a participar en la solución de más del 40 por ciento de estos planteamientos».
En el tercer proceso, a punto de concluir el 15 de junio, se han recepcionado 11 611 planteamientos; en el 41,8 por ciento de estos la población se ha comprometido a participar en la solución.
El experimento —señala— permite al delegado, a las asambleas municipales y a las comisiones permanentes, dedicar más tiempo a atender los problemas de la población, de ahí que el nivel de solución supere el 70 por ciento.
También distingue a este modelo el funcionamiento de las comisiones de trabajo: de ocho se redujeron a cinco, pero cuentan con un presidente profesional, dedicado a tiempo completo a organizar el trabajo, controlar, fiscalizar y presentar trabajos con evaluaciones rigurosas a la Asamblea, para que la Administración explique cada uno de los señalamientos.
«Las comisiones —explica Domínguez Miranda— están presentando trabajos de rigor, con una visión de pueblo, y los delegados exigen con más vehemencia a las administraciones. Solo resta una mayor agilidad por parte de estas a la hora de dar soluciones concretas a los señalamientos que les hacemos».
Las crifas hablan
Aunque la experiencia tiene poco tiempo, el nuevo modelo ha arrojado resultados positivos. Hay un ahorro considerable de recursos humanos, financieros y materiales, así como un crecimiento favorable en los principales renglones económicos.
El modelo, todavía en fase experimental, es sometido a evaluaciones constantes, con el fin de ajustar lo necesario sobre el camino.
Pese al poco tiempo de puesta en marcha, se puede hablar de logros, según Rodríguez Cartaya. «En los dos primeros años de creada la provincia aumentaron las camas hospitalarias, crecieron el número de ambulancias y la cifra de consultas, y disminuyeron las listas de espera quirúrgica y estomatológica.
«El territorio cumple con la producción mercantil. En este período aumentó el número de medios de transporte urbano, crecieron las ventas de materiales de construcción y productos de aseo, así como las ventas en CUC del Grupo Empresarial. Igualmente avanzan los experimentos asociados al arrendamiento de locales a trabajadores por cuenta propia y a la creación de cooperativas no agropecuarias, los cuales deberán ir colocando a la provincia en un lugar de avanzada».
Haber obtenido la sede del 26 de Julio, en medio de este proceso de cambios, resulta un estímulo para el trabajo del Poder Popular en esta provincia. Los artemiseños llegan a la fecha con resultados palpables, que sirven como experiencia para las transformaciones que necesita el país.
