Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El objetivo último no es dar barato, sino asegurar la comida a todos con la producción nacional venezolana

CARACAS.— La cola, pequeña, avanza rápido atendida en las tarimas por las inconfundibles y diligentes muchachas bolivarianas —también muchachos— de pulóveres y gorra rojos.

Los camiones con los alimentos llegaron al salir el Sol, y todos saben que mucho antes de que se esconda el astro rey ya se habrá terminado su carga, despachada con prontitud en mostradores improvisados en un callejón.

—Y usted, ¿va a llevar pollo? —pregunta Carmen Elena, confundiéndome con otra usuaria.

Laguna de Lídice es el nombre de este «altísimo» sector (barrio) desde donde puede contemplarse buena parte de la ciudad: abajo, el centro, en una llanura que rodean los cerros, siempre escoltados de nubes tan cercanas que a veces parecieran tocarse... como aquí, en La Pastora, una de las parroquias que conforman el combativo municipio Libertador, la zona antes más relegada de Caracas.

De sus alturas bajó buena parte de la marea humana que «rescató» la constitucionalidad exigiendo el regreso del secuestrado presidente Hugo Chávez el 12 y 13 de abril del año 2002, cercenando el golpe de Estado que encabezó el luego en fuga Pedro el Breve.

Lo que usted vaya a buscar allí siempre lo encuentra. Sus calles estrechas y serpenteantes ora bajan, ora suben hasta llegar a la cima, que a ojos vista y sin acudir a la cartografía, podría ubicarse entre las más altas de la capital.

Sin pizca de ansiedad, hombres y mujeres aguardan su turno en la «fila». Mientras lee un periódico, Otilio repasa mentalmente el surtido que le han encargado en casa.

—¡Siempre venimos; mi mujer o yo. Aquí es mucho más barato! —asegura, sin complejos machistas.

Pastas, caraotas (frijoles), mantequilla, se ven a precios mucho más asequibles que en las redes comerciales donde todo es de marca. La calidad, sin embargo, no baja.

Carmen asegura que la mayor demanda está en el pollo, el aceite, café, azúcar y arroz. También «sale» mucho la leche: el paquete, que en otro lugar puede costar hasta 20 bolívares, aquí vale apenas cinco. Es la comida subvencionada que el Estado vende para compensar a los segmentos sociales de menos recursos.

—En un «operativo parroquial» —como se le denomina—, «atendemos en un día hasta a 2 000 personas», explica la muchacha, quien a pesar de su juventud administra la cooperativa familiar que atiende cuatro «bodegas» móviles similares a esta.

Vale la pena visitar, cada día, una localidad diferente por lejana que esté.

—Empezamos a las siete de la mañana, y ya al mediodía apenas queda nada —asegura.

Encargada de llevar el récord de productos vendidos y otras cuentas, Carmen Elena calcula que en un día, su cooperativa puede vender hasta 4 000 toneladas de comida.

El pasado fin de semana, la red MERCAL (Mercados de Alimentos) reportó la venta de 680 000 toneladas en 20 estados mediante estos operativos, una suerte de pequeñas ferias itinerantes que se mueven por todo el país, facilitando a los vecinos el acceso cómodo a renglones básicos, con precios al alcance de los bolsillos menos gruesos.

El programa se puso en marcha hará unos cinco años, como parte del esfuerzo del proyecto bolivariano por alcanzar una justicia social cuyo perfeccionamiento sigue siendo meta.

Surgidos después, los PDVAL pisan los talones de los «mercalitos» y hay quienes como Alexander —un chofer que frisa los 30 años y, por su aspecto, es amante del buen comer— los prefieren porque siempre están en el mismo sitio y abiertos hasta tarde.

—Lo que usted vaya a buscar allí siempre lo encuentra, ¡vale!

Iniciativa de una PDVSA rescatada de las manos oligárquicas y que por eso puede emplear ahora en el pueblo las ganancias que deja el petróleo al país, los PDVAL se rigen por la Gaceta y adoptan los llamados precios solidarios. Sin embargo, allí siguen siendo bajos en comparación con los «super».

Cualquiera piensa que «mercalitos» y «pdvales» son más atractivos en las últimas semanas, ante el ligero aumento decretado por el Gobierno en los precios de una decena de renglones, y la «liberación» de otros que sacó del tope establecido para garantizar que no falten de las vidrieras.

Pero Carmen Elena niega.

—La gente sigue viniendo como siempre, hay mucha afluencia, es lo habitual. Aunque es cierto que aquí los precios no se han movido, permanecen idénticos.

En una economía mixta como la venezolana, aunque el Estado sea el ente rector participan productores privados, cuyos ingresos no los estaban resarciendo de los costos de producción de determinados alimentos. Seguir así habría redundado en una baja de la oferta con el nocivo efecto de un desabastecimiento al que el Gobierno ha dicho «no». Para evitarlo, se regularon los precios.

También —¡cómo soslayarlo!— pesan factores externos que gravitan hoy sobre toda economía. Cualquiera podría entender el aumento decretado en Venezuela para el pan blanco y las pastas, entre otros productos elaborados con la harina, cuando se sabe que el importante derivado del trigo ha incrementado sus precios a nivel mundial en un 152 por ciento durante los dos últimos años, a tenor con el disparado precio de los productos del agro. Aumento del barril del petróleo y deterioro ambiental se dan la mano y nos hacen víctimas hoy de la empobrecedora crisis alimentaria.

De tal suerte, el pan blanco junto a las pastas y aceites constituyen algunos de los productos que registraron aquí leves aumentos, acordados luego de distintas reuniones de los entes estatales con el sector privado.

Sin embargo, los grandes industriales del pan no están actuando en consonancia con una medida dictada por el Estado para que recibieran en correspondencia con sus gastos de producción, y estimularlos a mantener la oferta en el mercado.

El último viernes, dirigentes de la bolivariana Federación Nacional de la Harina acusaron al emporio empresarial del pan de bajar la calidad de las «canillas» —como llaman aquí a nuestras «libras» o «flautas» de pan— y provocar, ex profeso, su ausencia en los mostradores de los expendios durante las horas-pico, en alegada maniobra que adivinan como un intento más para desestabilizar al país.

No deben sorprender los malos pasos: son los ricachos de FEDECÁMARAS, la misma Federación de Empresarios e Industriales encabezada en 2002 por el fallido presidente de facto y liderzuelo del golpe, Pedro Carmona Estanga.

Por demás, el denunciado deseo incendiario de esa agrupación está a tono con el ostensible propósito de la oposición política reaccionaria de crear el caos, frente a las elecciones regionales de noviembre.

Más allá de coyunturas y medidas para garantizar la seguridad alimentaria —es decir, el acceso de los ciudadanos a la alimentación—, el derrotero final del Gobierno bolivariano en este, como en otros rubros, es dotar a Venezuela de una capacidad de producir que le permita no depender de las importaciones.

La tarea podría no resultar fácil para un país que, se afirma, todavía compra afuera alrededor del 80 por ciento de lo que su gente come y que, al llegar la Revolución Bolivariana al poder, tenía buena parte de las tierras en manos de latifundios improductivos contra los cuales aún lucha.

Cinco de los decretos promulgados este mes, a tenor con los poderes que le dio al ejecutivo la ley Habilitante, tienen que ver con el agro, e inobjetablemente hará primeros beneficiarios al grueso de la sociedad, llevando a pique las ganancias abusivas de los ricos y explotadores productores privados. Por eso, reitera Chávez, la oposición quisiera un golpe otra vez, y denosta de las legislaciones.

Plazos más largos a esos mismos productores para que paguen sus deudas con la banca, facilidades al Banco Agropecuario para que conceda más préstamos a los campesinos pobres, establecimiento de la reserva alimentaria como un deber gubernamental, así como la regularización del sistema ratificando el papel rector del Estado en la producción de alimentos, están incluidos en los decretos.

A la par, el agro se industrializa. El último viernes, Chávez acaba de inaugurar en el estado de Miranda la planta procesadora de plátanos Argelio Laya, una fábrica socialista para la producción de harina a partir de ese fruto, y de donde saldrán también exquisitos tostones que fueron degustados por el Presidente.

«La agricultura es fundamental para la vida de un pueblo. Llegará un día en que seamos autosuficientes en alimentación», proclamó.

En medio de tanta explosión de comida fiambre, los trabajadores de la Argelio Laya aseguran que sus tostones aportarán, sin embargo, una buena dosis de proteínas y serán de muy buena digestión.

Y lo mejor: cuando los compradores locales lean el rótulo de los paquetes, podrán decir con orgullo: «Cónchale, compadre, esto es “Made in” Miranda».