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Unos 12 mil presos en California se declararon en huelga de hambre, la mayor cifra de reos en una protesta de este tipo en la historia reciente de Estados Unidos, difundieron representantes carcelarios citados por Colorlines.com.
Según el sitio en internet, los presos iniciaron la protesta para exigir mejores condiciones carcelarias, y el hecho apenas ha trascendido salvo en los medios locales.
La Huelga comenzó en la Unidad Especial de Seguridad en el Prisión Estatal de Pelican Bay, en California, el 26 de septiembre, y los internos de una docena de instalaciones en todo el estado se incorporaron a la protesta. De los 12.000 presos que están participando en la huelga de hambre, 3.000 internos están alojados en centros de Arizona, Mississippi y Oklahoma.
Recién en julio pasado los confinados también reclamaron sus condiciones de reclusión, que incluyen prolongados encierros en solitario.
Las fuentes añadieron que pandilleros permanecen en celdas aisladas de manera indefinida como una forma de mantener el orden y prevenir la violencia, conforme a criterios de autoridades penitenciarias, pero que los reos juzgan inhumanas.
Los presos suspendieron una huelga de hambre en julio pasado tras haber recibido la oferta de sombreros calientes, calendarios y una promesa de reconsideración del aislamiento por parte de alguaciles, que fue incumplida.
De acuerdo al grupo Solidaridad con la Huelga de Hambre de Prisioneros (PHSS, siglas en inglés) en la huelga participan numerosas prisiones de California y de otros estados del país.
Entre las prisiones de California involucradas en la protesta figuran las de Pelican Bay, Calipatria, Centinela, Corcoran, Ironwood, Kern Valley, North Kern, Salinas Valley, Pleasant Valley, San Quentin y el Centro de rehabilitación en Norco.
Además, el Centro de detención West Valley en el condado de San Bernardino. También forman parte de las protestas instalaciones penitenciarias de los estados de Arizona, Mississippi y Oklahoma.
Se cree que los presos involucrados en el movimiento podrían ser removidos de la población penitenciaria en general para ser llevados a unidades de segregación administrativa si persisten las protestas.
Familiares de los presos denunciaron la cancelación de visitas el último fin de semana con el argumento de problemas de seguridad interna. El Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR) también ha expulsado de sus oficinas a dos abogados elegidos por los reclusos para que los representen en el equipo de mediación.
«Esto es muy preocupante por decir lo menos», dijo Carol Strickman, una de los abogados del equipo de mediación a quienes se les ha sido prohibido el acceso en las instalaciones del CDCR. «Obviamente no me quiero imaginar lo peor, pero estamos legítimamente preocupados por la violencia de la administración penitenciaria.»
El viernes los dos abogados apelaron al gobernador Jerry Brown, solicitando una reunión para discutir las reformas propuestas. Todavía están esperando una respuesta. Mientras tanto, la huelga continúa propagándose.
