Acuse de recibo
Manuel Rodríguez Carmenate podría cantar la memorable canción argentina cuyo título encabeza hoy esta columna, allá en Naranjo, en Vázquez, municipio tunero de Puerto Padre.
En enero de 2012 falleció su padre, que era el titular de una extensión de tierra dedicada al cultivo de la caña de azúcar. Entonces él comenzó los trámites para la declaratoria de heredero y el traspaso de la propiedad a su nombre. Los demás herederos habían renunciado oportuna y expresamente a favor del lector.
En ese proceso no hubo litigio familiar ni intereses de terceros. A fin de cuentas, durante años Rodríguez Carmenate asumió junto a su padre y su tío —también fallecido— la siembra, atención, cultivo, corte, alza y tiro de la caña, con destino al central Majibacoa.
El remitente asegura que en los dos años transcurridos desde que comenzó sus diligencias para solucionar este problema, ha visitado alrededor de cien veces la Delegación de la Agricultura en Las Tunas, la Dirección de Tenencia de Tierra, la Oficina de Control de Tierras de Vázquez y a otros funcionarios y técnicos.
Los aludidos han prometido accionar para resolver el trámite pero, según el propio Manuel, «al parecer nadie les exige a ellos el cumplimiento de los términos y sus obligaciones. La Delegación Provincial culpa de la demora a la Delegación Municipal de Puerto Padre. Y esta, a la Delegación provincial».
La tierra que reclama Manuel está vinculada productivamente a la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Waldemar Peña, la cual dispuso de los más de 29 000 pesos que le liquidó el central Majibacoa por concepto de caña entregada por el campesino durante la zafra 2012-2013. Ni un centavo de ese dinero ha recibido Manuel —de quien dependen su madre, su esposa y sus dos hijos— y, estancado como está el proceso de declaratoria de herederos, tampoco ha podido demandar judicialmente a la referida CCS por esta deuda.
El remitente afirma que le ha planteado el problema al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia de Las Tunas, «y tampoco ha reaccionado ante lo que yo pienso sea su obligación, al tratarse (del problema) de un afiliado a la organización que él dirige».
Manuel sentencia con el estilo directo del campesino cubano: «Lo único que he hecho en mi vida es trabajar y cumplir, y lo único que he recibido es maltrato».
Juan M. Ayala (calle 108, No. 3311, entre 33 y 35, Marianao, La Habana) quedó deprimido cuando visitó el pasado 18 de enero el Instituto Politécnico de Economía Lázaro Ramón Alpízar González, ubicado en el Obelisco de 100 y 31, en ese municipio.
Ayala visitó el centro invitado por el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en el territorio, porque allí se imparten además cursos adicionales en especialidades económicas, en horarios nocturnos.
Testimonia el remitente que el estado constructivo del interior del edificio resulta estremecedor. «La sala teatro está totalmente destrozada. Ningún baño funciona, con las tuberías arrancadas y sin las correspondientes tazas de inodoros. Deterioro de tomacorrientes con peligro, a la hora de unir cables. Aulas en penumbras, puertas semidestruidas y amarradas con alambres. Barreras hechas con trozos de madera, para evitar el acceso a muchos lugares con peligros. Techos con afectaciones sensibles», pormenoriza.
«Lo triste —afirma Ayala— es que allí estudian en cursos regulares cerca de 400 alumnos, y nada menos que en la especialidad de Economía, tan necesaria para el país...». Y uno se imagina el esfuerzo que han de hacer allí para sembrar y forjar valores, normas de conducta, de higiene y decencia en semejante estado de deterioro.
«Resultan heroicos el personal docente, trabajadores y alumnos que acuden cada día a ese centro escolar. Ese inmueble se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, y ha sido permanente el movimiento de cuadros y directivos», concluye el lector, quien se encoge de hombros ante la certeza de que ahora, ante esas condiciones, resulta muy difícil exigir responsabilidades por lo ocurrido.
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