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En la historia de Cuba, ciertos principios que pudiéramos llamar filosóficos, de derecho, se orientaron siempre hacia la defensa de los pobres, de los desamparados. Así fue en la Asamblea de Guáimaro. Autor: Archivo de JR Publicado: 21/09/2017 | 05:11 pm
Hay una cuestión esencialmente de cultura que en Cuba se particulariza por su historia: la cultura cubana tiene un fundamento popular y de derecho. Incluso, me he percatado de algo más: la tradición cultural jurídica cubana, y aun ciertos principios que pudiéramos llamar filosóficos, de derecho, en la historia de Cuba se orientaron siempre hacia la defensa de los pobres, de los desamparados. Ha sido así orgánicamente desde los tiempos de Varela, de Céspedes y de Agramonte, de José Martí y de Fidel Castro.
En la Guerra del 68, cuando se constituyó nuestra primera República con su Gobierno en armas, desde los decretos de abolición de la esclavitud, toda la mejor historia del derecho y la filosofía del derecho se hallan inclinadas hacia la defensa de los intereses populares.
En Cuba ha existido una sensibilidad jurídica muy grande… He estudiado aquellas discusiones de la Asamblea de Guáimaro, aquellas discusiones entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte. Discrepancias memorables. Ambos próceres eran abogados, letrados, personas de profesión jurídica, y tenían opiniones diversas.
Céspedes pensaba que, desde el punto de vista práctico, la República no debía constituirse con un Gobierno institucional en medio de la guerra. Agramonte oponía sus puntos de vista, pero ambos se apoyaban sobre bases jurídicas. Y uno de los más grandes valores de Céspedes fue el de acatar las decisiones de aquel Parlamento mambí. Solamente personas de esa grandeza y sensibilidad jurídica son capaces de respetar principios tales. Si ambos no hubieran poseído una formación política y una sensibilidad jurídica qué más les hubiera dado desestimar la decisión de un Parlamento en armas que lo componían poco más de diez hombres. Y esas son las conductas que crean las bases del respeto en una nación.
Se demostró que ese tipo de República no era viable —Martí hizo un examen de todo esto—. Pero era la República a la que ellos aspiraban y Céspedes tenía conciencia de que si actuaba de otro modo dividiría a los cubanos. Su conducta puede verse hasta como una cuestión de praxis. Una conducta ética lleva al respeto de una decisión jurídica, aun cuando no sea funcional, hasta que se demuestre su inoperancia.
Hacer lo contrario podría traer reacciones funestas en el orden del respeto social y las normas sociales. Y lo ejemplificó con su conducta. Páginas sagradas de la historia son las discrepancias de Maceo, Gómez y Martí en La Mejorana. Estas discusiones, que ya venían entre ellos desde los 80, no son más que temas jurídicos: cómo organizar el ejército y cuáles han de ser sus funciones, las funciones del Gobierno, el límite entre ambos. Martí había descubierto una fórmula: el Partido Revolucionario Cubano. Y en los temas esenciales todos estaban de acuerdo: abolición de la esclavitud, independencia de Cuba, desaparición de los conflictos raciales y postura ante el imperialismo. Las discrepancias aparecían en la forma o en el modo de abordar un propósito comúnmente aceptado. Y es que eran personas de distinta formación. Martí venía de una formación intelectual y aquellos dos hombres de una de lucha, de combate. A la hora de instrumentar algo tenían que aparecer diferencias.
Lo distinto en las propuestas de Martí ocurría por su temor al caudillismo, que América arrastraba como una nefasta y terrible tradición. El mismo temor se albergaba en Maceo hacia el leguleyismo, de ingrata y funesta tradición también.
Pero como Martí no era un leguleyo, ni Maceo un caudillo a lo latinoamericano, se llegaron a entender al fin. Y ese es el fondo de las honorables discusiones de La Mejorana.
Derecho para la liberación
En todo ha existido una esencia que devela que el derecho se ha ejercido para la liberación de los explotados, y para la independencia de Cuba. Lamentablemente ocurre en el 98 la intervención norteamericana y cuando se proclama la República nos colocan como ley la Enmienda Platt, que fue un hecho antijurídico. La impusieron por la fuerza a la Asamblea y muchas gentes votaron en contra. Hubo quienes no votaron en contra argumentando una serie de razones, pero la mayoría sabía o sentía que moralmente estaban votando por algo que estaba mal. Y se sabe que hubo presión, hubo fuerza para esa votación. Ante la resistencia de los constituyentes, se hizo aprobar por el Congreso de los Estados Unidos el texto de la Enmienda, planteando que si no se incluía textualmente en nuestra Constitución no se pondría fin a la intervención norteamericana. Por eso es inaceptable reconocerle valor jurídico a la Enmienda Platt.
Si se revisa la historia neocolonial se aprecia que los dos gobiernos que originaron movimientos revolucionarios en magnitud social —1933 y 1959— fueron el de Gerardo Machado, con la prórroga de poderes, y el de Fulgencio Batista con el golpe de Estado de 1952, que devinieron dictaduras violentas. Los demás gobiernos, a pesar de su corrupción, sus ilegalidades internas, su mediocridad en todos los aspectos, enfrentaron oposiciones, disturbios, pero no revoluciones sociales, porque cuidaban vestirse con ropaje legal.
Sin embargo, Batista violó la ley, violó la Constitución del 40 y nosotros nacimos defendiendo esa Constitución que era una de nuestras sagradas memorias. La violentación de la Constitución del 40 motivó un movimiento de rebeldía popular.
Se fue a la lucha armada para que se respetara la ley. Batista violentó la Constitución porque esta tenía un carácter progresista para la época y estaba orientada hacia los intereses del pueblo. Se ha dicho mucho que en los años 50 pudo ocurrir una revolución burguesa, y yo digo que el solo cumplimiento de la Constitución del 40 habría traído un choque con los Estados Unidos, porque formalmente abolía el latifundio. La abolición del latifundio azucarero y de todo el latifundio en Cuba representaba un choque brutal con los Estados Unidos: un choque inevitable.
Con el triunfo de la Revolución y un programa que rebasaba esas leyes, se necesitaba un cambio. Y proclamamos, apoyados por el pueblo, una nueva ley constitucional, pero respetando las esencias de la Constitución del 40. En verdad, ella era la historia de algo ya superado.
En 1976, por abrumadora mayoría, el pueblo cubano dijo sí a la nueva Constitución Socialista, ajustando jurídicamente las transformaciones ocurridas en nuestra sociedad.
La clave de la cuestión se encuentra hoy en que la civilización, de una u otra forma, nació y creció sobre los principios de juridicidad. Cuando cada etapa va llegando a su fin tienen lugar desajustes que ponen en peligro a toda la región del mundo en el que ha tenido influencia.
En épocas anteriores, sin embargo, las regiones circundantes ocupaban un espacio geográfico determinado. Actualmente tiene sus efectos sobre toda la humanidad. Hay que movilizar a la población no solo de una región circundante, sino a todo el planeta Tierra e incluir al espacio exterior, que los descubrimientos científicos han convertido cada vez en más cercanos. Por esto, se ha planteado la necesidad de sustituir el Divide y vencerás por el Unir para vencer.
Hagamos desde Cuba, un llamado a todos los hombres sin excepción para que se unan en el propósito de proteger al género humano de su posible extinción y por ello es indispensable el apoyo a la juridicidad. Para esto tenemos la consigna martiana de ser radicales y armoniosos. Ahí se encuentra el camino en este momento.
