Acuse de recibo
Qué difícil se torna a veces cumplir con lo establecido en medio de ineficiencias y burocracias institucionales. La idea, que encabeza la carta del villaclareño Jesús Ruiz Machado, aunque dolorosa, asoma más de lo que quisiéramos en esta columna.
El 14 de febrero de 2012, veían la luz aquí las cansadas letras de Jesús, narrando la odisea para poner a su nombre el teléfono que constaba a nombre de su fallecida esposa. En ese afán comenzó las gestiones en marzo de 2011. Y el 6 de febrero de 2012, casi un año después, tras 783 pesos gastados en sellos, pasajes, subsanación de errores; tras 31 visitas al bufete colectivo, tras 17 llamadas telefónicas e innumerables molestias, todavía el doliente no tenía nada en sus manos.
La gran traba de entonces era que antes de pasar el teléfono debía poseer, debidamente actualizado, el documento de propiedad de la vivienda. Pues bien, en este agosto nos arribó otra misiva del santaclareño residente en Villuenda No. 465-C, altos, entre Carretera Central y Caridad.
Cuenta el remitente que a raíz de aquella publicación fue visitado por la directora provincial de Bufetes colectivos y por el director municipal de Justicia. Reconocieron dichos funcionarios que hubo deficiencias en los servicios y tomaron las medidas correspondientes.
A partir del 23 de febrero de 2012, recomenzó Jesús las gestiones para obtener los documentos finales que le permitieran llegar al acta notarial (último papel) que lo acreditara como propietario de su casa.
«El 1ro. de agosto de 2013 la notaria me revisa la documentación y detecta que falta una copia de una subsanación de error a la declaratoria de heredero de Dora Morales González, que fue realizada por el notario Luis Walfrido Luna; me manda a un archivo que se encuentra en otra dirección, para solicitar dicho documento.
«Intento fallido, no se encuentra el documento, ya que el mencionado notario fue jubilado, y su protocolo no ha sido enviado al archivo correspondiente. Me envían a consultoría jurídica. Antes decido entrevistarme con el director municipal de Justicia. Este me recibe muy correctamente; me comunica que eso no está en sus manos, me sugiere ver a Nilo en consultoría jurídica...».
Una vez en la entidad de marras, se entera el doliente que Nilo se encuentra de vacaciones. Y que había un trámite de los solicitados que dependía de La Habana, que no era posible darle una respuesta.
Mientras tanto, en un mismo legajo, reflexiona el remitente, ha tenido que hacer innumerables gastos, pues vence su efecto jurídico, inversiones que van contra su chequera de jubilación.
«Por favor, lo que yo deseo es estar legal, ¿dónde y cómo puedo solucionar mi problema? Hoy, día 8 de agosto de 2013, hace dos años, cinco meses y cuatro días que estoy tratando de tener legalizadas mis propiedades particulares y me es imposible producto de la falta de control y responsabilidad de algunas de nuestras entidades. Espero que alguien sea capaz de darle una solución a este problema y entienda el grado de desgaste que reina en mí».
Pena. Una profunda pena produce la misiva, porque no solo deja al descubierto —como otras tantas— ineficiencias que nos corroen, sino porque además se trata de un jubilado, alguien que ya aportó mucho a la sociedad y no merece un peloteo tan grande en el que se le vaya el tiempo en que debería estar descansando, disfrutando, pasando feliz su retiro.
Esperemos que las respuestas de las debidas autoridades no transiten únicamente por reconocer que nos equivocamos y subsanaremos el error. Como hemos dicho ya en Acuse… casos así merecerían una indemnización material, de modo que los irresponsables sientan también el rigor en sus bolsillos.
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