Otro palestino muerto en cárceles israelíes, pero el régimen sionista ni siquiera se inquieta. Sabe que las denuncias hechas durante años por organizaciones de derechos humanos internacionales caen en saco hueco.
Maysara Abu Hamdiyeh es el segundo palestino que fallece bajo custodia israelí en lo que va de 2013. Con 64 años, padecía de cáncer, pero los médicos solo le suministraban analgésicos, según su abogado.
Aún así, ahora el portavoz del gobierno israelí, Ofir Gendelman, tuvo la desfachatez de asegurar que los palestinos prisioneros en cárceles israelíes «reciben el mejor tratamiento médico».
Tel Aviv nunca atendió los pedidos de liberación para Hamdiyeh hechos por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), aún cuando sabía que estaba enfermo. El ensañamiento sionista con este luchador palestino llegó al extremo de no permitir que ninguno de sus cuatro hijos lo visitaran en su peor momento de salud. Nunca antes, desde 2002, cuando fue encarcelado, le respetaron este derecho.
Como siempre, las potencias occidentales y países que apoyan y sustentan el sionismo, se tapan oídos y ojos ante la política genocida de Tel Aviv. Ahora, una vez más, como el avestruz, siguen sin sacar la cabeza de la tierra.
A finales de febrero, Arafat Jaradat, de 30 años, murió después de un interrogatorio. Padre de dos niños de dos y cuatro años, Jaradat fue arrestado por el Ejército ocupante bajo la acusación de tirar piedras a los colonos israelíes, ilegalmente asentados en Cisjordania. El servicio de inteligencia israelí, el Shin Bet, explicó que este joven palestino había muerto a causa de un paro cardíaco, sin ofrecer más detalles que ayudaran a esclarecer el deceso de un joven que rebosaba salud cuando fue apresado.
Posteriormente, ratificando las acusaciones de familiares, una autopsia reveló que Jaradat había muerto a consecuencia de la extrema tortura sufrida en prisión: su corazón estaba completamente sano y no había evidencia de daño o debilidad de ningún tipo, pero mostraba graves contusiones en la espalda, tres costillas rotas, hematomas a lo largo de la columna vertebral, en ambos lados del pecho, los brazos y en el interior de la boca, y sangre por toda la nariz.
La política criminal de Tel Aviv con los prisioneros palestinos no tiene límites. A inicios de este año, organizaciones no gubernamentales palestinas, defensoras de los derechos humanos, denunciaron que la dirección de prisiones del régimen israelí estaba suministrando medicamentos de uso veterinario para tratar algunas de las afecciones de los reclusos palestinos.
Actualmente, unos 5 000 palestinos se encuentran en las cárceles israelíes y carecen de derechos elementales para la vida, como agua, alimentos, atención médica, educación, visitas y defensa jurídica.
Incluso, muchos carecen de un juicio en proceso, ya que ni siquiera las autoridades israelíes han levantado cargos. No pueden. La mayoría ni siquiera ha tomado un arma, solo ha protestado pacíficamente contra la ocupación y el robo de sus recursos naturales.
Según el Consejo de Organizaciones palestinas de Derechos Humanos, el Comité Público contra la Tortura en Israel y Médicos por los Derechos Humanos-Israel, desde 2001, se han registrado más de 750 denuncias de torturas y malos tratos en contra de la Agencia de Seguridad Israelí. Pero hasta el momento, este órgano no hecho ni una sola investigación penal.
Le ampara la impunidad que le confiere el Tribunal Supremo de Justicia, que aunque en 1999 dictaminó prohibir la tortura durante los interrogatorios, dejó claro que sí podía ser utilizada por «necesidad de defensa» y en aquellas situaciones en las que el preso sea considerado «potencialmente peligroso».
Precisamente, dos semanas antes del asesinato de Jaradat, la Corte Suprema rechazó una solicitud —no es la primera— para que se grabara y filmara los interrogatorios, con el objetivo de cumplir con las exigencias de la Convención Internacional contra la Tortura, ratificada por Israel. Pero para Tel Aviv no hay documento que frene su campaña de aniquilación contra el pueblo palestino.
El pueblo palestino, harto de la política de exterminio sionista, salió a las calles a protestar por la muerte de Maysara Abu Hamdiyeh. El mismo sentimiento está encerrado tras las rejas: 4 600 presos palestinos en cárceles israelíes, casi la totalidad de los reclusos del pueblo de Arafat, realizan una huelga de hambre.
Tel Aviv respondió, como siempre, con represión y violencia. De seguro, encarcelará a más inocentes en sus mazmorras, aunque carezca de argumento legal. Y como siempre, la ONU y la Corte Penal Internacional de La Haya hacen mutis.
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