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La Unión Europea ya ha advertido a Cataluña que, de llegar a separarse de España, quedaría automáticamente excluida del bloque comunitario. Autor: Telesur Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
BARCELONA, octubre 6.— El Gobierno de la región de Cataluña decidirá antes del 15 de octubre si mantiene la consulta de carácter soberanista convocada para el 9 de noviembre y que el Ejecutivo central español considera ilegal.
Varias formaciones nacionalistas catalanas quieren que en el mes próximo los ciudadanos se pronuncien acerca de la soberanía de su territorio (7,5 millones de habitantes) y, eventualmente, de su independencia respecto a España, recuerda la agencia EFE.
La consulta fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC), aunque los nacionalistas apuestan públicamente por mantener los preparativos.
A ese respecto, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, fijó este lunes en «alrededor del 13, 14 y 15» de octubre la fecha en la que habría que adoptar alguna decisión sobre la consulta del 9 de noviembre si el TC no levanta antes la suspensión cautelar.
El principal apoyo del Gobierno regional en este proceso, la izquierdista ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, en catalán, e Izquierda Republicana de Cataluña, en castellano), replicó que no quiere que se pongan fechas límite a la consulta, que considera «encarrilada» aunque no «blindada», en palabras de su portavoz Anna Simó.
Mientras, la Abogacía del Estado español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión encargada de controlar la eventual consulta catalana, una especie de junta electoral. El presidente del Ejecutivo catalán, Artur Mas, firmó el pasado 2 de octubre la formación de esa comisión electoral.
Francesc Homs defiende esa junta por entender que, pese a que el TC ha suspendido el proceso, el órgano electoral lleva a cabo «actos preparatorios» que no generan «efectos jurídicos vinculantes».
La comisión electoral sufrió su primera baja. El catedrático Joaquim Brugué dimitió tras señalar que la consulta que se prepara carece de suficientes «garantías democráticas» y debería haberse parado tras la suspensión cautelar dictada por el TC.
