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La nacionalización de las cementeras es una acción estratégica para el desarrollo de esta nación bolivariana

Al mediodía de este miércoles, el propio presidente Hugo Chávez anunció que «el Estado venezolano ha asumido el control y la operación de las plantas, propiedades, oficinas y demás activos de la CEMEX en el país, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento».

En su comparecencia televisiva, Chávez expresó, no obstante, que confía en que pueda llegarse a un entendimiento final y definitivo para la compra de CEMEX por parte del Estado, antes del 26 de septiembre próximo, fecha fijada en el acuerdo. «La negociación se tiene que orientar a determinar el precio justo, dijo, que es lo que queremos y pagaremos».

Ambas partes llegan hasta aquí con la intermediación del Embajador de México en Caracas, y gracias a la voluntad del gobierno venezolano, expresada en una serie de reuniones y mesas de trabajo, presididas por Ramón Carrizález, vicepresidente ejecutivo de la República, con representantes de la empresa mexicana. Así lo hizo saber Chávez.

Resulta que CEMEX fue la única, de las tres grandes transnacionales del cemento que operan en el país, con la que no fue posible llegar a un entendimiento para el traspaso de sus acciones al gobierno venezolano, contemplado en el decreto para la nacionalización de esa industria, acción que se materializó el 19 de agosto último, tras la rúbrica de sendos memorandos de entendimiento con las empresas Lafarge, de Francia, y Holcim, de Suiza.

Entonces, se logró una negociación transparente y exitosa, que abrió una nueva etapa en las relaciones de trabajo con estas dos empresas, de las más prestigiosas a nivel mundial.

Fue también una transacción justa, toda vez que el Estado venezolano quedó como dueño del 89 y el 85 por ciento de las acciones de Lafarge y Holcim, respectivamente, lo que devuelve a los hijos de Bolívar lo que es suyo; aunque ellas continúan como accionistas minoritarias, en el proceso de reorganización de la industria, en un sistema integrado de trabajo en interés de la nación, principio que ha estado presidiendo todas las negociaciones.

Pero CEMEX no aceptó ninguna condición para el traspaso. La expropiación era el único camino, algo que se concretó en las primeras horas del martes 20. La medida respondió, entonces, a la culminación del plazo de 60 días que estableció el Decreto Ley de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento. Y a ella se llegó porque «el precio que estaba pidiendo la empresa mexicana, de más de

1 300 millones de dólares por su emporio, estaba por encima de su valor real. El Estado había adquirido a Lafarge y Holcim por 890 millones de dólares», precisó el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana.

El anuncio de la nacionalización de las cementeras lo había hecho ya el Jefe de Estado venezolano en abril de este año, como parte del programa del gobierno revolucionario de poner al servicio del desarrollo del país, en interés de la nación, todo lo que está privatizado. Todo ello forma parte del proceso de fortalecimiento del poder nacional que revisa, rectifica y reimpulsa la Revolución.

El cemento, reiteró Chávez, es un elemento estratégico para el desarrollo del país. Lo necesitamos para los planes de construcción de viviendas e infraestructura, bajar los costos, asegurar el suministro de materias primas a los venezolanos de menos ingresos y residentes en las zonas más intricadas de la nación, y es, también, un asunto de soberanía nacional.

La nacionalización de las cementeras busca impulsar un plan de construcción para acabar en unos ocho años con el déficit de viviendas, estimado por diversas fuentes entre 1,5 y 1,8 millones de casas.

Las cementeras exportaban alrededor del 70 por ciento de la producción, una tendencia que las autoridades estiman afectaba los planes nacionales de desarrollo.

Los pitiyanquis, la oligarquía venezolana, advirtió, están enfrascados en que el Estado fracase en todos estos esfuerzos. Ahí tenemos un reto. Ahora, los resultados tienen que ser mucho mejores, no solo desde el punto de vista financiero, sino en lo social, las relaciones con los trabajadores, el impacto de estas empresas en su contexto, el tema ecológico...

Vamos a demostrar, concluyó, que el Estado nacional, que la República Bolivariana puede ser, y lo es y lo será, exitosa en la administración de todas estas empresas, y más, mucho más que el sector privado.

Y si alguien duda de que ello sea posible, los trabajadores sindicales han asumido el compromiso de transformar la industria cementera, en interés de las mayorías. El Colectivo de Trabajadores en Revolución de la Unión Nacional de Trabajadores (CTV-Unete), se pronunció a favor de la nacionalización y de las 26 leyes promulgadas en el marco de la Habilitante, al mismo tiempo que condenó la «guarimba económica» dirigida desde la oposición y la oligarquía venezolana.

El Colectivo de Trabajadores en Revolución de la Unión Nacional de Trabajadores se pronunció a favor de la nacionalización y del propósito de transformar las cementeras en función de las mayorías. La decisión, afirman sus principales dirigentes, profundiza el camino de la revolución industrial hacia el socialismo, devolviéndoles al pueblo y al Estado aquellas industrias estratégicas privatizadas en los gobiernos neoliberales anteriores.

Esa es la voz del pueblo, de los trabajadores. ¿Puede alguien dudar de que Venezuela siga dando pasos vitales, en sus propósitos de rehacer el país, desde la Revolución Bolivariana?