Acuse de recibo
Ha sido mucho con demasiado lo del recálculo de la pensión por jubilación de Miguel Santiago Suárez Núñez, residente en Trochita No. 6, en Cabacú, municipio guantanamero de Baracoa.
El 27 de febrero de 2023 Miguel contaba aquí que se jubiló en la Unidad de Flora y Fauna de Baracoa, y posteriormente comenzó a laborar contratado por varios años más, hasta marzo de 2022. El 11 de abril de ese año presentó la documentación en la sede del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass) en Baracoa, para acogerse a los beneficios que otorga la ley a jubilados que se han recontratado, a quienes se le realizan recálculos de su pensión con el incremento monetario correspondiente.
A los tres meses de presentar los documentos se preocupó por los resultados del proceso. Y la respuesta siempre fue que no llegaba la aprobación desde La Habana. El 8 de enero de 2023 escribió por correo electrónico a Atención a la Población del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando el por qué demoraba tanto lo del recálculo.
En respuesta, iniciaron un proceso con su caso a través de un organigrama en el sitio web de ese organismo, que siempre respondía: Enviar respuesta. Tampoco recibía respuesta del Inass. «¿Por qué se maltrata de esta forma a un trabajador que después de su vida laboral activa siguió aportando a la sociedad sus experiencias y conocimientos?», preguntaba.
Ahora escribe de nuevo Miguel, para contar que a fines de junio de 2023 recibió carta postal fechada el 21 de marzo de ese año de parte de Benito Rey González, director de pensiones del Inass. En ella, le explicaba las causas de las demoras en su caso y definía le nueva cuantía a cobrar a partir de abril.
El incremento, añade, se hizo efectivo en su tarjeta. Pero en realidad la cuantía a cobrar no se correspondía con lo que le habían informado. Eran 26,40 pesos menos.
Precisa que el 13 de julio de 2023 escribió a Benito. Y lo hizo por vía postal certificada, pues ni en el Inass municipal ni en el provincial pudo conseguir el correo de la institución central. Le alegaron que no existía.
Sigue sin respuesta y afirma: «Tal parece que el correo postal se demora en llegar a Baracoa más tiempo que cuando se hacía en lomos de mulo. Utilizo su sección, que conozco es rápida y eficiente, para hacer llegar mi preocupación al Inass».
Yolanda Caridad García Rodríguez (calle 40 s/n, finca La Esperanza, 6 de agosto, Calimete, Matanzas) tiene 80 años y escribe con mucha tristeza porque necesita protección, pues aunque su hijo la ayuda, recibe apenas una pensión de 1 070 pesos por viudez.
Su problema se complica porque su madre falleció hace un año a los 97 años de edad. Y tres de sus hermanos, con retraso mental y edad avanzada, pasaron a su cargo y responsabilidad.
La mamá también recibía 1070 pesos, y al fallecer, los tres hijos quedaron desamparados. No tienen ni carné de identidad ni condiciones para viajar al municipio e inscribirlos, como se debe, en el registro civil, porque estaban registrados con su mamá por su condición.
Refiere que tampoco los trabajadores sociales han buscado solución como cuando su mamá estaba viva, que le resolvieron camas, colchones y otras ayudas, además de construirle con no pocos contratiempos y problemas de todo tipo una vivienda.
Yolanda se ha presentado en varias ocasiones en Asistencia Social del municipio y con los trabajadores sociales del consejo popular 6 de Agosto. Y nunca le han dado respuesta positiva, ni la ayuda económica mínima para suplir las necesidades básicas de sus hermanos enfermos. «Parece que al fallecer mi madre, ellos dejaron de existir para las instituciones sociales», concluye.
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