Acuse de recibo
EL 22 de agosto de 2018, y desde Altahabana, en la capital, Luis Bravo Fariñas cuestionó aquí que el gobierno municipal de Boyeros clausurara un quiosco que habían abierto trabajadores por cuenta propia en la actividad de telecomunicaciones, para vender tarjetas y otros servicios en torno a un área wifi en los alrededores del hospital nacional Enrique Cabrera.
Señalaba Bravo que a partir de ese cierre, tenían las manos sueltas para sus tropelías los ilegales, quienes venden tarjetas a sobreprecio por la izquierda.
Y el pasado 3 de enero, llegó a nuestra Redacción una morosa carta de respuesta del doctor Eddy Betancourt Escobar, presidente del Gobierno municipal de Boyeros, fechada el 26 de septiembre de 2018.
En la misiva, Eddy señala que el quiosco se había abierto sin la autorización del Consejo de la Administración Municipal (CAM), única instancia autorizada a otorgar el permiso. Y porque quebrantaba el acuerdo 146/2011 del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana (Reglamento para el Ejercicio del trabajo por cuenta propia), que dispone que esos trabajadores privados pueden ejercer su actividad en tres lugares: su domicilio, espacios arrendados y áreas de comercialización.
También el acuerdo, añade Eddy, prohíbe y limita el ejercicio del trabajo por cuenta propia en áreas interiores y exteriores de círculos infantiles, centros educacionales y de salud, monumentos y parques infantiles.
El parque wifi 13 de agosto, de Altahabana, señala, está rodeado de centros educacionales, como la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera y la escuela primaria Ismaelillo. Y apunta que ese reglamento estipula que los CAM se abstendrán de emitir autorizaciones para el trabajo por cuenta propia en portales de uso público, áreas libres (como el caso citado) y solares yermos.
Dice que las direcciones de Planificación Física son las encargadas de emitir permisos de uso temporal de suelos, pero solo a entidades estatales, y son estas las que pueden arrendarlos a personas naturales, siempre y cuando esté contemplado su objeto social.
Asegura el Presidente que todas esas normativas fueron violadas en este caso. Adicionalmente, menciona otras irregularidades, como que el quiosco recibía el servicio eléctrico por medio de contrato con la Organización Básica Eléctrica. Y para ello, es un requisito presentar el certifico con la aprobación del mencionado permiso de uso temporal del suelo, lo cual no ha podido ser presentado en los análisis que han realizado con «los implicados».
Concluye afirmando que la medida adoptada «no es vía libre a las ilegalidades, sino rectificación y eliminación de una flagrante ilegalidad cometida, que está siendo analizada para determinar las responsabilidades de entidades y funcionarios involucrados, y aplicar las correspondientes medidas. Y está previsto concluir por nuestro Consejo de la Administración dentro del mes de octubre».
Agradezco la respuesta, pero lamento mucho que llegara a nuestra redacción el 3 de enero de 2019. Ahora sería preferible que nos pusieran al tanto de las medidas que se adoptaron en octubre pasado.
Comprendo que en este caso se violaron a ordenanzas urbanísticas muy claras, y comparto el afán de proteger ciertas instituciones del mercadeo. Nunca defenderé los «libretazos» y la ilegalidad. Pero, sin cuestionar el espíritu de ese Reglamento, habría que estudiar a fondo, y con espíritu constructivo, el alcance de dichas negativas, para que pueda haber ciertas precisiones en su aplicación.
En áreas interiores de centros escolares, de salud, monumentos y otros sitios, aplaudo las prohibiciones, las cuales, por cierto, se incumplen reiteradamente en no pocos lugares. Pero de hecho, en toda la ciudad hay negocios privados en áreas exteriores a escuelas, hospitales y parques infantiles. El asunto es delimitar a qué distancia y en qué circunstancias ya hay violación.
En materia de trabajo no estatal, con la misma intensidad con que se prohíbe esto y aquello, no siempre se promueve aquello y esto. ¿No sería sano que en torno a las áreas wifi se propugnaran sitios para los agentes de telecomunicaciones privados, que cumplen con la ley y el fisco, para cerrarles el paso a los especuladores y farsantes de toda laya por la izquierda?
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