En la frente tiene una marca, quizá de por vida. Por mucho que se esmeraron, ahí están visibles los cinco puntos que no la dejan olvidar. Bastó un segundo para tropezar de frente con una de las tantas trampas de la indolencia e indisciplinas urbanísticas que emergen en cualquier punto de la ciudad de Sancti Spíritus.
Asegura que no vio la escalera. Recorre el mismo camino diariamente y, de la noche a la mañana, solo sintió que el mundo cayó a sus pies después que el armatroste de hierro frenó su paso apresurado.
No es la única espirituana que se ha venido abajo por la anarquía y el desorden avivados por violaciones constructivas en calles y aceras ocupadas. Es un mal tan de hoy como de ayer. Y aunque mucho se haga o se plasme en papeles, pulula por doquier.
Bien lo saben quienes laboran en el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu) en Sancti Spíritus. Ellos protagonizan un accionar para generar la cultura necesaria que borre las huellas en los espacios públicos y privados, donde, como potreros de Don Pío, se hace lo que se cree o conviene, sin tener en cuenta las normas urbanísticas y el planeamiento territorial. Pero el descuido y la indisciplina campean por su respeto.
De ahí que sea común encontrar, y hasta se llega a celebrar como un «aporte» a la ingeniería civil, un balcón enrejado desde los cimientos hasta el techo, ampliaciones o patios cercados en edificios multifamiliares, una escalera en el medio de la acera o un aire acondicionado con una reja protuberante hacia la calle. Y ahí están: a la vista de una sociedad, frente a todo un país.
Los transgresores sobreviven, aunque desde el 2012 no le dan tregua, insisten los especialistas de Inotu en Sancti Spíritus, quienes en algunos momentos casi alzan voz de victoria en la batalla campal contra esas violaciones. Mas una reciente publicación en el periódico Escambray abrió las puertas del avispero: se tienen identificadas más de 2 590 infracciones urbanísticas, en su mayoría de personas naturales.
Por suerte, esa cifra no se hace eco en las playas de la provincia, libres de ese mal desde el 2017 y, donde, por ser espacios más pequeños, se logró generar conciencia ciudadana, de conjunto con un enfrentamiento sistemático.
Y aunque este mal tiene fuertes raíces, no es secreto que la proliferación de los negocios del sector no estatal avivó su incidencia. Nadie está autorizado y mucho menos tiene derecho de coger ponches o arreglar motorinas en aceras y media calle. Tampoco es legal expender alimentos o productos agropecuarios
adueñándose del espacio vehicular o peatonal. Y mucho menos se permite romper la fachada de un edificio para que sirva de entrada a un garaje de nuevo tipo, donde se exhibe ropa y cuanto producto pueda imaginarse.
En papeles legales se encuentran todas las regulaciones y disposiciones al respecto. Identificados están los organismos implicados y los grupos temporales de trabajo de enfrentamiento al delito, hechos de corrupción e indisciplinas sociales: una estructura ordenada y planificada que solo precisa trabajar sin descanso.
Pero la cifra de inspectores para accionar en ese sentido está incompleta. Ha sido imposible mantener uno por cada consejo popular, y los que están deben sumarse al trabajo de otros sectores, como la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS), Salud, Comercio, entre otros.
Dicha fisura mantiene una grieta por donde corren con fuerza arrolladora los incumplimientos del ordenamiento territorial, urbanístico y, por supuesto, social. Porque el primer responsable de cada violación de ese tipo es quien la produce, consciente o no. De ahí que, frente a tanta incultura y desacato a la coherencia cívica, urge un enfrentamiento y control más efectivo por parte de las entidades responsables para borrar de las calles espirituanas las trampas de la indolencia y las indisciplinas urbanísticas.
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