Acuse de recibo
José Ignacio Neyra Cabarroca (calle 170, no. 124, entre 1ra. y 5ta. Avenida, reparto Flores, Playa, La Habana) cuenta que el 3 de diciembre de 2019 un técnico de fumigación de la campaña para el control del mosquito Aedes Aegypti, perteneciente al policlínico Comandante Manuel Piti Fajardo, del reparto Jaimanitas, al manipular inadecuadamente la motomochila, provocó un incendio de grandes proporciones en su vivienda.
El suceso, añade, ocasionó graves daños a la vivienda, con peligro de derrumbe, pérdida de las prendas de vestir, efectos electrodomésticos, muebles y pertenencias personales documentales de gran importancia en la vida de toda su familia. Pérdidas enormes.
Entonces se inició un proceso investigativo por la PNR y un perito de Averci, y se concluyó que el aparato de fumigación no tenía el protector que resguarda el calor del equipo. Se determinó que, aunque el técnico era responsable, porque debía estar atento y maniobrar con el equipo para evitar el desastre, también la Dirección Municipal de Salud de Playa era la responsable principal, por tener esos equipos en tal situación, como consecuencia de la falta de piezas y accesorios de repuesto que permitieran la reparación de estos.
El arquitecto de la comunidad certificó que los cuartos de la vivienda están en peligro de derrumbe, y en la actualidad se suceden derrumbes parciales, incrementando aún más las probabilidades de un accidente fatal.
Lo más preocupante es que ya han transcurrido más de cuatro años, refiere, y los afectados no han recibido ninguna asistencia o apoyo material por parte del Gobierno Municipal. José Ignacio se ha presentado allí en varias ocasiones, e incluso se han entregado cartas, y no ha habido respuesta.
En septiembre de 2023 se entregó la última carta al nuevo intendente, Alexis González, y la respuesta de una funcionaria allí el pasado 15 de febrero, manifestando que el expediente del caso se encontraba en la Dirección Municipal de Salud.
«Es evidente, afirma, que el Gobierno Municipal de Playa no desea darle una solución honrosa a mi situación, ya que Salud Pública no posee las herramientas necesarias para gestionar un subsidio para la reparación de la vivienda, ya explicado por una funcionaria de Asistencia Social».
Señala que, en todo este tiempo, el Gobierno de Playa, por medio de varios funcionarios, le ha esperanzado en entregarle un documento que le permita la compra de materiales de la construcción. Y al final nunca se ha materializado, faltando una explicación esclarecedora de la solución del caso. Y el Gobierno y la Dirección Municipal de Salud no se ponen de acuerdo en sus responsabilidades,
«Lo preocupante de todo, manifiesta, es que convivo con mi esposa, María Luisa Monet Miranda, y somos ancianos de 76 y 71 años, jubilado y ama de casa, respectivamente. Nos encontramos en grave peligro para la vida, al ser inevitable el derrumbe de la vivienda», concluye.
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