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Parecería una vuelta a las primeras décadas del siglo XX, pero es una realidad de hoy. Este jueves 5 de diciembre, en más de cien ciudades de Estados Unidos, los empleados de las cafeterías de comida rápida hacen huelga por dos derechos humanos que se les niegan desde los consorcios que controlan el negocio y por las leyes permisivas de un país que da la espalda a su población menos favorecida.
Son miles y siguen la protesta que el viernes pasado hicieron los empleados de la gran cadena de tiendas Walmart. Los de McDonald’s, Burger King y Taco Bell piden también un aumento del salario mínimo para poder hacer frente a sus necesidades socioeconómicas básicas y quieren, porque lo necesitan, el derecho a sindicalizarse, a unirse organizadamente para defenderse ante el gran capital.
Esos trabajadores, que junto a los de servicios de limpieza y obreros agrícolas en cosechas estacionales, así como empleados del transporte, están probablemente entre los peor pagados, tienen también como característica que proceden en su mayoría de segmentos poblacionales especialmente explotados: inmigrantes y afroamericanos.
Estas son algunas cifras de quienes hoy salen a la calle y enarbolan los carteles con sus derechos. Son números oficiales del Buró de Estadísticas Laborales: 1,57 millones de personas ganan el salario mínimo; 1,98 millones hacen incluso menos; si tienen menos de 20 años y supuestamente reciben propina, todavía se les paga menos. La edad promedio de los empleados en comida rápida es de 29 años y más de un cuarto de ellos tienen a su cargo hijos; el 64 por ciento de quienes ganan salario mínimo son mujeres.
Muchos son los inmigrantes que llegaron buscando un sueño y se han encontrado con una vida dura y persistentemente ubicada en la pobreza o cercana a sus límites, aun cuando esta sea menos cruda que la que dejaron en sus países de origen. Entonces, se entrecruza con las peticiones económicas el clamor porque cesen las deportaciones y se apruebe una reforma migratoria prometida y no cumplida…
La víspera, el miércoles, el presidente Barack Obama hizo un discurso que estuvo dirigido en buena parte a la clase media. El estado de bienestar que permitió su auge, sobre todo luego de la segunda conflagración mundial que solidificó a Estados Unidos como la primera potencia, se desvanece poco a poco en este nuevo siglo, se escurre en un país endeudado, donde estallan burbujas especulativas, se esfuman las bellas casitas suburbanas de las películas hollywoodenses por el arte de birlibirloque de las hipotecas bancarias y crece el número de los homeless (al punto de que ya se les conoce así a los sin casa en el idioma universal).
Ese panorama se completa con una cobertura de seguros médicos cada vez más reducida y ante ello, un grupo mayoritario de legisladores no permite que pase una ley que podría mejorar esa situación; los recortes para la educación en este último año han dado motivo a marchas de maestros, padres y estudiantes de las escuelas públicas de los barrios de menores ingresos, aunque no reciben el beneficio de salir en las primeras páginas de los mayores periódicos o en los noticieros estelares de las grandes cadenas de TV.
Con razón salió Obama con su afirmación «la peligrosa y creciente desigualdad ha puesto en peligro» el fundamento de la clase media y es «el mayor desafío» que enfrenta el país. No solo se trata de la clase media, y muchos dudan de la voluntad de enfrentar el reto.
