Acuse de recibo
El doctor Santiago Zas Norat (calle Prensa, No. 270, e/ San Cristóbal y Pezuela, Las Cañas, Cerro, La Habana) no puede renunciar a su ojo clínico de galeno ni a su activismo de ciudadano. Por eso le preocupa tanto la situación de la panadería localizada en la calle Prensa esquina a Daoiz, en Las Cañas, su barrio de residencia.
A la deficiente calidad del pan que, según Santiago, no cumple con el peso establecido, sobre todo el suave, se unen la mala manipulación, las incorrectas condiciones higiénicas y el trato, muchas veces inadecuado.
«Se manipula el producto a mano limpia junto al dinero. Hay dependientes que fuman mientras despachan. El pan ya elaborado se coloca sobre unas tarimas que antes eran de cerámica, pero que están cubiertas por una pintura azul que se desprende y en ocasiones la arrastra el pan. Pisos y paredes sucias…», así describe el remitente el entorno de la instalación.
Y agrega: «Para colmo de males, en dicha esquina hay tres contenedores plásticos de basura que la mayor parte del tiempo se encuentran destapados o desbordados con vectores (moscas) pululando a su alrededor, y se han convertido en un vertedero ilegal de escombro y basura. A eso añádale aguas putrefactas que muchas veces corren por allí o se encuentran empozadas».
El delicado asunto y sus posibles consecuencias epidemiológicas han sido planteados en reuniones de rendición de cuentas del Poder Popular, pero no ha habido resultados satisfactorios, refiere el doctor.
«He conversado con el presidente del Consejo Popular y me ha contado todos los problemas que tiene Comunales con la recogida de desechos sólidos (...) y que están viendo dónde sitúan los contenedores, pero ya van dos meses del planteamiento y todo sigue igual o peor», se duele el galeno.
Donde comienzan los derechos del otro, deberían terminar las atribuciones mías. Si este precepto, que de una u otra forma se maneja bastante, se cumpliera más, tal vez se evitarían muchas de las contradicciones y hasta antagonismos del día a día.
Preguntémosle si no a Cecilia Maseda Valdés, discapacitada físico motor que reside con su madre, postrada y de 82 años, en calle 76, No. 1 517, e/ 15 y 17, Consejo Popular No. 4, Playa, La Habana. Desde los primeros días de septiembre de 2013, Cecilia y su mamá sufren extralimitaciones aledañas que no tendrían por qué haberse originado.
Unos vecinos, «cuya casa colinda con la nuestra, construyeron dos columnas y una placa encima del muro perimetral de mi vivienda (…) encofrada a mi placa; o sea, al techo de la segunda planta, donde hay un cuarto. Me quejé y el día 15 del propio mes fui visitada por el vicepresidente de Control y Supervisión del Gobierno de Playa, que puso el caso en manos de las inspectoras Mayra y Raysa, quienes les impusieron a los infractores 500 CUP de multa y los apercibieron de la obligación de demoler lo hecho o se les duplicaría la multa en un término de 30 días», relata la lectora.
Pasados los 30 días y en vista de que no se había efectuado la demolición, visitó a Cecilia la compañera Magaly, directiva del Consejo Popular No. 4 que atiende viviendas. La funcionaria explicó a la demandante que los inspectores integrales deben terminar su actuación o en su defecto elaborar una carta a la Dirección Municipal de la Vivienda de Playa, para que actúe el área de la Subdirección de Enfrentamiento...
Narra la remitente que acudió entonces al Gobierno de Playa y se entrevistó con Echarte, jefe del Puesto de Mando; con Raúl, vicepresidente; y con Barroso, el presidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM); quienes «me comunicaron que volverían a mi casa, pues tuvieron en cuenta mi incapacidad, aspecto que agradezco. Aún no se ha cumplido el dictamen de las dos inspectoras», afirmaba, y todo indica que la visita del funcionario tampoco... «De esto tienen conocimiento María, la presidenta del Consejo Popular No. 4 Almendares; Barroso, presidente del CAM; así como los presidentes de la Aclifim del municipio y la provincia».
¿Quién le responde a esta capitalina? ¿Quién hace cumplir la legalidad?
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