Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

La trabajadora por cuenta propia Isabel Torres Cruz (Libertad 119, entre Simón Reyes y Maceo, Ciego de Ávila) cuestiona la poca validez y garantía que tiene un contrato por la Empresa Municipal de Comercio de esa ciudad.

Isabel tiene licencia para vender artículos de cumpleaños, y en 2015 solicitó a esa entidad un espacio a arrendar, en una de las tiendas adscritas a la Empresa. Fue aprobado su propósito, mas tuvo que esperar un año para que la jurídica redactara el contrato correspondiente.

Al fin, el contrato de Isabel vio la luz junto a los de ocho trabajadores por cuenta propia más, el 14 de marzo de 2016. Y ella pudo emprender su negocio, al tiempo que «siempre reinaban buenas relaciones entre la tienda y los cuentapropistas».

Era tal el entusiasmo de ambas partes, señala, que no escatimaron gastos y acometieron acciones de reparación de equipos, iluminación y pintura, sufragados por los propios titulares de las licencias. Hasta una reja se hizo para la protección de la unidad.

«¿Quién iba a imaginar que a los 11 meses nos dirían que debíamos abandonar el local?», manifiesta Isabel, y vindica los derechos de esos trabajadores, pues el mismo contrato plantea que no se puede dar por terminado ni por  decisiones unilaterales u órdenes; solo por hechos fortuitos de fuerza mayor, o por decisión de ambas partes.

El contrato, añade, también prescribe que de darse por terminado, se debe devolver lo invertido en el mantenimiento del local: Además, debe notificarse por escrito su cese; y aún a los diez meses de desalojada, ella no había recibido la notificación correspondiente.

Reconoce Isabel que no presentó la demanda en su momento, pues no sabía que el contrato le daba protección legal para iniciarla en caso de incumplirse.

Pregunta: «¿Para qué hicieron los contratos si tenían en plan cambiar la modalidad de la tienda? ¿Para qué permitieron que gastáramos dinero en la tienda si nos iban a sacar?». Y afirma: «En mi vida nunca imaginé que una entidad estatal que contrata asesoría jurídica para realizar sus trámites legales, bien asesorada, pueda cometer errores como este. Considero injusta esa decisión, pues no se tuvo en cuenta en mi caso el daño que causó».

Tanto en la muerte como en la vida

Eneido Negrón Vázquez (Pedro San Martín 17 A, Corralillo, Villa Clara) solo ruega que casos tan tristes como el de su hermano Francisco Negrón Vázquez no se repitan, porque incluso muertos, merecemos el mismo respeto que en vida.

Cuenta Eneido que Francisco falleció el 4 de enero en casa de la hermana de ambos, en el mismo Corralillo. Lo primero fue que no había en esa localidad féretros. Hubo que mandarlo a buscar a Sagua la Grande, a más de 65 kilómetros, con el consiguiente retraso de varias horas.

Lo segundo fue que la confección de la caja era tan mala que al fondo tenía una separación en las tablas, por donde cabían los dedos de la mano. Estaba sin vestir en su interior, y las puntillas tenían las puntas hacia afuera. El féretro no tenía cristal. Y cuando protestaron los familiares, alguien de la funeraria mandó a buscar uno ya usado al cementerio local para fijarlo después de lavarlo.

Los familiares de Francisco solicitan una investigación de sucesos tan lamentables.

¿Y los neumáticos de bicicletas?

Emilio Lissabet Sánchez (Leyte Vidal 629, Mayarí, Holguín) pregunta qué ha sucedido con la desaparición de los neumáticos de bicicletas de 26 pulgadas en el comercio minorista, tanto en la red en divisas como en los llamados MAI del comercio en CUP. Y cuando surten, son acaparados por los revendedores.

«Si el encargado de ofertar esos recursos es el Estado, señala, y no se realiza de conformidad con la necesidad de los territorios, ¿qué será de los jóvenes que utilizan ese medio de transporte para ir a la escuela; o de personas como yo, que todavía somos útiles a la sociedad, y por cuestión de los ingresos que recibimos por jubilación, nos vemos obligados a mantenernos activos?

«En vistas de lo expresado por la Ministra de Comercio Interior en el 7mo. Período de Sesiones de la Asamblea Nacional respecto a los contratos realizados para adquirir esos bienes en el país, ello crea una esperanza. Pero la realidad es que continuamos sin observar mejorías palpables», concluye.