Acuse de recibo
No pocas personas tienen criterios con respecto a lo que consideran irregularidades en el servicio de Ómnibus Nacionales en cuanto a la correspondencia que debe haber entre el viaje que hacen y el precio del pasaje.
Evelio Gómez, de calle Primera número 113, reparto Poey, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, relata que el pasado 6 de octubre, a las seis de la mañana, en la terminal La Coubre abordó un ómnibus de turismo habilitado para pasaje nacional con el número 1884. La guagua iba hasta Camagüey y Evelio hasta Ciego de Ávila. Cuando fue a pagar el pasaje, pensó que le cobrarían la tarifa hasta Ciego. Pero no. Le aplicaron la de Camagüey. Y no comprende por qué.
Dietmar Peñate va más allá. El remitente, quien reside en Unión Tercera sin número, entre María del Rosario y calle B, reparto Torreblanca, en Camagüey, relata que el pasado 10 de octubre reservó un pasaje para Santa Clara en un ómnibus que cubre el trayecto Camagüey-Matanzas, con parada oficial en Santa Clara. Y le exigieron que pagara la tarifa hasta Matanzas. Como lo consideró «una arbitrariedad», solicitó que le buscaran al jefe de turno u otro responsable que pudiera esclarecerle el asunto.
Como no estaban ni el jefe de turno ni el comercial, la vendedora le explicó que no se trataba de una medida unilateral de Camagüey, sino que constituía una resolución del Ministerio de Transporte. Y Dietmar pregunta: «Si yo reservo hasta Matanzas, abonando el importe completo del pasaje, y solo voy hasta Santa Clara; ¿qué sucede en el trayecto Santa Clara-Matanzas con el asiento que dejo vacante? Seguramente que no se va vacío. ¿A manos de quién va a parar ese dinero?». Dietmar anhela que algún funcionario del MITRANS le pueda ofrecer una respuesta convincente.
Lourdes Obelleiro me escribe para contar una típica historia de una ciudadana que cumple con el Estado y lleva tiempo esperando porque algunas instituciones de este la reciproquen.
Lourdes, de Vives 357, entre Princesa y Aranguren, en Cárdenas, provincia de Matanzas, relata que desde junio de 2003 hizo un contrato jurídico en el Bufete Colectivo de esa ciudad, para entregar un terreno de su propiedad en pleno Varadero, que tenía restricciones urbanísticas, para que le adjudicaran otro en el cercano barrio de Santa Marta.
Ella hizo todo con apego a la ley, y desde entonces la Dirección Municipal de la Vivienda y la Dirección de Planificación Física de Santa Marta, garantes del trámite, «han estado dando excusas falsas a mi abogada y a mí, y no me asignan el terreno. Vivienda plantea que depende de la asignación de Planificación Física y Planificación Física algo similar».
«¿Por qué tres años y cinco meses para asignar un terreno en Santa Marta, cuando todos los documentos están en orden y son originales, y hemos entregado al Estado el nuestro? Solo tiene una explicación: que en dichos organismos no se cumple lo que la Ley establece, ni en el tiempo que establece. Quiero que me asignen lo que me corresponde por la Ley», señala la afectada.
¿Qué hubiera sucedido si fuese Lourdes la que no cumpliera con la otra parte?
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