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Para el cierre del actual ciclo de conversaciones que llevan a cabo en La Habana las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, previsto para el próximo domingo 13 de octubre, tampoco se vislumbra el alcance de un acuerdo sobre participación política.
Al responder este martes a preguntas de la prensa sobre ese particular, Iván Márquez, jefe de la representación guerrillera, afirmó que «todavía no, aún se está construyendo».
De esta forma se descarta que pronto culminen las discusiones en torno al segundo punto de la agenda, en el que trabajan desde hace cuatro meses. Hasta ahora ambas partes solo han logrado acuerdos en el primero de los cinco puntos, el desarrollo agrario.
Antes, en su alocución diaria ante la prensa, Márquez leyó un documento en el que las FARC-EP acusan al ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, de querer «hacer estallar en pedazos» los diálogos de paz, luego de culpar a la insurgencia de conspirar con un organismo europeo de derechos humanos, contra el general retirado Freddy Padilla de León.
Padilla de León, ex embajador de Colombia en Austria, luego de ocupar los más altos cargos militares durante los mandatos de Álvaro Uribe, está siendo acusado de ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y graves violaciones a los derechos humanos por el Centro Europeo de Constitucionalidad y Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional.
Las declaraciones de las FARC-EP surgen a raíz de las acusaciones del Ministro de Defensa en el taller internacional sobre Derecho Internacional Humanitario, realizado en la ciudad de Cartagena, donde culpó a la guerrilla de urdir las denuncias contra Padilla.
«Se equivoca nuevamente el Ministro de la guerra», dijo Márquez en referencia a Pinzón, a quien también acusó de siempre intentar «hacer estallar en pedazos los diálogos de paz, negándonos la condición de opositor político».
El titular de Defensa «no habla en la línea discursiva del Gobierno», sino subordinado al ex presidente Álvaro Uribe, a quien consideran el enemigo público número uno de la paz y de los diálogos.
«El descrédito e inoperancia de la justicia colombiana» llevaron al Centro Europeo a pedir que este asunto sea investigado por la Corte Penal Internacional. Con el logro de la paz, afirman las FARC-EP, resulta imperativo hacer prevalecer la soberanía jurídica sobre la injerencia internacional.
