Aun salvando las distancias por su impacto geopolítico, la forma en que el presidente estadounidense Donald Trump está usando algunas figuras legislativas para expulsar a los inmigrantes irregulares, se parece bastante al empleo que dio George W. Bush a otras para justificar sus guerras contra Afganistán e Irak, y secuestrar y torturar a cientos de ciudadanos árabes.
Bush hijo declaró una cruzada internacional contra el terrorismo bajo la presunción nunca bien probada de que los responsables de los terribles atentados de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, eran miembros de Al Qaeda. Y, obviamente, aquel fue un acto terrorista. Eso justificó dos invasiones hasta el otro lado del mundo.
Trump está deportando a los indocumentados después de criminalizarlos por el hecho de estar en Estados Unidos sin papeles. Pero, para enviarlos —no a la suya, sino a una tercera nación— ha puesto en vigor la añeja legislación contra «el Enemigo Extranjero», puesta en vigor en 1798 para salvaguardar a EE. UU. de la presencia de ciudadanos de países con los que estuviera en guerra, y prevenir así que cometieran acciones de sabotaje y espionaje dentro de territorio estadounidense.
Bajo esa ley más de dos siglos después, y a pesar del dictamen en contra de un juez que halló sin lugar su aplicación, más de 200 venezolanos fueron trasladados este fin de semana a El Salvador, donde se afirma que el presidente Nayib Bukele cobrará varios millones de dólares pagados por Trump para que los encierre por un mes en sus megacárceles, famosas por haber hecho disminuir la delincuencia en las calles de su país, pero reclusorios en los que nadie se reeduca: sencillamente, se les reprime; posiblemente, se les veja.
Las imágenes de los jóvenes reos rapados, en calzones y pulóveres blancos; maniatados, cabeza baja, algunos con grilletes en los pies, sentados en fila, impactan.
No se han aportado pruebas que demuestren su pertenencia a la banda de narcotraficantes de origen venezolano Tren de Aragua, que a su vez ha sido «rotulada» por la administración republicana como terrorista, junto a otros seis cárteles: uno salvadoreño (la Mara Salvatrucha 13), y seis mexicanas. Pero de ser de El Tren… se les acusa.
Tampoco está claro por qué se «premia» a los indocumentados venezolanos con esta «distinción», ya padecida por la decena tempranamente deportada a la cárcel que Washington tiene en el territorio ilegalmente ocupado de la Base Naval de Guantánamo: una prisión estrenada, precisamente, por W. Bush, para encerrar a los árabes capturados en su cruzada quienes, también sin procesos judiciales, fueron acusados de terroristas.
Nadie lo ha dicho, y resulta muy difícil digerir, que la Ley del Enemigo Extranjero se aplique a los venezolanos, sencillamente, porque desde el año 2015 el exmandatario Barack Obama cometió otra felonía al acusar a Venezuela de ser una amenaza para la seguridad nacional de su país. Es decir, Obama decretó que Venezuela es enemiga de EE. UU., aunque Caracas nunca le haya declarado la guerra a Washington… Más bien ha sido al revés.
Precisamente, el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha negado que sus connacionales pertenezcan al citado cártel, responsabiliza a las medidas punitivas de Washington por el aumento de la emigración ilegal de sus compatriotas hacia el Norte.
Trump, por su parte, argumentó su decisión asegurando que los del Tren de Aragua están «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos».
Maduro ha señalado a opositores como María Corina Machado y Leopoldo López como «hacedores» de este entuerto con nada de judicial ni legal, y precedido por otras medidas antivenezolanas del actual ocupante de la Casa Blanca en cuya instrumentación se han revelado presiones tras bambalinas del lobby de legisladores anticubanos, de quienes no debe dudarse que estén prestos para seguir la pauta a sus congéneres de la derecha de Venezuela.
Mientras, Trump va a Dios rogando y con «su ley» dando: es decir, manipulando.
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