Acuse de recibo
Luis García Peraza (calle G no. 257, El Vedado, La Habana) cuenta en su carta que la Empresa de Gas Manufacturado está renovando la red de conductoras de ese combustible en las calles 15, H e I, muy cercanas a su domicilio; labor que los clientes de dicha entidad valoran mucho.
En el caso de H e I, son calles que conservan los viejos adoquines de tiempos atrás. Al hacer las zanjas para esa obra se retiran los adoquines en un área de un metro aproximado de ancho y cientos de largo, y luego de colocar las nuevas tuberías, tapan y sellan las zanjas con concreto.
El asunto que le preocupa son los adoquines levantados, que no vuelven a colocarse en donde fueron retirados, como sí se ha hecho en similares trabajos en La Habana Vieja, de acuerdo con la política de conservación de la Oficina del Historiador de la Ciudad.
«En el municipio de Plaza de la Revolución —afirma—, los adoquines levantados los montan en camiones de la Empresa del Gas y se los llevan. ¿Hacia dónde?, ¿Para darles qué uso? ¿Por quiénes? ¿Está la Empresa del Gas Manufacturado autorizada por el gobierno municipal de Plaza para hacerlo? ¿Controla el gobierno de Plaza el lugar donde depositan esos adoquines centenarios, que se colocaron cuando se urbanizó El Vedado a principios de 1900?».
Manifiesta Luis que ese proceder no es exclusivo de la Empresa de Gas Manufacturado, pues también lo practica la empresa Aguas de La Habana al intervenir por obras en las calles del Vedado. Muestra de ello, explica, son las decenas de parches de cemento y gravilla que se observan en calles de adoquines del Vedado.
«También en otras calles y avenidas que están asfaltadas, como la Avenida de los Presidentes, se observan las chapucerías que se dejan al cerrar con concreto las zanjas que se abrieron para realizar obras».
Refiere Luis que las calles y avenidas, igual que los monumentos, estatuas, plazoletas, parques y jardines del paisaje de ambientación creado por la mano del hombre, son patrimonio de la ciudad; y deben estar protegidos por los gobiernos municipales y provincial. No se pueden enajenar, ni sustraer sus componentes constitutivos por ninguna de las empresas que acometen obras públicas.
«Se supone que las obras realizadas en lugares públicos del municipio deben recibir el visto bueno, por escrito, de la autoridad competente del Gobierno; o ser rechazadas por deficiencias o mal trabajo. Igualmente, esa autoridad debe controlar que no se haya alterado el paisaje urbano o se haya retirado alguno de sus elementos o partes, como en este caso los adoquines, en las calles mencionadas.
«Si los operarios de las empresas del Gas y Aguas de La Habana (u otras) no dominan la técnica —al parecer sencilla— de colocar adoquines en una calle —o recolocarlos en los lugares de donde fueron extraídos— debían haber organizado su entrenamiento por las empresas que operan en La Habana Vieja, o haberlo solicitado a la Oficina del Historiador.
«Pero mientras eso se organiza y se ejecuta, ahora de lo que se trata es de conocer el destino de los miles de adoquines que no se restituyeron a los lugares de donde fueron retirados al cerrar las zanjas abiertas en las citadas calles u otras de Plaza; y precisar dónde se almacenaron, qué control existe sobre ellos y, lo más importante, colocarlos de nuevo en las calles donde estaban, eliminando todos esos parches de cemento en las viejas calles de adoquines, y reparando todas esas zanjas transversales mal tapadas, que son el terror de los automovilistas por las averías que ocasionan a los vehículos en sus sistemas de dirección, suspensión y rodamiento, ocasionando gastos —evitables— a presupuestos privados y estatales.
«Espero con esta queja haber contribuido a “pensar como país” y que esta frase no sea reducida a simple consigna, si no que sirva para aplicar la ley y proteger las áreas públicas en el caso que he expuesto», concluye Luis.
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