Colombia también es presa de «crisis humanitaria»

Cierto o no, el inquietante titular del pasado domingo, que encabezó la portada del diario colombiano El Tiempo y según el cual se preparaba un atentado contra el líder del hoy partido político FARC, Rodrigo Londoño, no logra acallar el estupor causado por las denuncias de que diez líderes sociales habían sido asesinados en la primera decena de días de 2020 —¡uno por día! ٳ— cifra estremecedora que este miércoles 15 ya llegaba a 19.

La alegada participación en el presunto plan de asesinato de Timoshenko (el alias de Londoño) de dos excomandantes de la guerrilla que, aduciendo el incumplimiento de la paz, saltaron los Acuerdos y volvieron a las armas, bien podría servir para cubrir desde ya un hipotético crimen que estremecería a Colombia y haría estallar de una vez lo pactado; pero también sería útil para acallar el clamor de justicia por tanto activista social muerto, y desviar la atención del punto donde estén los autores.

Carlos Lozada, senador por el partido FARC, lo vio así en su cuenta de Twitter: «Independientemente de quién esté detrás del intento de asesinar a Rodrigo Londoño, el hecho sirve a los intereses de la ultraderecha y de quienes necesitan enrarecer el ambiente para ocultar el escándalo de las chuzadas II (escuchas ilegales) y el fracaso del gobierno de Iván Duque».

El mal viene de atrás. Los líderes sociales asesinados totalizan 400 en los últimos tres años. Y muchos señalan que quedan con vida miles por proteger, porque las medidas implementadas no funcionan.

El exterminio de dirigentes de organizaciones populares no se detiene ante nada. Su ritmo se incrementa y salta las barreras de cualquier «consideración»: entre las víctimas fatales de estos días hay una mujer de 70 años.

Los observadores más «condescendientes» achacan lo que puede denominarse ola criminal, a que el ejército no ha enviado tropas a custodiar los enclaves donde antes se asentaba la guerrilla, y sitios en los que ahora pululan, dicen, «grupos delincuenciales» que ven a los activistas «como un obstáculo para sus acciones criminales», aseveró el fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González, a la revista Semana, que publicó un enjundioso dossier sobre el asunto.

Es esa la tesis también del presidente Iván Duque, quien acaba de agradecer a la Fiscalía el trabajo que permitió establecer que la mayoría de esos crímenes, y los cometidos contra guerrilleros desmovilizados y defensores de los derechos humanos, «provienen de estructuras que responden a carteles de narcotráfico, grupos armados organizados y a los promotores de la minería ilegal».

Otras voces, sin embargo, acusan con fuerza a escuadrones armados ilegales que antes conformaban lo que se conocía como paramilitarismo (¿todavía no lo son?) y que, presuntamente, se habrían desmovilizado en un dudoso proceso realizado durante el Gobierno de Álvaro Uribe, reaccionario opositor de la paz, y titular del Centro Democrático donde milita Duque: además, su mentor.

Pero, aunque los activistas muertos pertenezcan a organizaciones diversas que van desde los afrodescendientes a los campesinos, es imposible dejar de ver el fondo clasista (no digo que sea obra de la oligarquía) del problema, en tanto se trata de acabar con todo aquel que se organice para defender los derechos de los desposeídos. Eso también tiene un trasfondo de dominación, y ello, un sentido político.

Duque, acorralado durante todo diciembre por movilizaciones que exhiben demandas económicas y sociales, pero que también exigen que se cumplan los acuerdos de paz (que incluyen la atención a ese campo donde se asesina), reconoce que hay que actuar «con más contundencia».

Los amenazados, mientras, pagan el mal hacer con sus vidas, y seguro rezan, pero no claudican, aunque ello les cueste ser víctimas de esto que el movimiento Marcha Patriótica ha denunciado ya como «crisis humanitaria» en Colombia.