«Venga, sea parte de la experiencia», me dijo Analala. Colocó en mi espalda una mochila con 12 kilogramos de peso y me indicó subirme a una de las bicicletas estacionarias disponibles para ello. «Tome los audífonos. Durante 15 minutos, mientras pedalea, escuchará ruidos propios de la calle y los testimonios de algunos jóvenes que trabajan de repartidores de aplicaciones móviles como Glovo, Rappi, Uber Eats y otras. Sea uno de ellos».
Accedí al experimento Promesas sobre ruedas, una de las actividades del programa de la 9na. Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en junio último. Fue realmente interesante. Durante ese tiempo, sudé mientras pedaleaba y sentía en mis espaldas el peso promedio que carga una persona repartidora en cualquier día de trabajo. Atentamente escuché en mis oídos vivencias disímiles de muchachos que optaron por esta alternativa y hoy reclaman derechos laborales elementales.
La crisis económica ocasionada por la pandemia propició que no pocos jóvenes decidieran emplearse en esta actividad. También llamados glovers o deliveroos, no son asalariados, sino trabajadores autónomos. Ellos deben asumir los impuestos y los gastos de transporte, y colaborar con las aplicaciones móviles. Según establece el mecanismo, existente en varios países, de cada entrega, la aplicación móvil se queda con el 30 por ciento de su precio, que luego reparte entre los conductores.
Las razones por las que eligen este tipo de labor tienen que ver con el horario flexible, compatible con otros trabajos o con los estudios, así como con la posibilidad de permanecer con el hijo o la hija, como les sucede a varias madres solteras empleadas de esta forma. Se sienten su propio jefe, pero al mismo tiempo ello atenta contra la protección y seguridad que todo trabajador requiere, como derecho elemental.
El experimento interactivo del que formé parte me permitió saber que ahora estos conductores de bicicleta o moto han decidido crear una plataforma para defender sus derechos laborales, pidiendo mayor volumen de trabajo que les favorezca el ingreso de ganancias y, a su vez, garantías de bienestar como el pago de un seguro en caso de accidente durante la realización del servicio.
Ajena a esa realidad, le formulé muchas preguntas a
Analala, una de las coordinadoras de la actividad en el evento. Ciertamente preocupa que este grupo de la población, queriendo ejercer su derecho de autonomía económica, realice una labor de beneficio colectivo y luego, a nivel individual legal, queden desamparados.
En Cuba, sabemos, funciona diferente. Incluso antes de la propagación de la COVID-19, muchos restaurantes y cafeterías en el país utilizaban la modalidad de entrega a domicilio para satisfacer la considerable demanda que tenían o porque no disponían de las condiciones para el consumo en su local, pues debía siempre encargarse comida para llevar.
No se solicita el servicio a través de una aplicación, sino a través de una llamada telefónica directa al establecimiento, donde se toma su pedido y luego es enviado a su destino con un costo adicional, en dependencia de la distancia.
Mandao, por ejemplo, figura hoy como la primera aplicación cubana de entrega de comida a domicilio, creada en septiembre de 2019. Luego surgieron otras en La Habana como PaMiCasa, Mercazona, Zaaz Bicimensajería, Encarguito y e-Ver. En cualquier caso, no comercializan los bienes, solo los transportan cumpliendo normas de higiene y de traslado.
En todos los casos, insisto, se garantizan sus derechos laborales, pues para eso el Código del Trabajo ampara también al trabajador por cuenta propia, incluso si se trata de la licencia de maternidad.
Basta con solicitar la licencia para el ejercicio de la actividad por cuenta propia y pagar cada mes a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Así se aseguran derechos laborales y de seguridad social, pues una vez que se es contribuyente, se tiene derecho a prestaciones de ese tipo y a aquellas relacionadas con la vejez, la invalidez total temporal o permanente o en caso de muerte, a su familia.
No es el sector estatal o no estatal el que define los derechos a los que aspiramos. Es el pensar en todos, porque todos nos servimos entre nosotros mismos, y tenemos derechos, y por tanto, deben disfrutarse.
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