Ha sido una crónica del semanario puertorriqueño Claridad la que me ha ayudado a hallar el término justo: «Si los resultados de las próximas elecciones, por fin, favorecen un cambio de verdad será, ciertamente, un primer paso de reconstrucción».
Por supuesto que la columnista boricua no se refería a los comicios presidenciales de este martes en Estados Unidos, a los que sus coterráneos residentes en aquel país acudirán bajo el peso estremecedor del bufón de la campaña de Donald Trump que, hace unos días, llamó al terruño borinqueño «una isla de basura», lo que ha hecho temer un éxodo de los votos de la diáspora potencialmente trumpistas, hacia la casilla demócrata.
Los que se mantienen en la isla gozan de pasaporte estadounidense, se rigen por las leyes que emanan de Washington, pero no podrán ayudar a decidir quién ocupará la Casa Blanca pese a que desde allí se deciden sus destinos y por más que les embargue la misma indignación que a sus paisanos tras el ultraje del comediante Tony Hinchcliffe.
Un día después del suceso tan preocupante para Trump —del que los hacedores de su campaña han querido desligarlo, alegando que los comentarios del cómico no expresan los criterios del aspirante presidencial—, uno de los diarios más influyentes en Puerto Rico, El Nuevo Día, encabezaba su portada con una foto de la aspirante demócrata y un editorial titulado: «Los puertorriqueños deben votar por Kamala Harris».
«A todos los puertorriqueños que puedan votar, que nos representen a nosotros, a los que no podemos votar», pedía el texto…
La imposibilidad de hacerlo es una de las condiciones que impone el Estado Libre Asociado, estatus considerado por muchos en Puerto Rico una falacia, y que otros estiman «necesaria» para no perder los beneficios que esa condición, presuntamente, otorga al país.
No obstante, en Borinquen también se pronunciarán mediante un voto simbólico: será un discreto llamado de atención acerca del ostracismo a que se ha condenado a sus pobladores en materia electiva federal.
De cualquier modo, la isla ha estado en campaña porque allí se emitirán votos contantes y sonantes para elegir, el propio día 5, a su máximo jefe administrativo: el (o la) ocupante de la Gobernación, una figura que ejerce la responsabilidad de jefe de Gobierno pero no de Estado, y quien funge como Comandante en Jefe de la Guardia Nacional… aunque deba informar al Pentágono antes de usar sus tropas.
Así manifestaban en 2017. Se podrá dar ahora un paso hacia ese anhelo. Foto EFE
El Gobernador(a) de Puerto Rico también está facultado (a) para nombrar a los miembros de su gabinete y a los del Tribunal Supremo; mas todas las nominaciones deberán tener el visto bueno del Senado y la Cámara de Representantes asentados en el Capitolio, en Washington.
Pese a ello, la gubernatura representa la posibilidad de tomar decisiones importantes para un territorio en crisis fiscal desde que el país se declaró en quiebra en 2017; que sufre, además, el ajuste dictado en virtud de una millonaria deuda con la consiguiente desaceleración económica, mientras la vida de la personas empeora con el despojo que se ha autoimpuesto el Estado/gubernatura: las privatizaciones iniciaron con la venta de la empresa Telefónica en 1999 —motivo de fuerte repulsa popular—, seguida por sucesivas privatizaciones que entregaron el control de operaciones en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, hasta terminar contratando a empresas para satisfacer servicios básicos elementales como el abasto de agua y de electricidad —todo un escándalo por la ineficacia—; o para manejar esferas sociales de primer orden como la educación y la salud. Es lo que los entendidos denominan privatización parcial.
Pero eso no ha resarcido las arcas, porque se ha revelado que más de la mitad del presupuesto se está yendo, precisamente, en pagar los contratos de esas empresas.
Según expertos, ello ha abierto puertas a una corrupción que exacerba la animadversión hacia los partidos que detentaron el limitado poder de la gobernación en las últimas décadas.
Eso, sin contar los terribles daños que dejó en 2017 el huracán María, el peor que azotara a la isla en un siglo y devorador virtualmente del sistema eléctrico nacional, sin que Puerto Rico recibiera después un céntimo de respaldo desde la Casa Blanca: no, nada desde Washington, como no fuera una escena satírica de carácter ofensivo inolvidable, émula de la frase hiriente de Hinchcliffe.
En medio de un escuálido grupo de pobladores que lo saludaban durante su única y fugaz visita a San Juan después del desastre, el presidente de entonces, el ahora candidato Trump, abrió una de las tristes cajas contentivas de «ayuda humanitaria» y, en gesto evocador de sus reales sentimientos, lanzó a los boricuas botellitas de agua y… ¡rollos de papel sanitario! que le dieron la vuelta al mundo en fotos y titulares escandalosos.
Todos esos sinsabores entrarán al juego en esta elección del nuevo gobernador.
Pese al desaliento, y a las cortapisas con que su estatus político ata la libre determinación de Puerto Rico y mantiene su condición neocolonial, estos comicios están antecedidos por un entusiasmo no visto en los años recientes.
La razón está en una movida del tablero que rompe, al menos por ahora, el tradicional bipartidismo que ha tenido en los primeros planos a los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático desde 1948, cuando el Gobernador dejó de ser nombrado desde la Casa Blanca: una práctica de la Metrópoli que hasta su obligada cesión de Puerto Rico a Washington en 1899, hizo la Corona española.
El PPD y el PNP se alternaron en el cargo desde entonces hasta hoy con siete y once elecciones ganadas cada uno, respectivamente. Sus posturas son antagónicas aunque se parecen en que ninguno apunta a la soberanía: el PNP defiende la anexión que convierta a Puerto Rico en otro estado de la Unión, y el PPD aboga por mantener la situación y no cortar el cordón umbilical.
Pero esta elección pudiera romper esa rutina. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha irrumpido con intenciones de votos que por primera vez le otorgan capacidad para «pelear» el triunfo.
Su impulso está marcado por los bríos que le ha dado su unión con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), un proceso que se venía gestando desde el año pasado y que ha cuajado en la coalición Alianza de País.
Su candidato, Juan Dalmau, ha aparecido insistentemente en las encuestas en un segundo lugar que, al filo del sábado, para algunas era ya empate técnico y hasta primer puesto.
Al principio por delante y luego palmo a palmo aparece Jenniffer González Colón, del PNP, actualmente en el poder. Lejos, en tercer puesto, va Jesús Manuel Ortiz, del PPD.
Pero el ascenso en popularidad del candidato del PIP quizá no deba entenderse, directamente, como una inclinación mayoritaria de la ciudadanía hacia el independentismo desde el punto de vista ideológico; o un abrazo que llevaría de forma expedita hacia esa posibilidad.
Analistas opinan que, sin renunciar ni esconder sus sentimientos en pro de la soberanía, Dalmau ha logrado empoderar a su Partido gracias, precisamente, a un programa de gobierno basado en el deseo de satisfacer las más sentidas demandas de las personas, entre las que descuella la promesa de luchar contra la corrupción y el calamitoso desorden económico-financiero y social, situación en la que Washington y sus leyes tienen responsabilidad ineludible.
De hecho, después de las papeletas para definir la gobernación, escoger el Congreso de la isla, y ejercer el voto simbólico por Kamala o Trump, habrá una cuarta cédula para pronunciarse en otro plebiscito no vinculante —el cuarto— que servirá a los boricuas para decir si quieren la estadidad (la anexión), la independencia, o una prórroga del ELA que, para variar, ahora llaman «soberanía en libre asociación con EE. UU.».
El llamado «plebiscito criollo» —porque ha sido promovido desde la isla, concretamente por los anexionistas, que hoy llaman a «no ser colonia» porque prefieren ser estrella de la bandera de EE. UU.— es rechazado por la Alianza de País, y sectores sociales llaman al voto en blanco porque lo consideran un engaño; una pérdida de tiempo… y de dinero.
Entre las diez principales líneas de su programa, el PIP y Victoria Ciudadana prometen convocar a una Asamblea Constitucional de Estatus con carácter vinculante, para que el pueblo ejerza su derecho a la libre determinación luego de «un proceso de negociación y diálogo, y una campaña educativa sobre las opciones descolonizadoras acordadas».
Ese sería el segundo paso hacia la reconstrucción de que hablaba el semanario Claridad. El primero se dará si el PIP y el MVC se alzan el martes con el triunfo.
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