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Assange con uno se sus hijos y con Estela Morris, su compañera, quien acusa a EE.UU. de destrozar a su familia. Autor: Twitter Publicado: 10/10/2020 | 11:05 pm
Desde las atrocidades en Irak y Afganistán, los ilegales programas de vigilancia mundial, el empleo de la tortura en la prisión de la CIA y el Pentágono en la ilegal Base Naval de Guantánamo, y muchos crímenes más de Estados Unidos, debieran estar en el banquillo de los acusados en el tribunal de Londres que prolonga la persecución contra Julian Assange, cuyo «delito» ha sido revelar las bestiales e impunes transgresiones del imperio.
La cacería del periodista australiano fundador de Wikileaks comenzó en 2010, cuando esa plataforma dio a conocer al mundo el video Collateral Murder, 38 minutos de testimonio documentado por las cámaras de dos helicópteros estadounidenses AH-64 Apache que el 12 de julio de 2007 abrieron fuego contra un grupo de iraquíes en una calle de Bagdad: fueron asesinados 12 civiles, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
La analista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning, fue acusada de filtrar ese material militar clasificado y muchos otros más a Wikileaks. A Manning la encarcelaron y la condenaron a 35 años en prisión, un proceso donde la tortura física y sicológica fueron inútiles instrumentos de presión para doblegar a esta prisionera política y de conciencia, hasta que el presidente Barack Obama le conmutó la pena en 2017. Pero la administración Trump, la regresó a la cárcel en 2019 por «desacato al tribunal», tras negarse a responder preguntas ante un jurado para inculpar a Assange.
El tortuoso proceso político contra el periodista australiano ha incluido falsas acusaciones desde Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, y la felonía del actual Gobierno de Ecuador, que renegó del asilo político que le protegió durante siete años en la Embajada del país andino en Londres; aunque en el actual proceso en el Old Bailey se ha conocido un escandaloso complot de espionaje en la Embajada, que Estados Unidos ni ha negado, ni ha confirmado, pero que ha sido destapado y con testimonios fehacientes.
Como elemento «legal» para el acoso, la administración Trump pidió a Gran Bretaña, formalmente, la extradición de Julian Assange amparada en la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Fraude y Abuso Informático. Lo acusan de conspirar para hackear computadoras del Gobierno y divulgar ilegalmente información clasificada y sensible de seguridad nacional; y ese pedido es el que se debate en la corte londinense. Si los jueces británicos ceden, el cofundador de Wikileaks enfrentaría un proceso con 17 acusaciones, que podría significar una posible condena de 175 años de prisión.
Y no hay que echar a un lado que en el clímax de las revelaciones de Wikileaks, algunos prominentes republicanos y el actual presidente Donald Trump, pidieron su ejecución.
Tras todo ese acorralamiento, la venganza como motivo para juzgar y condenar a Assange, pero también amedrentar a quienes desde el dictado de su conciencia filtren las verdades de las guerras sucias de Estados Unidos y de sus aliados cómplices, y a periodistas y prensa que las publiquen.
Diez años de implacable cerco han afectado seriamente la salud de Assange. El año pasado, Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, calificó repetidamente los efectos acumulativos sobre Assange como una forma de «tortura sicológica».
La compañera de Assange, Stella Moris, ha dicho que sus dos hijos «necesitan de su padre», y acusa a Estados Unidos de destrozar a su familia. Denuncia también la petición de extradición como «un ataque frontal al periodismo».
Morris, abogada sudafricana, dejó claro en un comunicado leído fuera del Old Bailey — el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales—, el basamento o las amañadas razones por las que su compañero sigue perseguido y atormentado: «Está en prisión porque informó de crímenes y atrocidades reales cometidos por una potencia extranjera. Esa potencia extranjera le ha arrancado su libertad y destrozado a nuestra familia. Ese poder quiere ponerlo en detención incomunicada en el agujero más oscuro de su sistema penitenciario por el resto de su vida».
Morris habló en medio de los temores sobre la propagación de la pandemia de la COVID-19 en la prisión de Belmarsh, donde Assange está recluido desde que la Policía Metropolitana de la capital del Reino Unido lo sacara a la fuerza de la Embajada ecuatoriana en Londres, en abril de 2019, y lo mantiene en encierro, «culpable» de no entregarse a la corte y bajo una sentencia del pasado mayo de 50 semanas en prisión.
El actual proceso de extradición fue pausado en septiembre dado que hubo casos de COVID-19 en el equipo de abogados de Estados Unidos, tras su reanudación recién acaba de conocerse que tras escuchar a la defensa del periodista, la sentencia o veredicto de la jueza británica Vanessa Baraitser sobre la extradición o no del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, la dará a conocer el 4 de enero, lo que sumará dos meses más de prisión «preventiva» para Assange, quien nunca ha sido declarado culpable, pero a quien no se le ha permitido gozar de libertad bajo fianza, y lleva ya más de diez años de encierro, asilado o encarcelado.
Pero enero de 2021 tampoco será el fin del camino, las apelaciones de una u otra parte, según el fallo de la jueza, tomaran los estrados.
Para el tribunal de los pueblos queda claro la persecución políticamente motivada de Washington y su ansiedad por hacerle un juicio en Estados Unidos que jamás tendría que ver con la verdadera justicia.
Mientras tanto, seguirá deteriorándose el estado de salud de Julian Assange que, según declararon varios siquiatras padece «un trastorno del espectro autista» que incluye tendencias suicidas…
Lo señaló Stella Morris: «Es una lucha por la vida de Julian, una lucha por la libertad de prensa y una lucha por la verdad». Ello requiere la movilización mundial y una condena a los múltiples y reiterados crímenes de guerra de Estados Unidos en su persistente proyecto de dominar el mundo a cualquier precio y sin importarle el costo de vidas y de la destrucción de no pocas naciones por la acción de sus letales bombas o por la no menos letal actividad de las sanciones económicas.
