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Mayas guatemaltecos realizan ceremonia de limpieza de los malos espíritus dejados por Bush en su visita al templo en Iximche. Foto: AP SAN JOSÉ, marzo 15.— La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica prevé este jueves la concreción de la primera demanda de una empresa estadounidense contra un país centroamericano, en el ámbito del Tratado de Libre Comercio.
El pleito, desatado en Guatemala, involucra a la administración del presidente Oscar Berger y a la empresa Ferrovías, subsidiaria de la compañía norteamericana Rail Development Corp, señala PL.
En el capítulo de solución de controversias, el tratado establece que cualquier conflicto comercial será llevado ante un panel de arbitraje con representantes nombrados por los gobiernos y los implicados deberán acatar su resolución, recordó el gremio tico.
Según lo pactado en Washington, en el caso de que Guatemala sea culpada de incumplir con sus obligaciones y de no proteger la inversión estadounidense, quedará sujeta a sanciones e incluso a compensar los daños a la firma afectada.
Desde hace una década, la firma fue autorizada por el gobierno para servirse de las 12 locomotoras de la compañía estatal Ferrocarriles de Guatemala con el fin de que prestara beneficios de transportación en el territorio.
Considerando amenazada su inversión, directivos de la Rail Development Corp no descartaron la posibilidad de llevar la disputa a un panel de arbitraje en el marco del tratado establecido con cinco países de la región y República Dominicana.
Una ex funcionaria estadounidense que negoció el acuerdo bilateral, Regina Vargo, fue contratada por Ferrovías para asesorarlos en el pleito judicial, según medios de comunicación guatemaltecos.
Estos aseguraron además que la empresa presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, alegando el incumplimiento de la concesión por parte del Estado guatemalteco.
La queja incluye a su vez que su contraparte incumplió con el derecho de vía, al no desalojar a los invasores en la línea y no aportar al fideicomiso los recursos provenientes del arrendamiento de las instalaciones ferroviarias ubicadas en Puerto Barrios, Izabal.
Si finalmente Ferrovías decide llevar su caso a un panel de arbitraje, este sería el primero que se analizaría en el marco legal establecido por el tratado con Estados Unidos, recordaron las fuentes.
