Acuse de recibo
«Chapear bajito», sentencié el pasado 12 de julio al meditar sobre la necesidad de cortar de raíz ciertos estilos de dirección autoritarios, que nada tienen que ver con una república de trabajadores.
Fue a raíz de uno de los casos más sonados en esta columna: el de Pedro Vega, chapeador de áreas verdes por más de 25 años y buen trabajador de Servicios Comunales en el municipio camagüeyano de Guáimaro.
El 20 de enero, cuando Pedro estaba ausente por enfermedad, Sucel Martínez, jefa de Recursos Humanos de Comunales, llegó a medir las áreas para ajustar el trabajo de cada quien. Y lo hizo sin previo aviso y sin reunir a los propios trabajadores para escuchar sus criterios y sugerencias. Hizo lo que ya traía en mente. Varios obreros le solicitaron que delimitara el área de Pedro, para cuando se incorporara. Y la salida de Sucel fue que, por su jefatura, quitaba y ponía.
Señalaba Pedro que, al incorporarse, la Jefa de Zona le negó el derecho a firmar la tarjeta de entrada y salida durante marzo, el cual no le había sido pagado. Y aunque no precisaba, deduje que se quedó sin trabajar durante ese mes.
Pedro se dirigió al director de Comunales en el municipio, Ernesto Fernández; a Iván Álvarez, secretario general de la CTC en Guáimaro; Daimy Prendes, secretaria general del Sindicato de la Administración Pública a nivel municipal; al director municipal de Trabajo, entre otros. Y todos le orientaron que reclamara al órgano de justicia laboral de base (OJLB). Así lo hizo el 31 de marzo pasado. Y cuando me escribió, aún no tenía respuesta alguna.
Al respecto, responde Norberto Antonio Fernández, director en funciones de Servicios Comunales en Guáimaro, quien explica: «atendiendo a la demora presentada por este municipio, y la adopción de medidas no acordes con la gravedad de los hechos ocurridos, y tras recibir dos visitas del secretariado provincial de nuestro Sindicato, una del Secretariado Nacional de la CTC y otra del Director Provincial de Comunales en Camagüey, es que se decidió por nuestro sectorial provincial, de conjunto con la dirección del Gobierno en el territorio, desarrollar un consejo de dirección extraordinario con Comunales en Guáimaro, para rectificar las medidas disciplinarias adoptadas y aplicar otras a más responsables existentes…».
Informa que en la reunión, organizada por el Consejo de la Administración Municipal (CAM), él mismo, quien fungía como Subdirector de Abastecimientos a nivel provincial, fue designado como director en funciones de Comunales en Guáimaro, hasta que sea aprobado por el Gobierno el funcionario para ello.
Refiere que en la reunión se reconoció que al trabajador Pedro le asiste la razón «en parte» (no explica por qué no del todo), y reconoce que el Consejo de Dirección de Comunales «ha sido moroso y poco valiente en el actuar para la solución y respuesta…».
Aclara que el Director de Comunales a raíz del suceso, Ernesto Fernández, fue separado del puesto mediante medida cautelar por término de 30 días, hasta que el CAM determine la medida disciplinaria a aplicar. Se solicitó a la Comisión de Cuadros del Poder Popular municipal la democión del cargo por el término de un año del subdirector de Comunales, Armando Téllez, «dada la inobservancia y lentitud demostrada ante la solución de este caso, y otros errores cometidos…».
También se aprobó la separación definitiva de Comunales de la jefa de Recursos Humanos, Sucel Martínez, «por los graves errores cometidos y el abuso en el ejercicio del cargo», y la democión del cargo por término de un año de la jefa de la zona.
También fueron amonestados públicamente en el Consejo de Dirección de Comunales otros cuatro funcionarios, que «no actuaron en consecuencia con la gravedad de los hechos demostrados y la agilidad que requería el caso».
Agradezco la respuesta. Y aunque se fue profuso en separaciones, demociones y otras medidas, lo esencial es que en Servicios Comunales de Guáimaro prevalezcan estilos de dirección que transiten por el preventivo control y la justicia. No por la arbitrariedad.
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