Acuse de recibo
Muy disgustados para cerrar el 2020 escriben los campesinos Martha Lores Ortiz y Conrado Cobas Matos, quienes denuncian que la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) José Martí, del municipio guantanamero de Imías, a la cual están asociados, les debe a ellos y a otros productores más de 170 000 pesos. Y todo sigue igual.
Precisan que en la asamblea de afiliados de la CCS se tomaron dos acuerdos relacionados con una auditoría fiscal y un proceso judicial a la junta directiva saliente, que tiene una deuda de más de 400 000 pesos. Eso fue hace más de dos meses y nada se ha cumplido. Y la tasa de interés a los créditos bancarios otorgados a los productores sigue aumentando.
Refieren que ellos sí cumplieron con lo pactado en el contrato con la CCS, y esta lo infringe impunemente. Y lo más preocupante, señalan, es que ante sus notificaciones con la Delegación de la Agricultura, la ANAP, el Gobierno y el Partido Municipal, entre otros, responden que «ellos no pueden meterse en eso».
Cuentan que, ya obstinados por el incumplimiento, decidieron contratar a un abogado, y les fue imposible, pues, si bien de acuerdo con el contrato que firmaron con la CCS, supuestamente podrían demandar a la entidad, el Decreto Ley 635, acuerdo 3, refiere que el campesino no puede demandar a la propia fuerza productiva de la cual es asociado.
«¿Qué debemos hacer, a quién recurrir cuando no nos sentimos respaldados por nadie?», señalan. Y este redactor, ante este y otros casos similares revelados en esta sección, acerca de incumplimientos internos de pagos de cooperativas a sus asociados, pregunta hasta dónde la necesaria autonomía de esa forma productiva no estatal puede ser manejada a sus anchas e impunemente por las juntas directivas, en detrimento del campesino.
Anexy Bueno Tamayo (Calle A, No. 19-A, entre 1ra. y 2da., reparto Santa Rosa, Camagüey) cuenta en su misiva que es una madre soltera de 43 años, con tres hijas que estudian y padecen de asma.
Ella vive en una casa en pésimas condiciones: no tiene piso y presenta graves filtraciones. Se halla en peligro inminente de derrumbe. Pero su situación económica no le permite darle una solución a ese grave problema. Y en 2016 solicitó un subsidio para repararla.
Refiere que en la Dirección Municipal de la Vivienda transfirieron su caso como urgente al Gobierno municipal. Sin embargo, no recibe respuesta alguna, ni solución definitiva.
«Mi preocupación ha aumentado, manifiesta, debido a que las constantes lluvias de los últimos tiempos han empeorado la cubierta de mi vivienda, por lo que escribo y alerto con carácter urgente», concluye.
La doctora Katerine Ramírez González (Calle Mártires, No.66, entre Arias y Agramonte, Holguín) cuenta que el 27 de noviembre pasado culminó su especialidad de Endocrinología con excelentes resultados, pero un trámite burocrático le impedirá de primer momento enfrentar el ordenamiento monetario y los consiguientes aumentos de precios sin un respaldo económico.
Señala que el 21 de diciembre pasado fue al Departamento de Recursos Humanos del hospital pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja, de esa ciudad, para indagar sobre el pago de este mes, pues al concluir los intensos exámenes para obtener la categoría de especialista le informaron de un mes de vacaciones pagado.
«Para mi sorpresa, me comunican en Recursos Humanos que yo no era trabajadora de este hospital. Hoy estoy sin derecho a salario hasta febrero, que me pagarían luego de hacerme un nuevo contrato los días que trabaje del mes de enero.
«¿Cómo yo enfrento el incremento de los precios? Tengo una hija de cuatro años que mantener. Somos dos médicos con el mismo problema», concluye.
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