Dolores nuevos son los dolores viejos en Chile

La gente en Chile quiere sacar su dinero de la caja de pensiones —o, al menos, una ínfima parte de él— y así lo hará si el Senado se comporta como la Cámara, que el miércoles, en medio de un cacerolazo masivo, aprobó que los ahorristas puedan retirar, anticipadamente, al menos el diez por ciento de lo que «les guardan» las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Reclamos viejos y nuevos se unen en la exigencia, que promueven organizaciones sociales y populares, y políticos de distinto signo respaldan también.

Los motivos circunstanciales tienen que ver con el agujero que, como en todas partes, ha cavado la COVID-19 en los bolsillos de la economía nacional y, por tanto, de los ciudadanos; solo que allí el vaciamiento ocurre en medio de la desprotección de personas a merced del mercado.

Los motivos de fondo están relacionados con lo estructural: las pensiones son parte del modelo que dejó instaurado el dictador Augusto Pinochet cuando EE. UU. le abandonó y se fue, en 1990. Son esos, por tanto, los problemas más profundos. Unos y otros, sin embargo, hacen daño por igual y se dan la mano en la zozobra que vuelve a estremecer a Chile.

De las causas primeras dan cuenta las cifras, que vuelven a reflejar el drama de un país tenido por modelo en lo económico, pero donde la ausencia de riendas en manos del Estado hace los mayores estragos, en un contexto de inédita y severa crisis sanitaria mundial.

Según los cálculos, en el primer trimestre de este año, el desempleo se elevó en Chile a un ocho por ciento, cifra estimada como la más alta de la última década. Pero en marzo aún no había llegado allí la pandemia; por eso se espera que será peor lo por llegar. Expertos auguran que de aquí a diciembre los sin trabajo podrían llegar al 15 por ciento.

Pero los sinsabores y la rebeldía que estos provocan, vienen de atrás. Debajo del cráter por donde volvió a brotar lava con movilizaciones que estremecieron las más importantes ciudades, bulle el magma que alimentó las protestas iniciadas en octubre.

Entonces, la chispa fue el decretado aumento en el costo de los pasajes. Tras la demanda de que se anulara el alza, ardió el país con toda clase de exigencias: fue un incendio social sin cabeza visible que lideraron, de modo horizontal, diversos movimientos gremiales y populares.

No faltó similar espontaneidad, ni los analistas que considerasen el masivo cacerolazo nacional de esta semana como continuación de aquellas movilizaciones.

El presidente Sebastián Piñera quiso frenarlo. Para disuadir el debate en el Congreso, el mandatario anunció, unas horas antes, el paquete bautizado como Plan fortalecido de protección a la clase media, mediante el cual se establece una transferencia de dinero a todos los trabajadores afectados por la crisis y con determinado nivel de ingresos (se trata de la clase media, no lo olvidemos), supuesta protección a la vivienda y hasta un bono que beneficiaría también a los desempleados, sin olvidar la promesa del examen a fondo y cambios sustanciales en el sistema previsional.

Pero ello no detuvo a los diputados, quienes el miércoles, en medio de las manifestaciones, votaron 95 a favor frente a 36 contra el proyecto.

Entre quienes lo respaldaron se hallaban 16 legisladores del oficialismo junto a representantes del centroizquierdista Frente Amplio y de la ultraderechista UDI. Otros 22 se abstuvieron, completando un cuadro de dispersión de colores políticos del cual se colige que las posturas de los diputados no obedecieron, estrictamente, a los tonos de sus partidos.

O que la situación rebasa la estrechez de las banderas. Una diputada acudió a los debates provista de su olla: con ello recordó que la extracción de los fondos hace falta para comer.

Incómoda la clase media

Ahora el proyecto pasa al Senado y, si se aprueba, augura a Piñera otro dolor de cabeza además del que le debiera estar provocando la pandemia, de difícil control con un sistema de salud privatizado cuyo alcance no pueden remplazar los paliativos, en una circunstancia tan peliaguda como la del coronavirus.

No es algo de otro mundo lo que se debate. Apenas, que los trabajadores acogidos a los fondos privados de pensiones (¡no hay otros!, y además son obligatorios) puedan extraer, ahora que la falta de trabajo aprieta, el diez por ciento de ese dinero que, supuestamente, se guarda para su jubilación.

Pero como Pinochet dejó todo legislado para que nada se pudiera «mover», dicha autorización tiene rango de reforma constitucional. Es decir que, para implementarla, será necesario modificar la Carta Magna.

Ello explica también la certeza de los sectores movilizados desde octubre, quienes hicieron coincidir todas sus demandas en la exigencia de una Asamblea Constituyente que el ejecutivo quiere descafeinar, con una membresía escogida dentro del propio Congreso.

El proceso consultivo previo ha sido frenado por la pandemia pero no, como se ve, una necesidad de cambios estructurales que los chilenos tienen a flor de piel. Y vuelve a revelarse que si se quiere estabilidad en Chile, se precisa otra Constitución.

Se mantiene el rechazo a las Administradoras de Fondos de Pensiones que dio lugar a multitudinarias marchas desde 2016. Foto: Iris Colil Barra

Quizá el ingrediente nuevo sea la extracción social de quienes se manifiestan contra las aseguradoras privadas de pensiones. ¡Ya no son solo los estudiantes, los mapuches, los funcionarios públicos, los obreros, los desclasados…!

Debajo de la dermis están las razones que provocaron ya, en los años recientes, otras protestas contra el sistema previsional: un estilo de jubilación iniciado en ese país y trasladado luego a otras naciones como la Argentina de Carlos Saúl Menem, y que podría estar asegurando la vida no, precisamente, a los pensionados.

Ahorro ¿para quién?

Aunque no han faltado expertos que se erijan contra la reforma porque, supuestamente, dejará sin dinero a los potenciales «pobres del futuro», lo cierto es que podrían no ser ellos los más afectados.

De hecho, mediante el sistema privado previsional el trabajador no entrega dinero al Estado para que le asegure «el retiro», sino a cuentas individuales manejadas por entidades financieras privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones. Ellas determinan a cuánto ascenderá la chequera de la jubilación.

En contraposición, un interesante estudio de la Fundación Sol, que citó estos días el sitio web alternativo elciudadano.com, revela los billones de pesos en capital que arriesgan importantes grupos económicos chilenos si el retiro de los fondos de pensiones fuera «total e íntegro».

Entre ellos cita al Grupo Luksic, el más poderoso, que tiene en juego 6 400 millones de pesos equivalentes, dice, a más del total de utilidades netas del Banco de Chile en 2019.

«Los 15 grandes grupos económicos de matriz nacional que reciben más inversión de parte de fondos de pensiones, perciben 42 159 millones de dólares desde los fondos de pensiones controlados por las AFP», asevera el artículo.

Por ahí podría adivinarse de dónde viene la animadversión que tiene el presidente Piñera a las extracciones, y augurarse los duros debates que el proyecto, seguramente, encontrará en el Senado.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana