La Constituyente y la nacionalización del petróleo son centro del debate político boliviano. Fotos: AFP y AP Aunque el MAS asumió el gobierno bajo la presión de segmentos populares «impacientes» que aspiran —en el mejor de los casos— a una rápida radicalización del proceso boliviano, levanta sospechas que paros y huelgas coincidan con las demandas de dimisión de dos ministros, y hasta denuncias sobre supuesta corrupción en el relevante Ministerio de Hidrocarburos que casi obligaron a la sustitución de su titular.
Se trata de una madeja de sucesos bien explotada por algunos titulares, y tras los cuales no sería fantasmagórico vislumbrar el deseo de enredar la situación, justo cuando Bolivia está en la coyuntura decisiva que marca la Asamblea Constituyente.
No es que la exigencia popular sea mal vista en un país que, precisamente, ha llegado al momento de cambios en que está, gracias a la movilización callejera. De hecho, el propio Evo Morales ha recibido con satisfacción que los campesinos cocaleros lo ratificaran como su líder. Y si algo hace sui géneris su mandato, es la creación en el ejecutivo de un vínculo formal entre la gente —los movimientos sociales— y el propio gobierno. Evo ha dicho que gobernará obedeciendo, y es lo que ha hecho hasta hoy: escuchar a las mayorías.
Pero no parece reclamo nacido abajo ni motivador de gran apoyo ciudadano el pedido que hacen, por ejemplo, los docentes urbanos para que renuncie el ministro de Educación, Félix Patzi, porque están en contra de la nueva política educativa, y molestos debido a que fueron los padres de familia e indígenas quienes presentaron el proyecto de ley en Sucre, donde sesiona la Constituyente. Para remarcar el carácter anti-popular de la exigencia, contra ella se manifestaron los miembros de las juntas escolares.
Pero muchos también consideraron sin motivos suficientes la huelga de transportistas, que paralizó a algunas ciudades y concluyó el martes cuando, en efecto, el gobierno dio respuesta a su pliego de pedidos sectoriales.
A esas medidas se suma la amenaza de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, cuyos funcionarios están disgustados por la democión de dos ex dirigentes por corruptos, y las amenazas de huelga de los comités cívicos en los separatistas departamentos de Tarija y Santa Cruz, donde sus miembros se han pronunciado, de plano, contra el carácter originario que acaba de aprobarse para la nueva Constitución. Es decir, que allí no están de acuerdo con que la Carta Magna postule la fundación de un nuevo Estado que certificará la propiedad social sobre la tierra, los hidrocarburos, los recursos forestales de la nación. Eso es lo que está en la palestra, y no solo afecta a los poderosos de adentro, sino a los que, afuera, engordaron a costa del boliviano común.
SI EL NECIO APLAUDE...Pero este soliviantar por pequeños focos de incomodidad —algunos auténticos y otros con visos de ser impostados— no han sido los únicos escollos recientes en el camino de la refundación de Bolivia.
Hace menos de una semana, un conciliábulo entre legisladores del opositor partido PODEMOS, del ex presidente Jorge Quiroga, y Unidad Nacional, censuró y trató de sacar de su puesto a Andrés Soliz Rada, titular del estratégico Ministerio de Hidrocarburos.
La componenda no dio resultados pues el mandatario le ratificó el apoyo, pero en su lugar rodó la cabeza del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, acusado de malos manejos al formalizar un contrato que eventualmente habría originado millonarias pérdidas a la empresa, toda vez que se estaría violando la dispuesto en la nueva Ley de Nacionalización.
Más que la confianza en la incorruptibilidad de Alvarado, expuesta por Morales a pesar de que aceptó su renuncia, ofrecen dudas los elogios vertidos por un senador de PODEMOS, quien calificó el hecho como «una batalla ganada contra la corrupción».
Si el sabio desaprueba, malo. Si el necio aplaude, peor...
En todo caso, lo ocurrido alrededor de la estratégica cartera de Hidrocarburos y su emblemática YPFB, puede ser apenas un capítulo de la novela de entuertos que se abalanzan sobre Evo mientras, en Sucre, la Constituyente sigue entrampada en la discusión de sus normas.
«Se están abriendo muchos pequeños frentes contra el gobierno, se están sumando fuerzas descontentas», estimó la analista Jimena Costa, citada por el diario Clarín.
En todo caso, el panorama que se pinta solo propiciaría un objetivo: desestabilizar al país, un propósito nada sorprendente si se recuerdan las amenazas de Bush cuando afirmó que allí, como en Venezuela, se está «erosionando la democracia...».
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