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Bajo una fuerte represión, las manifestaciones continúan en Chile a un mes de iniciarse el estallido social en reclamo de mejoras sociales que solo reciben tibias respuestas del gobierno para apaciguar el malestar popular.
Desde que se produjo el estallido social el 18 de octubre, el país ha vivido innumerables sucesos, con protestas sociales casi constantes, la declaración del estado de excepción, toques de queda, desmanes, violaciones de los derechos humanos por las fuerzas policiales y el ejército.
Para apaciguar el malestar social el presidente Sebastián Piñera presentó una agenda social con tibias medidas que hasta ahora no pasan de los anuncios o se quedan muy por debajo de las expectativas de la población, que reclama cambios radicales para el país.
Uno de esas exigencias es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y plebiscito que abran el camino a la redacción de una nueva constitución.
Obligados por la fuerte presión social, la coalición de partidos de derecha y algunos de la oposición alcanzaron el viernes último un acuerdo para una nueva Constitución, que significa un paso de avance, pero con limitaciones que no satisfacen a la voz de la calle.
Los detractores de esa iniciativa advierten que el acuerdo fue construido por diputados y políticos de escasa credibilidad sin contar con la opinión del movimiento social, y el mantenimiento de un sistema de votación de dos tercios para lograr acuerdos, que podría obstaculizar los cambios de mayor envergadura.
En consecuencia, Unidad Social, el movimiento que encabeza las protestas populares, así como sindicatos, gremios profesionales y organizaciones estudiantiles y sociales, llamaron a continuar las movilizaciones en las calles para reclamar que el gobierno cumpla con sus demandas.
Las protestas sociales han estado marcadas por la fuerte represión de militares y carabineros contra manifestaciones pacíficas, que ha sido denunciada por entidades nacionales y personalidades internacionales como violaciones flagrantes de los derechos humanos, críticas que el gobierno ha pretendido minimizar.
Sin embargo, las cifras dicen lo contrario: 25 fallecidos, varios de ellos por responsabilidad directa de los uniformados, más de 2 300 heridos (solo en los hospitales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo visitar), y de ellos alrededor de 230 con graves lesiones oculares por perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas.
También el INDH reportó más de 6 300 detenidos, incluyendo cientos de niños y adolescentes, y son cientos las denuncias y querellas judiciales por detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales.
La crisis política y social que vive Chile mella profundamente la credibilidad del presidente Sebastián Piñera, que apenas tiene 13 por ciento de respaldo a su gestión mientras que casi el 80 por ciento de los chilenos lo rechaza.
Tampoco se salva de la mala valoración su gabinete, a pesar de que el mandatario hizo cambios en ocho ministerios el 28 de octubre, lo que incluyó como elemento más significativo la salida del muy cuestionado ministro del Interior, Andrés Chadwick, y otros miembros del denominado «núcleo duro», remplazados por caras jóvenes. Pero aún así la medida, también provocada por la conmoción social, fue calificada por la gran mayoría como un simple maquillaje que no fue más allá de un cambio de rostros para intentar mantener las mismas políticas.
Un mes después del estallido social detonado por un aumento de los pasajes del metro de Santiago, el desenlace de la crisis sigue siendo incierto, pues en lo inmediato la calle continúa reclamando medidas perentorias y elementales como aumento de salarios y pensiones y mejoras en la salud y la educación públicas, pero las respuestas están en veremos.
A más largo plazo se vislumbra una nueva Constitución que pudiera aportar cambios profundos al país si el movimiento social, cohesionado, logra evitar que su contenido sea mediatizado por quienes desde el gobierno y la derecha anuncian su disposición a «cambiar», para que todo siga igual.
