Acuse de recibo
«Engaño tras engaño»; así titulé la historia contada el pasado 18 de enero por Enrique González, desde Lagueruela No. 204, entre 4ta. y 5ta., en el barrio habanero de Lawton, Diez de Octubre.
Enrique contaba que el 13 de noviembre de 2012 se había presentado en la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) de Diez de Octubre, para solicitar un dictamen técnico del portal de su casa, que estaba en peligro de derrumbe.
Ese día, dado lo inminente del asunto, le aseguraron que enviarían de inmediato al técnico de guardia. Y no fue. El 27 de noviembre Enrique volvió a la UMIV, y le dijeron que al otro día irían por su casa. Nadie fue…
El 11 de diciembre de 2012 volvió, y le prometieron que esa semana lo visitarían. Y al preguntar el reclamante qué tiempo demoraría la visita, le dijeron que, a partir de que se hace la solicitud, debía ser «en un plazo de un mes o un mes y pico».
El 15 de enero Enrique me escribió: «Han transcurrido dos meses. Pasó el mes y pico y no he recibido visita técnica. Solo engaños desde la primera vez que fui a hacer la solicitud. Y es penoso, pues se trata de funcionarios públicos. Mientras tanto, el tiempo pasa y aumenta el peligro de un derrumbe».
Al respecto, responde Renier Venereo Martínez, director de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV) en La Habana, que, «ciertamente, González fue atendido en nuestras oficinas en más de una ocasión, como bien plantea en su queja. Y por irresponsabilidad de un funcionario de nuestra entidad, quien se desempeñaba como jefe de Grupo de Diagnóstico y Emergencias, fue demorada la entrega de la solicitud hecha por el recurrente, sin justificación alguna».
Agrega que «inmediatamente de ser publicada dicha queja —la que hasta ese momento no había sido de conocimiento de la dirección de la entidad—, se visitó al compañero y se le entregó el 28 de enero de 2013 el dictamen. Y fue solicitada a la empresa Secons la ejecución de la demolición y el apuntalamiento del portal, previstas en el dictamen técnico».
Refiere que en análisis del Consejo de Dirección de la UMIV de Diez de Octubre, se decidió aplicar medida disciplinaria al responsable del Departamento, consistente en separación del puesto de trabajo a otro de menor remuneración, por haber violado el término establecido para la entrega de dicha documentación.
«No podemos permitir que este hecho pueda repetirse en nuestras entidades municipales», concluye Venereo.
El pasado 7 de febrero reseñé la demanda del productor agrícola Heriberto Escalona, miembro de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Otilio Díaz, desde el poblado Cruce El Mijial, en Nueve Palmas, Maniabón, municipio tunero de Puerto Padre.
Señalaba Escalona que desde 2009 y hasta la pasada zafra tributó 1 031 toneladas de caña al central azucarero Antonio Guiteras, las cuales no ha podido cobrar, a pesar de muchos intentos hechos en las delegaciones municipal y provincial de la Agricultura.
A propósito, responde Carlos Víctor López Villamar, director general de la Empresa Azucarera Las Tunas, que esa entidad verificó con la unidad empresarial de base Atención a Productores Agropecuarios Antonio Guiteras, y se comprobó que se le pagó a la CCS toda la caña de las zafras realizadas en 2010, 2011 y 2012.
«El no haber recibido lo que le corresponde —señala— se debe a que, aunque existe la resolución 157/2011 expedida por el Delegado Provincial de la Agricultura, que le otorga el derecho a la propiedad de la tierra al compañero, se hizo una reclamación de un familiar que la impugna, alegando derecho sobre los bienes, de lo cual Heriberto tiene conocimiento.
«El expediente de reclamación se encuentra en proceso de envío al Ministerio de la Agricultura por parte de la Delegación Provincial de la Agricultura, que es el organismo al que compete el caso.
«Hasta tanto no se presente el derecho al heredero, y el autorizo sobre la tierra, no se le puede pagar. Todo lo anterior es de conocimiento del reclamante, con quien se sostuvo entrevista, y estuvo de acuerdo con lo explicado», concluye Carlos Víctor.
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