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Madelín y Helen Autor: Juventud Rebelde Publicado: 11/12/2018 | 09:18 pm
«SI tengo que elegir una tarea, pues te digo que ser juez de ejecución es muy bonita, porque te permite vincularte con esas personas que reciben el beneficio de cumplir sanción fuera de un establecimiento penal y ayudar a su reinserción social», expresó la licenciada Helen Hernández Pozo, quien se desempeña como presidenta en funciones del Tribunal Municipal Popular Plaza de la Revolución.
El juez de ejecución, encargado del control, influencia y atención a sancionados que cumplen en libertad, fue implementado en Cuba desde hace 15 años. Su labor se complementa con la de otras instituciones y organizaciones, y tiene la responsabilidad de organizar y hacer cumplir ese proceso.
Helen confiesa que está enamorada de su profesión. Aunque su primera vocación eran las lenguas inglesas, hoy no se arrepiente de transitar por los caminos del Derecho. Como actual presidenta en funciones del Tribunal Municipal Popular Plaza de la Revolución necesita estar preparada en todas las materias y asume lo mismo un caso penal, civil, económico, y por supuesto no se ha separado de la labor del juez de ejecución.
«Cuando me gradué comencé a trabajar en una dirección municipal de Justicia en la provincia de Pinar del Río; en 2015 me trasladé a La Habana y comencé de jueza en el municipio de Diez de Octubre; en 2017 fui designada como presidenta del Tribunal Municipal Popular del Cerro, y desde el 3 de septiembre de este año soy presidenta en funciones del Tribunal Municipal Popular Plaza de la Revolución. Y te digo, no me arrepiento de haber pedido esta carrera cuando terminé el preuniversitario.
«Desde que asumí la responsabilidad en el Cerro comencé a desempeñarme como jueza de ejecución, y también lo hago ahora. Es una experiencia especial. Hay que analizar cada caso, pues todos son diferentes. Ver sus condiciones familiares, actitudes, estar siempre claros del delito que cometieron y sobre todo propiciar que la oferta laboral, que está en concordancia con las condiciones del territorio, se avenga con su situación.
«Cuando uno conversa con ellos y se les explica: “Vas a tener la posibilidad de recibir un salario que te permitirá mantenerte, ayudar a tu familia y abonar el pago de la responsabilidad civil por el delito que cometiste”, y te entienden, lo asumen y se comprometen; es una labor importante, que realizo con mucho orgullo», significó.
—¿Y cuando no da resultado y vuelven a cometer un delito?
—Es un fracaso, pero son la minoría. Desde la comparecencia, que es el inicio del proceso, se les dice qué pueden y qué no pueden hacer. Deben cumplir su horario laboral, tener una adecuada conducta en su comunidad, mantener a su familia. Generalmente los ubicamos en trabajos vinculados con la labor estatal; no es que no puedan trabajar por cuenta propia, pero en el centro de labor hacemos una presentación, con todos los factores del centro —dirección, sindicato, organizaciones políticas— para que sepan qué tipo de persona es el nuevo trabajador, y ayuden también a su control.
«Por ejemplo, si se les ubica en un puesto laboral no se pueden mover hacia otro sin nuestro consentimiento. Tenemos que hacer una labor de seguimiento, y en ello tiene que estar el apoyo de todos», subrayó.
Helen es joven; al preguntarle cuánto de experiencia aporta en el plano personal trabajar con estas personas, asegura que mucho, pues cualquiera puede cometer un error. «Uno conoce muchos casos, y esto lo vas incorporando. En ocasiones son personas que reinciden una y otra vez, pero hay quien se equivocó, cumple sanción por haber cometido un delito y se observa su arrepentimiento. Cualquiera puede ser responsable de cometer un error y reconocerlo. Eso nos ayuda a incorporar conocimientos y estas historias a nuestro vivir», expresó.
Labor de toda la sociedad
«Esta labor humaniza, demuestra cuánto se puede hacer por la inserción social de estas personas, y lo más importante del juez de ejecución es lograr la participación coherente de todos los factores, organizar y exigir calidad», expresó la licenciada Madelin Perea Gordillo, presidenta del Tribunal Provincial Popular de Artemisa.
«Lo principal es eliminar las causas y condiciones que puedan favorecer que la persona, lamentablemente, vuelva al centro penitenciario, y fortalecer el control social informal en el cual desempeña un papel fundamental la familia, la comunidad. Las diversas organizaciones políticas y de masas resultan imprescindibles para el trabajador social. El éxito está en que no regresen al centro penitenciario, y es la minoría la que lo hace.
«El delito es un fenómeno social y por eso nuestro criterio es que la sociedad es la máxima responsable de involucrarse y resolver ese problema», afirmó.
—Sin embargo, estas personas pueden ser rechazadas en su entorno, tanto en el barrio como en el centro laboral donde son insertados.
—Lamentablemente las personas delinquen, pero no por ello hay que llamarlos delincuentes. Hay quien comete un error y el deber de la sociedad es ayudar a que lo enmienden. Ahí es donde radica la fortaleza del trabajo del juez de ejecución; no es solo hablar directamente con el implicado, conocerlo, saber de su carácter, su entorno, su familia, sus debilidades, sino involucrar a todos los factores.
«Cuando comienza el proceso se realiza una primera comparecencia, en la que están la Policía Nacional Revolucionaria, la Dirección Municipal de Trabajo y las organizaciones sociales y políticas. Allí se define el camino que se debe seguir.
«Se organiza una estrategia de control personalizado, que no tiene que ser la misma para todos, pues depende del tipo de delito que haya cometido la persona y sus características. Se hace una presentación en la comunidad y otra en el centro de trabajo que lo va a asumir. Se requiere de un control permanente; los mejores resultados se logran cuando se realiza adecuadamente el control y seguimiento por parte de todos los factores».
—¿Alguna experiencia personal como jueza de ejecución?
—Ahora dirijo un tribunal provincial popular, pero cuando trabajé en el municipio tenía un universo de controlados y adquirí muy buenos conocimientos en esa labor. Por ejemplo, el hecho de comprometer a la familia en el proceso de reinserción de esa persona y ver cómo juntos enmendamos su conducta es una experiencia única.
«Fueron muchas las experiencias y hubo momentos en que sentí que me laceraban. No hay nada más lamentable que conversar con una viejita que decía ser abuela o madre de un controlado que había que devolver a prisión porque volvió a fallar. La principal víctima de estos casos es la familia.
«A veces es alguien muy joven y hay que socializar con sus allegados y buscar las causas para tratar de facilitar otras relaciones que puedan ayudarle a corregir su conducta, para lo cual puede ser muy útil el vínculo con sus nuevos compañeros de trabajo.
«Considero que uno de los logros más importantes de la Revolución en materia penal es esta tarea con personas que una vez cometieron un error», destacó.
Por todo ello, un juez de ejecución no tiene solo que dictar sentencia, sino que debe poseer, más que ningún otro trabajador del Derecho, un amplio sentido de lo justo, imparcialidad, transparencia, honestidad y humanismo.
Madelin y Helen tienen bien claro que un juez de ejecución debe poseer un amplio sentido de lo justo, imparcialidad, transparencia, honestidad y humanismo.
