Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 17 de septiembre revelé aquí la inquietud de Adel Domínguez, desde Gibara, Holguín, acerca de la morosidad en la escolarización de su nieta de diez años, Samantha Mercedes Pereira Domínguez.

Contaba Adel que su hija Celia, la madre de la niña, es esposa de un ciudadano francés. Y cuando Samantha tenía tres años, la pareja decidió residir en Francia y, por supuesto, llevaron consigo a la pequeña. Pero en junio de 2015, Celia y su compañero determinaron retornar a Cuba para residir aquí, con toda la documentación actualizada y la tarjeta de menor de la muchachita.

Refería Adel que, una vez hecha la convocatoria del curso escolar 2015-2016, los padres se presentaron en la escuela primaria más cercana, y allí les manifestaron que primero debían presentarse en la Dirección Municipal de Educación.

Allí fueron, y los remitieron a la Dirección Provincial de Educación, donde les dijeron que esperaran una respuesta. El 16 de septiembre, a dos semanas de iniciado el curso, la niña no había podido comenzar sus clases, algo que el abuelo calificaba de «increíble e imperdonable».

Al respecto, responde Margarita Mc Pherson Sayú, viceministra de Educación, que el proceso de homologación de estudios terminados, en cuanto al que traía la niña de Francia y al que debía incorporarse en Cuba, está regulado por las resoluciones ministeriales 411/1982 y 156/1999.

Y dicho proceso se realiza en el Ministerio de Educación (Mined) a los escolares que regresan del exterior para radicarse definitivamente en nuestro país. Mediante este, se certifica el grado al que pueden incorporarse, a través de una carta que autoriza su acceso al sistema educativo cubano.

Aclara la Viceministra que para ese proceso es imprescindible que los familiares presenten en el Ministerio de Educación los documentos de estudios cursados legalizados y autenticados, para proceder con los trámites, «lo que no siempre se hace como está legislado y dificulta el cumplimiento de esa tarea».

Refiere que, generalmente, la familia informa el grado cursado sin las pruebas documentales, y se tiene que acudir a la excepción que establece la Resolución, que constituye un examen en el caso de Primaria y Secundaria Básica.

En lo que va de curso, ilustra Margarita, el Mined ha atendido más de 400 casos de homologaciones, aspecto que desde el curso escolar 2013-2014 se viene incrementando, y que requiere de mayor precisión y exigencia en el cumplimiento de lo establecido.

En el caso de Samantha Mercedes, puntualiza, se recibió la solicitud del director provincial de Educación sobre la necesidad de hacerle la homologación a través de un examen en esa provincia, por la no presentación de documentos legalizados y la imposibilidad de su familia de viajar a La Habana, por problemas económicos.

Y a partir de los elementos descritos por el director provincial se aprobó de manera excepcional que se realizaran los trámites desde la Dirección Provincial de Educación de Holguín, para realizar el examen y evaluar el grado de la estudiante.

Una vez conocidos los argumentos, refiere, se le solicitó a la Dirección Provincial de Educación que enviara los documentos que poseía y se estableciera comunicación con la Dirección Nacional de Primaria para atender ese caso y dar respuesta antes de que se iniciara el curso escolar, «por lo que se considera con razón en parte lo expresado…».

Apunta que a partir de lo publicado en esta sección, se estableció comunicación con la Dirección Provincial de Educación de Holguín, y se precisaron los instrumentos para aplicar a la estudiante, la fecha de realización de los exámenes y el envío al Ministerio de Educación con vistas a su calificación.

Terminados satisfactoriamente esos pasos, agrega, la niña se matriculó en el 5to. grado de la escuela Raúl Llana Lusans, del consejo popular Retrete, en el municipio de Banes, pues la familia reside actualmente en ese lugar. E inició el curso el 21 de septiembre.

«El Ministerio de Educación reconoce el problema suscitado, por lo que se realizaron los análisis y se adoptaron las medidas que aseguran el cumplimiento estricto de lo regulado, y la no ocurrencia de hechos como estos», concluye.