Lecturas
La guerra de liberación, iniciada el 24 de febrero de 1895, se consolida durante los meses de mayo y junio. La caída en combate de José Martí, «el alma del levantamiento», como lo definió Máximo Gómez, significó una pérdida irreparable para la Revolución, pero Antonio Maceo demostraba, en Oriente, la pujanza de la insurrección con su imparable campaña jalonada por las victorias de Jobito, Peralejo y Sao del Indio, a donde llegó en marcha forzada a fin de rescatar a su hermano, el general José, gravemente enfermo. Hazañas que hacían que el territorio fuese quedando en manos de las fuerzas mambisas y que obligaba al enemigo a moverse en grandes e inoperantes columnas.
Mientras tanto, Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador, debilitado y agotado por la fiebre, cruzaba el río Jobabo y penetraba en Camagüey, con lo que demostraba que la Revolución era una realidad irreversible y plenamente viable. Sale triunfador en el combate de Altagracia y luego de manifestar su respeto a Salvador Cisneros Betancourt, expresidente de la República en Armas, que se halla en la manigua, se apresta a iniciar, apenas sin recursos, lo que llama la campaña circular, con el propósito de poner en pie de guerra el territorio y lograr que los jóvenes, atraídos por su fama, se incorporen al Ejército. Se mueve constantemente en torno a la ciudad capital y se anota éxitos notables en El Mulato y San Jerónimo, combates en los que se hace de 9 000 tiros. Obstaculiza la vía del ferrocarril Camagüey-Nuevitas, ataca el poblado de Cascorro y hostiga los convoyes que se mueven entre Guáimaro y la ciudad cabecera. El número de hombres que conforma la fuerza de Máximo Gómez se duplica en solo dos meses de campaña y la Revolución es una realidad en el legendario Camagüey. El Generalísimo puede sentirse orgulloso.
Las cosas van bien asimismo en las inquietas Villas, donde la contienda, que se había iniciado en abril, cobra relieve con el desembarco, el 24-25 de julio, de la expedición de los mayores generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff que llegaba con gran cantidad de pertrechos de guerra y un elevado número de hombres que reforzarían a los ya alzados en armas, entre los que sobresaldrán jóvenes que se harían célebres, y a veces tristemente célebres en la Cuba republicana, como José Braulio Alemán, José de Jesús Monteagudo —«Chuchú»— y Gerardo Machado, mientras que una figura de mayor relieve, que combatió en la Guerra Grande y en la Chiquita, se destacará en Sancti Spíritus: José Miguel Gómez.
Escribe el historiador Oscar Loyola: «La expedición Sánchez-Roloff, al decir de Máximo Gómez, constituyó uno de los acontecimientos trascendentales del año 1895, y con ella se consolidó la guerra anticolonial. En agosto de ese año, en pie de lucha tres provincias que representaban más del 70 por ciento del territorio nacional, se imponía como tarea histórica la creación del Estado nacional en la manigua».
Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1895, unos 20 representantes de las tropas en armas en Oriente, Camagüey y Las Villas se reunían en Jimaguayú, histórica localidad de la región camagüeyana, donde en 1873 cayera en combate el mayor general Ignacio Agramonte, para discutir y aprobar la Carta Magna de la República en Armas, la llamada Constitución de Jimaguayú. Máximo Gómez escogió el lugar de la reunión y, durante el encuentro, lo protegió con sus tropas. Los asambleístas discurrirían en un bohío de tablas de palma y techo de guano. Hombres que pertenecían en su mayoría a las capas medias de la sociedad, imbuidos todos por el afán de la independencia y la prioridad de la guerra, sin embargo, no había unanimidad de criterios en cuanto a la estructura a implantar y a las relaciones entre los militares y el mando civil, que tantos problemas ocasionó en la Guerra Grande.
Cisneros Betancourt era partidario de aplicar la organización originada por la Constitución de Guáimaro, que daba todo el poder a la Cámara y que había demostrado su inoperatividad. Los maceístas, capitaneados por Rafael Portuondo, sostenían el criterio del Titán de que el Presidente de la República debía ser el jefe del Ejército, y su Lugarteniente, el vice, con lo que, —expresa el historiador Loyola— subordinaban la estructura civil a la militar, a lo que se oponía de manera terminante Máximo Gómez; «centralización que podía, bajo ciertas circunstancias, convertirse en dictadura». Los más jóvenes, aquellos que no combatieron en la Guerra de los Diez Años y que no sufrieron las discordias entre civiles y militares ni el poder desmesurado que a la Cámara confirió la Constitución de Guáimaro, deseaban una Constitución que dotara a la República de una estructura sencilla, en la que el Ejército y la dirección civil no se interfirieran y las decisiones se tomaran por el ramo pertinente.
«Estas diferencias eran no ya tan solo reflejo de los problemas históricos del independentismo cubano, sino también de la multiplicidad generacional de los delegados y de su procedencia regional», dice Loyola, y apunta que la decisión de resolver tan espinosa cuestión con las mejores garantías para la viabilidad de la Revolución permitió encontrar una fórmula de transición: se establecería un Consejo de Gobierno compuesto por un presidente (Cisneros Betancourt) un vice (Bartolomé Masó) y cuatro secretarios que atenderían las carteras de Guerra, Relaciones Exteriores, Orden Interior y Hacienda. Tendría ese consejo potestades ejecutivas y legislativas, «obviando la existencia de una desmesurada Cámara de Representantes a la usanza de Guáimaro».
Se lee en su preámbulo, escrito por Enrique Loynaz del Castillo: «La Revolución por la independencia y creación de Cuba en república democrática, en su nuevo período de guerra iniciado el 24 de febrero último, solemnemente declara la separación de Cuba de la monarquía española y su institución como Estado libre e independiente, con gobierno propio por autoridad suprema con el nombre de República de Cuba y confirma su existencia entre las divisiones políticas de la Tierra. Y en su nombre y por delegación que al efecto le han conferido los cubanos en armas, declarando previamente ante la patria la pureza de sus pensamientos, libres de violencia, de ira o de prevención, y solo inspirados en el propósito de interpretar en bien de Cuba los votos populares para la institución del régimen y gobierno provisionales de la República, los representantes electos de la Revolución, en Asamblea Constituyente, han pactado entre Cuba y el mundo con la fe de su honor empeñado en el cumplimiento, los siguientes artículos de la Constitución...».
Conformada por 24 artículos, la de Jimaguayú era la tercera Constitución que se proclamaba en los campos de Cuba libre. Las que le precedieron, se promulgaron durante la Guerra de los Diez Años. La primera en Guáimaro (1869) y la segunda, en Baraguá (1878). Se firmó el 16 de septiembre de 1895. Los asambleístas concedieron a esta constitución una vigencia de dos años. Vencido dicho plazo, se reuniría la Asamblea de Representantes para conocer la gestión del Consejo de Gobierno, convocaría a elecciones y revisaría, si fuese necesario, el propio texto constitucional.
La Constitución de Jimaguayú no recoge normas relativas a los derechos civiles. Solo establece el deber cívico de servir a la causa de la independencia. Destaca en qué condiciones se firmaría un tratado de paz con España y cuál sería el procedimiento para su aprobación. Reconoce la independencia de los tribunales de justicia y establece normas impositivas sobre fincas y propiedades extranjeras en dependencia del reconocimiento de la beligerancia de Cuba. Se quiso en Jimaguayú cerrar las contradicciones entre civiles y militares que dejó abierta la Constitución de Guáimaro. El texto constitucional otorgaba al General en Jefe plenas facultades para dirigir las operaciones militares y decidir el plan de campaña además de la organización del Ejército. Es por eso, afirman algunos estudiosos, que se hacía innecesario un secretario de Guerra en el Consejo, toda vez que la Revolución contaba ya con un aparato militar y un General en Jefe.
Por otra parte, la Constitución despojaba al jefe del Ejército de la importante atribución de otorgar los grados militares de Coronel a Mayor General, lo que haría que los aspirantes a esos grados estuviesen atentos a la política de los funcionarios civiles. Por último, otro de los artículos facultaba al aparato civil a intervenir en las operaciones militares para la «realización de altos fines políticos». Apunta Loyola al respecto: «Muy matizado en su formulación, este artículo, sin embargo, abría la puerta a muchas interpretaciones sobre lo que pudiera ser un «alto fin político», realidad nunca precisada». Aunque de alguna manera se evitaba la subordinación del General en Jefe al Consejo de Gobierno y a su Presidente, se dieron pasos en Jimaguayú para subordinar el Ejército a los poderes civiles. Este texto constitucional no expresó la concepción de José Martí encerrada en una célebre frase: «El Ejército, libre, y el país, como país y con toda su dignidad representado». Una vez proclamada la Constitución, los delegados se trasladaron al campamento de Máximo Gómez para notificarle —mejor, ratificarle— su condición de General en Jefe.
El citado historiador Oscar Loyola dice que la Constitución de Jimaguayú, de cuya proclamación se cumplen hoy 123 años, fue una fórmula para la organización interna de la Revolución de 1895, pero dicha organización no se plasmó de manera idónea.
«En líneas generales Jimaguayú se quedó por debajo de las necesidades del momento dentro del proceso nacional-liberador».
Pese a todo, la unificación lograda con ese texto fue un paso de avance. Aparecerían nuevas leyes, nuevas realidades, nuevos problemas y los mambises tratarían de encontrarles respuestas y soluciones. Una vez creado el Estado nacional se imponía con fuerza propia la extensión de la guerra hacia Occidente. A esa tarea se dedicaría con ahínco el General en Jefe con la anuencia del Consejo de Gobierno.
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