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El ladrón mayor en el caso Citgo es Estados Unidos. Autor: Getty Images Publicado: 02/10/2021 | 11:35 pm
Si la madeja de sanciones dictadas por EE. UU. no se desata pronto, Caracas se quedará sin nada: nuevas denuncias sobre la manera en que los usurpadores «intermedios» mal manejan las empresas venezolanas en el exterior, añaden visos de urgencia al reclamo de las autoridades de que sean devueltas.
Las revelaciones ilustran el atraco y refuerzan la legitimidad que asiste al Gobierno Bolivariano al demandar el acceso a activos incautados por Estados Unidos y la Unión Europea como sucio modo de presión política. Se trata apenas de una arista de una guerra no declarada que ahora se llama «de cuarta generación», porque es más sofisticada.
La derecha guaidocista, nombrada por Washington «administradora» de los bienes en el extranjero desde 2019 en virtud de su falso gobierno interino, ha dilapidado esos fondos y los maneja a su antojo. Por eso el reclamo del Estado venezolano no solo es justo, sino que ha adquirido carácter urgente.
En mayo de este año, por ejemplo, circuló un falso presupuesto elaborado por el clan de Juan Guaidó y que se justificaba, supuestamente, en «los gastos» del inexistente ejecutivo paralelo. Se trataba de 53 millones de dólares que se tomarían del dinero congelado. Lo más bochornoso es que debía autorizarlos el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sos CITGO
Pero los manejos turbios han puesto en peligro ahora la sobrevida de Citgo, la poderosa filial de Pdvsa asentada desde 1991 en EE. UU. con capital ciento por ciento venezolano, para sortear las tribulaciones ocasionadas por la injerencia y los manejos ilegales de los impostores administradores de la derecha.
Aunque la cúpula cercana a Guaidó lo ha negado, trascendió que su «administración» habría llegado a acuerdos de pago con presuntos acreedores de Venezuela, como la estadounidense ConocoPhillips, y Crystallex, de Canadá. Para ello usarían los fondos de Citgo, según el dictamen de un juez de Delaware que habría autorizado saldar, de ese modo, reclamaciones en litigio con el Estado venezolano desde fines de los años de 1990.
Un documento revelado hace poco adujo que la camarilla en torno al tramposo se comprometió a abonar más de 1 278 millones de dólares supuestamente adeudados a ConocoPhillips.
Según reveló el sitio web Misión Verdad, ConocoPhillps se habría propuesto, incluso, un proceso de declaración de quiebra de Citgo para proceder a su liquidación… y tomar sus activos.
Por caminos parecidos transita el destino de Manómeros, planta petroquímica filial de la venezolana Pequiven, con sede en Colombia, aunque los senderos recorridos por esta otra empresa en manos de los guaidocistas has sido más accidentados.
En su momento se denunció la rúbrica por su gerencia usurpadora de un contrato —luego rescindido— con la firma panameña identificada como
LionStreet Corp S.A., a la que se le habría cedido el 60 por ciento de las ganancias de Monómeros, reveló la publicación alternativa Efecto Cocuyo, citando a un exdiputado opositor, quien habló de «una trama de corrupción».
Más recientemente se aduce que, además, la gerencia ha incumplido algunas de sus obligaciones frente a las leyes contra el lavado de activos y la ética empresarial, y que el flujo de la caja se proyecta negativo.
Entonces resulta que Monómeros ha sido declarada en quiebra según las leyes colombianas por carecer de liquidez para cumplir el pago de sus obligaciones, y podría ser intervenida. El Gobierno de Iván Duque se quedaría con ella si avanza el «plan de rescate acelerado» que lidera la Superintendencia de Sociedades de Colombia, pues en la planta se produce más del 40 por ciento de los fertilizantes que se usan en los campos de esa nación.
Entendidos han calificado lo que ocurre como «piratería moderna». De tales intervenciones, propiciadas por las medidas punitivas de EE. UU., habló el jueves el vicepresidente de Economía de Venezuela, Tareck Al Aissami, durante una alocución en la que ratificó el compromiso del Estado bolivariano con el rescate de Citgo y de Monómeros.
«Devastaron los fondos de nuestra poderosa Citgo. Denunciamos ante la opinión pública esta operación ilegítima, contraria al Derecho Internacional, contraria a todo tipo de ordenamiento jurídico interno», declaró.
El alto funcionario señaló a Juan Guaidó como principal responsable, en complicidad con Washington, y acotó que tanto ellos como los nombrados administradores de la compañía destruyeron y desviaron fondos sin el conocimiento del Estado venezolano.
Hasta ahora, hay «garantías» sobre Citgo dadas por el verdadero timador: Estados Unidos, lo cual no hace pensar en cosas buenas.
Un dictamen de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, extendió la «protección» de la filial de Pdvsa hasta enero de 2022, lo que ha inhabilitado a los tribunales para desmembrarla como forma de pago a firmas demandantes como Crystallex y ConocoPhillips… por ahora.
Pero, ¿qué ocurrirá después?
El punto de la negociación
La incautación de bienes en el exterior, entre los que se incluye la reserva en oro depositada en el Banco de Londres, tiene congelados miles de millones de dólares y forma parte de las sanciones económicas y financieras que enflaquecen las posibilidades de maniobra del Gobierno venezolano, elevan el valor del dólar frente al bolívar, vacían los anaqueles y golpean los bolsillos del ciudadano común.
Está claro que constituye el primer frente para un Gobierno que, gracias a la resistencia popular y la fidelidad de la fuerza armada, ha salido airoso de otras agresiones abiertamente intervencionistas y hasta militares, entre las que se incluyen penetraciones mercenarias por la frontera, intentos de magnicidio y promoción de la subversión interna mediante el estímulo de la violencia, en todas las cuales ha estado la mano de EE. UU., con la venia de esa oposición derechista que, recién ahora, acude al diálogo abierto en México y se alista casi totalmente —hablo de los diversos partidos que la integran— a participar en los comicios de noviembre.
Siendo el flanco más injusto y el más dañino para la economía y, por tanto, la salud del Estado de Venezuela, es entendible que el asunto constituya el núcleo duro en la mesa de negociación, al menos para el Gobierno, porque los del otro lado tienen la mira en los aspectos políticos y lo que ellos llaman elecciones «libres y verificables», en el deseo de conseguir en las urnas la victoria que estas no les han dado.
Es esa una aspiración que deja fuera los escenarios violentos, por lo que dibuja horizontes bienaventurados a las negociaciones, siempre que EE. UU. tuerza por fin el rumbo de su política y deshaga las sanciones económicas y financieras.
Un buen paso sería, al menos, un pronunciamiento en tal sentido de parte de esa oposición dura que ahora, finalmente, conversa.
En la más reciente ronda de diálogo y negociaciones no se consiguió. Esperemos la otra. Hay esperanzas mientras la mesa esté puesta.
