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SANTIAGO DE CHILE, julio 5.— Mineros, profesores, periodistas y trabajadores de múltiples sectores anunciaron su adhesión a una jornada nacional de protesta hoy en Chile en reclamo de mayores salarios y mejoras laborales, reportó PL.
La movilización fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tras asamblea en la que participaron unos 200 dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones afiliadas a esa multisindical.
De igual modo, la Mesa Social por un Nuevo Chile, que agrupa a emblemáticas agrupaciones políticas y sociales, incluida la Confederación de Estudiantes de Chile, dio su espaldarazo a la realización de la protesta.
La CUT aboga por subir el salario mínimo de los 182 mil pesos chilenos actuales (364 dólares) a 250 mil (500 dólares). La Moneda propone subirlo a 193 mil (386 dólares).
La protesta de los trabajadores este día sucede a una semana justamente de una masiva manifestación en la que participaron más de 150 mil chilenos en todo el país, 120 mil en esta capital, en rechazo a la mercantilización de la enseñanza.
Ambas movilizaciones han sido vistas aquí como aldabonazo de un segundo tiempo de la lucha social en Chile y han hallado dura respuesta en los sectores oficialistas.
De hecho, la Intendencia Metropolitana no autorizó la realización de la demostración prevista este día en La Alameda, alegando razones que fueron respaldadas por La Moneda y criticadas por el mundo social.
La autoridad capitalina señaló que los convocantes solicitaron el permiso tarde, lo que fue desmentido por la CUT.
El subsecretario general de la multisindical, Guillermo Salinas, expresó que la disposición que al parecer prevalece es la de reprimir los movimientos sociales.
Pese a la negativa de la Intendencia, la CUT reiteró el llamado a manifestarse de manera pacífica en la Plaza de Los Héroes de Santiago, desde donde partirían los manifestantes hasta La Moneda a entregar una carta con las demandas de los trabajadores.
La multisindical además interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones al considerar ilegal e ilegítima la postura de las autoridades locales.
