Así ha llamado el prestigioso analista Carlos Fazio, en uno de sus recientes artículos publicados en La Jornada, a la política altisonante, posesiva y llena de desprecio que Donald Trump anuncia para América Latina, incluyendo a Groenlandia: «Doctrina Monroe 2.0».
Ello es visible tanto en el deseo vuelto a confesar por el magnate de comprar esa isla —identificada como «territorio autónomo danés» y ubicada a unos largos 3 000 kilómetros de Estados Unidos—, como en su amenaza de «recuperar» algo que nunca fue de su país —el Canal de Panamá—, así como que Canadá se fusione con Estados Unidos y otra diatriba semejante dicha en tono más bajo, sobre México.
Tales fanfarronerías —que tienen mucho de expectativa real— se dan la mano con una política hacia los inmigrantes ilegales que sí tiene mucho de realizable y será una reedición, reforzada, de lo que fue la gestión de Trump para los indocumentados durante el mandato anterior.
Su amenaza de nuevas deportaciones masivas llega acompañada ahora de enfoques hacia la lucha contra el narcotráfico que tensarán las relaciones con México. Las acusaciones a la vecina nación, que quieren responsabilizarla con el consumo desmedido de fentanilo en Estados Unidos, prometen desembocar en un deseo reiterado por los republicanos en el Congreso durante el mandato que fenece de Joseph Biden: la militarización de la frontera común.
Escudada en el propósito de captura de los miembros de los cárteles, esa medida también serviría para endurecer la represión contra los migrantes centroamericanos, caribeños y hasta conosureños que arriesgan la vida en el sueño de hallar un mundo mejor y, por demás, pudiera constituir un desafío a la soberanía mexicana.
Todo ello conforma el preámbulo de lo que podía esperarse —y ahora ya puede palparse— como una tensa relación con Latinoamérica del hombre que el próximo día 20 volverá a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca.
Presurosos por llegar a la línea demarcatoria antes de que ese momento ocurra, unos 1 500 migrantes, entre los que se encuentran peruanos y ecuatorianos, saludaron el año emprendiendo el camino desde la mexicana localidad de Tapachula, ya sobre la frontera, hacia el Norte, sin que ellos tengan claro cuál será su destino.
Con la fuerza moral que le hizo asumir el propio Trump en su anterior período presidencial, cuando responsabilizó a México con la detención de los flujos migratorios so pena de elevar los aranceles a sus productos —una amenaza que el republicano ha vuelto a blandir—, el Gobierno de Claudia Sheinbaum sigue los pasos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, imprimiendo el mismo carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos a la difícil tarea de un país que es paso obligado de los indocumentados.
Aunque no ha sido algo de lo que México blasone, esa labor se ha convertido en gestión altruista hacia los viajeros de los países vecinos mediante un esfuerzo visible por disuadirles que incluye brindarles protección, y hasta ofrecerles trabajo en otros estados mexicanos.
Pero lo que mejor retrata adónde conducen las amenazas trumpistas es la posición unida que pudieran asumir las naciones emisoras, encabezadas precisamente por México.
Además de alistar desde hace días a sus consulados en Estados Unidos para que protejan a sus nacionales allí, Sheinbaum ha confirmado que prepara, junto a otros colegas de la región, una reunión para analizar el asunto que daría continuidad a la cita convocada por AMLO en la localidad de Palenque, en 2023.
Entonces, los diez países participantes, entre los que se encontraba Cuba, suscribieron 13 posiciones, entre las que se hallaba el reclamo de planes de desarrollo que eviten el éxodo desde las naciones pobres y la derogación de las medidas coercitivas unilaterales, causantes de penurias a la vida de los ciudadanos en los países injustamente sancionados; la aplicación de políticas que respeten los derechos humanos de los migrantes; y la ampliación de vías regulares y seguras para emigrar.
La injusticia de los viejos órdenes que aún rigen el mundo ha incrementado los flujos de migrantes desde el Sur global, así como el número de naciones emisoras en los años recientes. Es hora de que ellas profundicen el enfrentamiento, de forma conjunta, de un fenómeno del que no tienen, absolutamente, ninguna culpa.
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