Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Las «casas» se agolpan con su frágil aspecto. Sus paredes, de latones viejos y oxidados, cartones y pedazos de tablas, dejan en quien las mira una sensación de tristeza, de desamparo.

El carro de este diario no pudo avanzar. Las grietas y el estrechamiento de lo que algunos llaman calle, no lo permitieron. Hubo entonces que remangarse los pantalones hasta las rodillas y andar por complicados vericuetos.

Apenas se podía divisar el panorama, entre cuestas, atajos y cercas irregulares que iban delimitando el territorio, «conquistado» por quienes un día decidieron marcharse de sus provincias para asentarse, sin ningún tipo de condiciones, en Ciudad de La Habana.

«Mi esposo se vino pa’ acá y yo tenía que estar con él. Y aunque a veces me entra un gorrioncito tremendo por ir a Santiago, vivo contenta en mi cucuruchito», nos dijo Estrella Alarcón, quien nos regaló detalles de su historia.

Mujer voluminosa, vestía ropas ligeras y estaba acomodada en una especie de cajón en el patio. El «ranchito», como ella lo nombra, lo edificaron con tablas de pallets (cajas de madera) que encontraron dondequiera. Así, poco a poco fueron armando su pequeño espacio.

«Un hermano de mi esposo —comentó— nos cedió el terrenito en este “llega y pon”. No tenemos libreta, ni cambio de dirección. Soy ama de casa, pero con el dinerito que hace mi marido en la tarima del mercado nos las arreglamos».

Según narró, en ese asentamiento todos viven como una gran familia. «Si hay que correr con alguien, se corre; todos nos llevamos bien. No porque vivamos así somos conflictivos», resaltó.

A pesar de las difíciles condiciones en que viven, los vecinos del asentamiento de Las Piedras no se arrepienten de haber emigrado a la capital. En Las Piedras los vecinos han construido sus casitas con materiales que han recogido en basureros, y los pisos son de tierra. Allí no existen calles, sino trillos. No hay tendidos eléctricos, sino extensas tendederas. Y el agua la obtienen de unas tuberías que pasan a unos metros del «llega y pon».

Así viven cerca de 2 000 personas en ese caserío ubicado en San Miguel del Padrón, según afirmaron los entrevistados en el lugar. Todos vieron en Ciudad de La Habana el territorio luminoso donde se podía alcanzar lo que era imposible en sus lugares de origen.

Mas Las Piedras es solo uno entre 46 asentamientos ilegales dispersos en los 15 municipios de la ciudad; casi la mitad de estos, concentrados precisamente en San Miguel del Padrón.

Aunque en 1997 se implantó el Decreto 217 sobre migraciones internas hacia la capital, las «oleadas» parecen no cesar, y las autoridades de la urbe no han podido cuantificar el número de personas que han llegado a ese territorio violando esa norma jurídica.

Lo confirman no pocas historias recogidas por este diario. «En Guantánamo, por pintar uñas ganas tres pesos, y aquí, de cinco en adelante», dijo La Mora, de 29 años, que emigró hace cinco años.

«Aunque no tenemos los documentos en regla —precisó— mis hijos van a la escuela, porque eso es un derecho de todos los niños en este país».

La madre de La Mora, Ana Iris Neira del Toro, contó que ella fue la primera de su familia que emigró, a finales de los 80. Al principio vivió en Las Piedras. Después se casó y se mudó para otro barrio de iguales características: El Mirador, en el mismo municipio.

«Allá en Guantánamo trabajaba en una cooperativa sembrando frijoles. Ese tipo de labor es la que se sobra. Cuando vine pa’ acá me puse a hacer esta casita. ¿Ves eso? —señaló la parte de abajo de una de las paredes laterales—. Es un tanque metálico que yo misma piqué y abrí».

Luego llegó su nuera, Maricela Ricardo, y se unió al diálogo. «Yo vivía en Cauto Cristo, Granma, un lugar muy parecido a esto. Hace siete años me decidí y vine sola para La Habana.

«Primero encontré trabajo en la agricultura, como parte de un contingente. Después fui a trabajar en un negocio particular de hacer caramelos largos y los vendía en la calle. Un día me sorprendieron, y como no enseñé documentos, me mandaron para mi provincia. Al otro día ya estaba aquí de nuevo».

Según cifras ofrecidas por Luis Carlos Góngora, vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciudad de La Habana, y quien se encarga de este tema en esa instancia, en lo que va de año 2 397 personas que estaban ilegalmente en la ciudad se han enviado de regreso a sus provincias de origen.

Desde que comenzó a desarrollarse este proceso, en 2006, suman más de 20 000 personas, entre los que se incluyen reincidentes.

En el recorrido por el asentamiento de inmigrantes ubicado en Las Piedras conocimos a Inaidi B., que vino por iguales motivaciones a la capital.

Hoy es agente de Seguridad y Protección, pero antes estuvo vendiendo en la calle lo que le cayera en las manos. Vivía alquilada. «Por suerte —contó— ya me hice de lo mío. Traje a mis hijos y pude hacerles el cambio de dirección para la casa de unos amigos que tengo en Santiago de las Vegas».

Desde 1993 llegó también Abel de Armas, con su pequeño de tres meses de nacido y su esposa. Primero trabajó como constructor de un contingente; luego se le «apretó la cosa» y decidió dedicarse a vender en la calle lo que apareciera.

Abel confiesa sentirse muy esperanzado con que algún día los legalicen. «En este lugar ya no puede construir nadie más así como así. Está prohibido».

Cuenta que en mayo de 1996 vinieron las autoridades, «y se acordó que no podíamos permitir que más gente llegara al asentamiento a instalarse».

Este diario realizó un sondeo periodístico a un centenar de personas en Ciudad de La Habana, entre los días 23 de junio y 1ro. de julio del presente año, sobre el tema de la migración.

Fueron abordados cubanos de diversas edades, lugares de nacimiento y categorías ocupacionales. Muchos de ellos observaron las contradicciones y dificultades que entrañan los procesos migratorios.

Rita Linares, de la capital, compartió que sus amigas universitarias que están becadas no quieren irse cuando se gradúen. «Dicen que pa’ atrás ni pa’ coger impulso, porque aquí hay más ofertas de trabajo. Pero si la situación de la vivienda es compleja para los habaneros, imagínese para los que desean quedarse. Alquilado no se puede vivir eternamente, y las permutas casi nunca se dan».

Entre las causas migratorias expresadas en el sondeo resaltan las escasas propuestas culturales y la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Así piensa Aracely Bermúdez, de 32 años, residente en Plaza de la Revolución. «Si tu familia es de monte adentro, como es mi caso, puedes darte cuenta de la diferencia».

Pero los entrevistados reconocen que los migrantes llegan a una ciudad sin condiciones de infraestructura para asimilarlos.

«La migración es buena porque cada quien busca estar donde se sienta mejor, pero es mala si, cuando vienen, no tienen condiciones y se hacinan en una casa, hacen barbacoas, o viven en cualquier “llega y pon”; eso no está bien», sostienen.

Otros encuestados relacionan estos procesos con el incremento de las conductas marginales. La estudiante de Medicina Valia Martínez, quien reside desde hace 15 años en La Víbora, Ciudad de La Habana, considera que la migración ha traído consigo el aumento de esos comportamientos.

Entre los aspectos positivos de las migraciones, los entrevistados destacaron que las provincias receptoras se benefician con aquellas personas que poseen un alto nivel profesional.

En el caso de la capital, mencionaron como ventajas que algunos empleos generalmente son ocupados por esa fuerza que inmigró. Al mismo tiempo se coincidió en que eso será bueno en la medida en que sea un proceso controlado.

Otros apuntaron que resultaba negativo que los territorios emisores se queden sin fuerza laboral. «En el campo es donde se produce. Si todos emigran, ¿quién trabaja la agricultura?», reflexionó Danny Pérez, trabajador por cuenta propia, natural de Artemisa, en La Habana.

David Pérez, quien habita en Ciudad de La Habana hace 20 años, aportó otro elemento: «La migración es negativa para la capital, porque esta no puede garantizarle condiciones de vida a todo el mundo. Pero gran parte de los emigrantes vienen por necesidades de este territorio, y luego esas personas se quedan».

Durante el sondeo se destacó la preocupación porque se expanda la idea de que los inmigrantes son los culpables de todo lo malo que sucede en la capital.

«A ellos no se les puede culpar de que aumenten los delitos, las barbacoas o de la escasez de vivienda. Y es lamentable que se les ofenda con términos peyorativos, porque son tan cubanos como tú y como yo».

Lo anterior lo consideró el capitalino Raymundo González, de 60 años, quien refirió que para él fue triste escuchar, en la euforia popular de un juego de pelota de Industriales contra Santiago de Cuba, cómo la gente insultó a los contrarios diciéndoles «palestinos», como si llevar esa nacionalidad fuera algo denigrante.

«No solo deslució el espectáculo; lo que más me preocupa son los sentimientos que pueden estar detrás de este calificativo», opinó.

El estudio muestra que existe una tendencia generalizada a identificar el término «palestino» con las personas del oriente del país que emigran a la capital sin tener creadas las condiciones básicas para ello. Un número menor no tiene claro si el término es usado también con emigrantes de otras provincias. Y existió consenso en considerarlo como una forma despectiva de llamar a quienes llegan en busca de oportunidades. Una lamentable ignorancia de las causas y consecuencias del conflicto de ese pueblo árabe.

Parte de los entrevistados apuntó, sin embargo, que aunque la migración puede resultar molesta, esas personas siguen siendo un segmento desfavorecido de nuestra sociedad, que busca mejorar sus condiciones de vida, empleando medios en correspondencia con su nivel cultural y socioeconómico.

«La migración se vuelve negativa porque no existe una infraestructura diseñada para soportar esa carga poblacional. A eso se le suma la cuestión cultural, en la que se produce un choque subjetivo, pues a pesar de que se dice que Cuba es un ajiaco, los cubanos no siempre estamos preparados para asumir la convivencia Occidente-Oriente», manifestó Nayibis Díaz, de Villa Clara.

Cuando en 1997 se puso en vigor el Decreto 217 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre migraciones internas hacia la capital, este intentaba contener el desproporcionado arribo de inmigrantes que la inundaba.

Pero los especialistas coinciden en que una norma jurídica amortigua, pero no frena los procesos. Según explicó a JR Rosa Oliveras, psicóloga del Grupo de Desarrollo de la Ciudad, la migración actual es directa.

«Antes la gente iba del campo al municipio, de ahí a la cabecera provincial, y por último hacia otra provincia. Hoy vienen del campo directo para acá, sin sitios intermedios. Y la vida prueba que no hay decreto que los contenga».

Para Luis Carlos Góngora, vicepresidente del gobierno en la Ciudad, el Decreto, como mecanismo regulatorio, tiene plena vigencia. «Quizá se le podrían hacer algunas modificaciones relacionadas con los trámites, para que sean más expeditos, como en el caso de las personas que antes residían y ahora deciden retornar.

«También el principio de la excepcionalidad podría tener mayores especificidades y se pudieran introducir otras variables que nos puedan describir causas y razones, o conocer cuáles eran sus profesiones antes de mudarse.

«El Decreto puede perfeccionarse y se han venido haciendo propuestas en esa dirección. Es importante, por ejemplo, que no solo se consideren los metros cuadrados de una vivienda o las relaciones de parentesco, sino también el estado constructivo de esa edificación.

«Se han presentado fisuras a la hora de analizar las excepcionalidades, porque interviene el factor subjetivo; por eso hay que fortalecer el sistema de inspección para reevaluar los casos que se aprueban.

«Ahora se piensa automatizar el sistema de registro de vivienda, lo que permitirá tener un trabajo más eficiente, y se podrán evitar ciertos problemas, como vecinos que, por una suma de dinero, han inscrito en reiteradas ocasiones en sus casas a inmigrantes que no viven ahí».

—¿Cuáles son las mayores contradicciones que ha generado la aplicación del Decreto 217?

—El principal problema que nos hemos encontrado es que algunos violan la regulación, o se dejan sobornar. Se han generado dificultades con niños cuya familia está ilegal, pero aun así tienen que ir a la escuela, o está el recién nacido que no recibe los productos normados porque sus padres no poseen libreta de abastecimiento. Todos esos casos se atienden casuísticamente por el presidente del Gobierno municipal.

Para Miguel Coyula, arquitecto del Grupo de Desarrollo de la Ciudad, esas personas vienen buscando oportunidades económicas. «Él sabe que va ilegalmente a La Habana, por tanto, lo primero que hace es desmarcarse del sistema legal. Entonces tú no sabes lo que llega a la ciudad, porque entra en la oscuridad, a sabiendas de que está violentando lo establecido.

«Son personas osadas. Se convierten en ciudadanos invisibles ante la ley y ante todo. Como no se pueden incorporar a la economía formal, se quedan en la informal, y venden alguna cosa, ponen en su casa un tallercito... Los recursos salen de la economía formal», expresó Coyula.

En el asentamiento de Las Piedras los vecinos han construido sus casitas con materiales que han recogido en basureros. No existen calles, sino trillos, No hay tendidos eléctricos, sino extensas tendederas Según explicó a JR el doctor Pablo Rodríguez, del Instituto de Antropología del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, toda comunidad humana genera un sistema de normas de convivencia, que a veces no tienen nada que ver con las instituidas legalmente.

«Las personas que viven en asentamientos ilegales se mueven por redes de apoyo. En algunos de esos sitios hay hasta toponimias vinculadas a grupos familiares: la zona de los Sánchez, la de los González...

«Si sigues la ruta de los cordones de electricidad, hallarás vínculos familiares o de amistad. Ellos vienen, se enganchan a la electricidad, la tiran para una casa, y desde allí se empieza a ramificar.

«Igual ha pasado con los terrenos. “Esta área la cogí, para acá viene mi familia, y le doy un pedazo para construir”. Pero llegó el momento en que el terreno comenzó a escasear y empezaron a venderlo.

«Hace cuatro años, un grupo de especialistas realizamos una investigación en el asentamiento Alturas del Mirador, en San Miguel del Padrón. En aquel entonces un terreno para construir una choza valía 5 000 o 6 000 pesos. Posiblemente ahora esos precios estén más altos, porque tienen la expectativa de que los van a legalizar».

—¿Qué consecuencias ha traído la implantación del Decreto para estas comunidades?

—Estas personas están en un vacío legal, viven en una suerte de hueco negro de ciudadanía. Las autoridades no pueden darles estatus legal, pues la ley lo prohíbe, y ellos están ahí, han ocupado un espacio que debe haber sido propiedad de alguien.

Para Pablo Rodríguez, en la capital existe una tendencia a etiquetar a esas personas. «No hablo de las barreras legales que tienen para acceder al trabajo, a servicios básicos, sino de las representaciones de la gente y de la conducta que hay detrás de las representaciones.

«Eso no se puede permitir. Por encima de cualquier complejidad que tenga el problema, ellos son cubanos. A partir de ese principio, cualquier cosa es negociable. Nunca contribuir a reproducir más etiquetas».

Para el doctor Rodríguez, una de las formas para intentar resolver la situación de esas comunidades sería establecer un diálogo con sus habitantes. Él considera que la peor variante es eternizar en el tiempo el espacio ilegal, porque puede acarrear peores consecuencias.

Una variante, según el especialista, puede ser la propuesta de reinserción en zonas de desarrollo en otros territorios del país, donde se necesita fuerza laboral a partir de las nuevas inversiones.

La clave del asunto —opina— sería darle participación a esas personas que llevan numerosos años en un limbo legal. «Hay que evitar tomar decisiones que generen reacciones o mecanismos disfuncionales».

Para Pablo Rodríguez, además pueden aplicarse otras fórmulas intermedias, como proponerles proyectos con un mínimo de recursos que promuevan su reorganización, incluso su regreso en otras condiciones. De lo que se trata es de no hacer un análisis esquemático del problema.

Luis Carlos Góngora explicó que se prevé enfrentar a largo plazo el problema de esas personas, porque la ciudad tiene otras prioridades pendientes.

«Los asentamientos se han estudiado y el principio es tratar de que no crezcan, esa es una condición en que estamos haciendo partícipes a los mismos moradores.

«De manera experimental se han escogido algunos barrios para ir haciendo algunas transformaciones con la participación de quienes lo habitan. Pero primero hay que trasformar esos asentamientos y después se pensará en qué hacer legalmente con esos moradores».

Ante la evidente rearticulación de los procesos migratorios hacia la capital, Góngora y su asesor Ricardo Aportela coinciden en que el desarrollo en otras provincias modificará este comportamiento, como sucederá también entre los municipios de la ciudad.

«Si no se hacen más cosas en otros municipios de la propia capital, señaló Aportela, las personas se van a trasladar hacia aquellos que crean más luminosos».

Sobre la escasez de fuerza laboral en aquellos sectores que hasta el momento se han cubierto con trabajadores de otras provincias —algo que de alguna manera ha estimulado también las corrientes migratorias hacia Ciudad de La Habana— Góngora comentó que se trazan estrategias para revertir esa situación.

«Estamos empeñados en lograr una mayor atracción hacia las áreas que presentan déficit laboral con residentes en la ciudad.

«Recientemente se crearon tres grupos de trabajo integrados por miembros del Gobierno y las organizaciones políticas y de masas para captar a esas personas. El trabajo se desarrollará a nivel de territorio. Ya se conocen las cifras de necesidades por municipio y se está definiendo qué hay que transformar desde el punto de vista educacional para que se asegure la formación continua de los oficios de más demanda laboral.

«En la construcción, por ejemplo, se propone que las escuelas de oficios de la ciudad preparen de manera masiva a ese tipo de obrero. Están previstos además los aseguramientos que acompañan estos procesos de captación, porque en el caso de los policías se les tiene que hacer un chequeo médico y hay otro tipo de requisitos.

«Igualmente se trazan estrategias de comunicación para que esos trabajadores tengan mayor nivel de reconocimiento social».

—¿Tiene la capital suficiente capacidad laboral para asumir la retirada de esas fuerzas?

—La tiene, lo que sucede es que muchos de los que viven aquí no quieren ocupar esos puestos y la demanda en la capital en esos sectores siempre es mucho mayor que en el resto del país. Las inversiones en la construcción son mayores y el aseguramiento policial para mantener la seguridad pública en la capital de una nación siempre es más elevado. Esa migración organizada hacia estas profesiones se debe a esta realidad.

(Agradecemos la colaboración de Sara Cotarelo, Elayna L. Espina y Nelly Osorio)