Acuse de recibo
El pasado 2 de junio, Alberto Vialat, Olexeider Columbié, Jorge Luis Álvarez, René Guerra y Maximiliano Morales, choferes de la empresa ECAL 4, perteneciente al Grupo Empresarial Constructor de la Administración Local (Gecal) de La Habana, denunciaron aquí graves violaciones laborales de las cuales fueron víctimas.
Con muchos años laborados en esa entidad, contaban ellos que, por tener sus vehículos rotos, la administración decidió que laboraran como fuerzas de apoyo en la campaña antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti. Y ellos cumplieron la encomienda disciplinadamente durante más de siete meses.
Pero —y ese es el problema— mientras esos trabajadores cumplían la misión asignada, la ECAL 4 contrató personal nuevo para ocupar sus respectivas plazas. Y quedaron disponibles ellos, que nunca fueron sancionados y ni siquiera alertados por mal comportamiento.
La empresa les pagó el salario correspondiente a abril al 60 por ciento, y ya en mayo fueron dados de baja. Todo se hizo sin antes comunicárselo ni tampoco reunirse el comité de expertos. «¿Cómo es posible que trabajadores de hasta 30 años de labor ininterrumpida en el sector, con excelente conducta laboral, sean dados de baja sin explicación alguna? ¿Cómo es posible que la administración de una empresa tome medidas arbitrarias con sus trabajadores?», cuestionaban ellos con razón.
Al respecto, responden Hugo Márquez y Nurys Rodríguez, director general y directora de Capital Humano, respectivamente, de Gecal, que «de acuerdo con las investigaciones realizadas, se violaron los procedimientos establecidos para la disponibilidad laboral, regulada en la Resolución 34/11 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su artículo 43, el que refiere que de evaluarse que las interrupciones pueden extenderse durante dos meses y no preverse solución, el jefe de la entidad está en la obligación de tramitar la autorización de la declaración de los trabajadores disponibles que corresponda; lo que no se realizó en su momento».
Precisan que a fines de mayo se dieron diferentes pasos por parte de la administración, incluyendo variantes de reubicación para los trabajadores. «Pero al hacerse de forma inconsulta, se dejó sin validez el proceso. Es importante señalar que, aunque se les informó, no llegó a materializarse la baja de la plantilla».
Refieren que desde el 17 de junio se restableció la legalidad quebrantada, por lo cual los demandantes se encuentran en sus respectivos puestos de trabajo.
Y agregan que, como resultado de ello, se aplicaron medidas disciplinarias a los cuadros y funcionarios que no consultaron la autorización para el inicio del proceso de disponibilidad: dos demociones, una amonestación y una llamada de alerta.
Se efectuó una reunión con los trabajadores, a los cuales se les informó de la investigación realizada, y en ese intercambio se le brindó informaciones acerca de la situación de los equipos de la empresa.
Afirman que, desde el inicio del proceso hasta lo publicado en la prensa, transcurrieron seis días, y esos trabajadores no se dirigieron a su organización sindical ni al grupo empresarial. «Hubiéramos solucionado de inmediato ese evitable problema», aseveran.
Agradezco la respuesta y la solución del caso, pero inevitablemente uno se pregunta: ¿El hecho de que los trabajadores no se proyectaran internamente ante el sindicato y la administración de Gecal, acaso justifica que tal violación haya sucedido?
¿Por qué Gecal no conocía de la peregrina y aventurada «disponibilidad» aplicada a esos trabajadores y se entera de tamaña transgresión a partir de la revelación en esta columna? ¿Quién indemniza a esos choferes por el mal ocasionado? ¿Cómo en una entidad como Gecal puede violarse irresponsablemente la legislación laboral cubana? Eso es lo más preocupante…
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