La frase del Apóstol llameaba en la memoria mientras asistía esta semana a un análisis sustancial para la nación de ahora y del futuro. «En los pueblos libres el Derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismos, el Derecho ha de ser popular».
Tan fundamental resulta, que su abandono podría prefigurarnos otra Cuba, sin eso que Armando Hart, en su afán de afianzar un diálogo de generaciones, llamó en algún momento el eje del bien «antibushiano»: la cultura, la ética, el Derecho y la política solidaria.
En opinión de este revolucionario e impetuoso predicador martiano, quien violente la ley en Cuba, cualesquiera que fueran los propósitos que tenga, nobles o no, le abrirá el camino al imperialismo.
Un reciente artículo suyo abordó la trascendencia de la histórica Constitución del 40, como expresión de una tradición jurídica criolla muy poderosa, que hoy, y sobre todo hacia el mañana, estamos en la responsabilidad de hacer predominar.
Esa herencia del Derecho ha tenido tanta influencia en el devenir cubano, sostiene Hart, que de violentarla flagrantemente le han nacido a Cuba dos revoluciones. La primera tras la prórroga de poderes del dictador Gerardo Machado, y la otra tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista.
Podría agregarse que los actos libertarios en el archipiélago nacieron en ley, desde que en los potreros de Guáimaro la contienda independentista naciente se ajustó a Constitución. Desde entonces un civilismo y una civilidad casi inauditas, por la forma en que surgieron, distinguieron todo gesto patriótico y emancipador.
El civilismo ha quedado incluso como marca beligerante en la memoria nacional, pese a que nació ante un ejército —el mambí— que representaba las mejores ansias de Cuba: libertad y justicia.
Sería lamentable que el desconocimiento o la subestimación de hechos semejantes alimente una herejía histórica, una profanación de la lógica del desarrollo: que en vez de a una revolución —fuente de Derecho— como ocurrió hasta ahora, la ignorancia o la irreverencia a la ley abra brechas a la contrarrevolución.
Entonces el Derecho se prostituiría definitivamente, dejando de ser fuente de justicia, única forma honrosa y revolucionaria de legislarlo, demandarlo y ejercerlo.
Un sustancial foro del Polo de las Ciencias Sociales hace encrespar estas meditaciones, al analizar los resultados de una indagación del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, que valoró los resultados de la estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la cultura jurídica de la población, a partir de la percepción social.
La investigación revela una vez más los déficits que persisten en este campo, y los riesgos que ello implica para Cuba y su Revolución porque, como bien se advirtiera en el encuentro, el Derecho es transversal, y por lo tanto atraviesa todo en nuestra sociedad.
El sociólogo Juan Luis Martín, Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias y coordinador de este vital espacio, pensado para contribuir a la toma de decisiones, meditaba que una sociedad vive en sus normas, en la plena conciencia de sus deberes y derechos. Vale agregar que una revolución vive, y perdura en los derechos que consagra, y en las instituciones que los refrenden y defiendan.
Y la carencia que muestra el estudio lleva a ciertas preguntas: ¿Alguien en desconocimiento de las leyes, de sus deberes y derechos, está en capacidad de ejercitarlos? ¿Podrá honrar adecuadamente unos, o hacer valer consecuentemente los otros? Las respuestas a estas interrogantes son fundamentales para que una cultura política de la participación ciudadana reverdezca, y lo haga en la forma que no pocos asistentes consideraron como la «mejor cultura jurídica». Para que, como advirtió José Martí, el derecho sea claro, y esté en honda posesión de un pueblo que aspira a ser por siempre dueño de sí mismo.
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